Ciudad de México / Nueva York.– La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios de alto nivel en Sinaloa no sólo golpea al actual gobierno estatal: también coloca bajo una nueva y severa luz al sexenio de Quirino Ordaz Coppel, señalado indirectamente en informes militares por presuntas fallas críticas que habrían permitido la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública.
Mientras la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a políticos en funciones de colaborar con el Cártel de Sinaloa —facilitando el tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas a cambio de sobornos y respaldo político—, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), filtrados por el colectivo Guacamaya, apuntan a que dicha penetración institucional no es reciente, sino estructural.
El informe conocido como Caso Zarigüeya advierte que durante la administración de Quirino Ordaz (2017-2021) el Cártel de Sinaloa habría contado con informantes dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, capaces de alertar sobre operativos y movimientos de autoridades. De confirmarse, no se trataría de hechos aislados, sino de una falla sistémica de control gubernamental en uno de los estados más estratégicos para el narcotráfico.
La continuidad de funcionarios clave entre el gobierno de Ordaz y el de Rubén Rocha Moya —particularmente en áreas de seguridad— refuerza la hipótesis de que las redes de infiltración no sólo sobrevivieron al cambio de administración, sino que operaron con márgenes de impunidad prolongados.
A esto se suma un elemento aún más contundente: la reciente admisión en una corte federal de Nueva York de Ismael “El Mayo” Zambada, quien reconoció haber financiado durante décadas a autoridades mexicanas —políticos, policías y militares— para garantizar la operación del Cártel de Sinaloa. Su declaración no señala nombres específicos en este caso, pero confirma un patrón histórico de corrupción que encaja con los hallazgos de inteligencia militar.
En este contexto, la figura de Quirino Ordaz queda inevitablemente en el centro del cuestionamiento público. Aunque no enfrenta cargos formales, el señalamiento sobre infiltración durante su administración abre una interrogante incómoda pero ineludible: ¿hubo omisión, incapacidad o tolerancia frente a la penetración del crimen organizado en las instituciones estatales?
La presión internacional también crece. La Embajada de Estados Unidos en México dejó claro que la corrupción vinculada al crimen organizado será investigada y procesada siempre que exista jurisdicción, marcando una línea dura que trasciende discursos políticos.
El caso ya no es sólo judicial: es político e institucional. Y en ese terreno, la rendición de cuentas no se limita a quienes hoy están acusados, sino también a quienes, desde el poder, pudieron haber permitido que el aparato del Estado fuera vulnerado.
Sinaloa enfrenta así no sólo una crisis de seguridad, sino una crisis de credibilidad. Y en el fondo del escándalo, el nombre de Quirino Ordaz comienza a aparecer no como protagonista judicial, pero sí como pieza clave en la explicación de cómo se llegó hasta aquí.
