● La pandemia por el Covid-19 detonó una profunda crisis social y económica que requiere medidas urgentes como el ingreso vital de emergencia: Mauricio Merino.
● Legisladores de seis países de la región latinoamericana expusieron cómo lo han aprobado; subrayaron la urgencia de implementarlo para aliviar las consecuencias de la pandemia para quienes menos tienen.
La pandemia por Covid-19 ha generado una profunda crisis social y económica que ha afectado más a los que menos tienen. Por ello, organizaciones de la sociedad civil y cientos de legisladores de todas las fuerzas políticas impulsan la adopción en México de un ingreso vital, es decir una transferencia monetaria temporal y no condicionada por un monto equivalente a la adquisición de una canasta básica, para satisfacer las necesidades básicas de quienes han sido económicamente devastados por la crisis.
En el marco del Foro: “Por un ingreso vital: perspectivas internacionales”, organizado por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y el movimiento Nosotrxs, legisladores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, así como el Coordinador General de la Internacional Progresista (movimiento internacional de activistas y organizaciones progresistas) hablaron de la importancia y urgencia de medidas como el Ingreso Vital o Renta Básica de Emergencia para aliviar la crisis económica y social causada por la pandemia de COVID-19. Esta discusión sienta las bases para un nuevo pacto social con sistemas de protección social más amplios, centrados en el bienestar y en el ejercicio de derechos para todos.
En la inauguración, Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, reiteró la necesidad de un Ingreso Vital para que, quienes están obligados a salir de casa para generar ingresos para subsistir cotidianamente, puedan quedarse en casa y atenuar riesgos de salud y económicos. Mauricio Merino reiteró que “cada día que pasa se hace más profunda la crisis y más necesario un ingreso vital de emergencia, debe implementarse ya”.
En México, INEGI reportó a finales de junio que 12.5 millones de personas habían perdido su empleo, formales e informales, y, por tanto, su fuente de ingresos. Al mismo tiempo, la OCDE estima que la tasa de desempleo aumentará en un 1.9% en lo que resta del año. CONEVAL reportó que la población en condición de pobreza extrema por ingresos pasará de 21 a 31.7 millones de personas. Como parte de las conclusiones del foro refuerzan que, de no tomar medidas urgentes e inmediatas, sería mucho más difícil para esas 10 millones de personas salir de la pobreza.
La experiencia legislativa de los países latinoamericanos alimenta las propuestas presentadas por diferentes grupos parlamentarios y ofrece experiencias de contextos similares para financiar una medida de esta naturaleza. Los participantes repitieron, en varias ocasiones, la viabilidad financiera y operativa de esta medida que concentra la atención en quienes menos tienen y permite una recuperación económica más rápida. Las vías de salida requieren una decisión política urgente, enfocada en garantizar el derecho a la alimentación y proteger la salud de la población. Es una medida temporal y no condicionada que tiene énfasis en la protección y garantía de derechos básicos. Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone transferencias por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses. En México se han sumado cientos de organizaciones como Oxfam México, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), entre muchas más.
La iniciativa del Ingreso Vital no conoce colores, ni bandos políticos, ha logrado consensar a miles de ciudadanos, cientos de tomadores de decisión, académicos y líderes políticos que no buscan mayor interés que asegurar una medida para que millones de familias no caigan en la pobreza extrema a causa de la pandemia. Además, es una iniciativa que no conoce fronteras, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España o Uruguay, por mencionar a algunos países, tienen en sus agendas políticas el garantizar un ingreso mínimo a las poblaciones más afectadas por la pandemia.
El Ingreso Vital es una protección que el Estado mexicano debe a sus ciudadanos para garantizar su próxima comida. No está en contra de la filosofía del gobierno, no amenaza sus proyectos y mucho menos pone en riesgo la economía del país. Nosotrxs, estamos convencidos que es la salida más viable a la profunda crisis que ya enfrenta el país, nuestra lucha es por la justicia social y la igualdad.
