Ciudad de México, 17 de julio de 2020.- Colima ocupa, desde el año 2016, el primer lugar nacional en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2019, se tuvo un registro de 760 asesinatos, con una tasa de 98.5, cuando la tasa nacional fue de 28.3. Entre enero y mayo de 2020, se han contabilizado 320 asesinatos. Los datos muestran un aumento del 7% en este delito en comparación con el mismo periodo de 2019.
Colima también presenta la tasa más alta del país en violencia familiar, con una tasa de 418 casos por cada 100,000 habitantes en el año 2019. Sin embargo, aun cuando el estado tiene la tasa de asesinatos y de violencia familiar más altas del país, de enero a mayo del 2019, se registró oficialmente un solo caso de feminicidio (se utiliza el término “registro”, pues debe recordarse que, la gran mayoría de los delitos, no se denuncian). De enero a mayo del 2020, se registraron 8.
De enero a mayo de 2020, los registros de secuestro, se redujeron un 76% en comparación con el mismo periodo del 2019. Los registros de extorsión aumentaron en 109% en los primeros cinco meses del año, respecto al 2019. En cuanto al robo con violencia, se registra una disminución del 87% en comparación a los primeros cinco meses del 2019. En cuanto al robo de vehículo con violencia es un delito sin registros desde 2015. Incluso tomando en cuenta el subregistro de delitos, hay anomalías que sobresalen; desde luego, en cuanto a robo de vehículo con violencia, por no existir registros, y también en el caso de secuestro, por la reducción tan drástica, pero también es el caso en cuanto a robo con violencia, que pasó, de 1,015 registros, a 447 entre 2018 y 2019.
Han sido importantes los atentados a funcionarios públicos. Destacan, recientemente, los asesinatos del juez federal Uriel Villegas y de la diputada local, Anel Bueno. Cabe recordar los atentados a dos ex gobernadores y contra el presidente municipal de Ixtlahuacán, entre otros funcionarios.
Causa en Común realizó una investigación hemerográfica sobre el número de eventos de alto impacto que pueden considerarse como “atrocidades”. En el primer semestre del año, hubo al menos 23 casos que cumplieron con alguno de los siguientes criterios: fueron asesinatos de tres individuos o más; se cometieron actos violentos contra personas vulnerables como defensoras de derechos humanos, activistas de causas sociales, menores de edad, actores políticos, periodistas, funcionarios o actores políticos; o bien, se provocó la muerte por laceración o maltrato extremo, feminicidio agravado, descuartizamiento, linchamiento, mutilación, tortura, esclavitud, violación agravada o profanación de cadáveres.
Crimen organizado
Un factor determinante en cuanto a crimen organizado, es la importancia del puerto de Manzanillo para la recepción de precursores químicos provenientes de Asia.
En buena medida, el incremento de la violencia es atribuible al enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se menciona a la “Nueva Familia Michoacana”, que al parecer se apoya en un grupo denominado “los Troyanos”.
Medios periodísticos mencionan que el CJNG tiene una presencia constante en la zona costera, por la que transcurren operaciones con los estados vecinos de Jalisco y Michoacán; una parte importante de los crímenes de alto impacto suceden en esta zona.
Policía estatal y Guardia Nacional
Respecto al desarrollo policial, Causa en Común publicó un estudio en 2019, el “Índice de Desarrollo Policial” (INDEPOL), en el que se señalan carencias de la Policía Estatal: la Academia no contaba con auditorio, dormitorios, comedor, servicio médico y casa táctica (a pesar de que en 2016 refirieron que sí contaban con estas dos últimas instalaciones); la corporación no contaba con un código de ética y conducta para policías; no contaban con evidencia de la difusión de medios alternos de denuncia; no remitieron información respecto al nivel educativo de sus mandos; contaban con un mando sin control de confianza vigente; contaban también con 16 elementos operativos sin control de confianza vigente; y no existía una normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social.
En la encuesta realizada por la organización, denominada “¿Qué piensa la policía? – 2019”, se señalan más datos sobre la situación de los policías, entre otros: 81% ganaban menos de 15 mil pesos, 34% pagaban por sus botas, y 73% señalaron nunca haber recibido un ascenso.
Debe subrayarse el asesinato de, al menos, once policías en lo que va del presente año.
En cuanto al despliegue de elementos de seguridad, la organización indica que, de acuerdo con información oficial de enero de 2020, hay 909 elementos de Seguridad Pública Estatal.
A marzo de 2020, se reportaron 575 elementos de la Guardia Nacional en la entidad.
Algunas propuestas
Causa en Común propone una serie de medidas para enfrentar los problemas de inseguridad que vive esta entidad; entre ellas:
- A nivel federal, se requiere apoyar al estado en la urgente tarea de enfrentar al crimen organizado, principalmente en sus aspectos logístico y financiero.
- Gobiernos federal y estatal deben investigar los crímenes contra funcionarios públicos y policías, y castigar ejemplarmente a los responsables.
- Gobiernos federal y estatal deben enfrentar la corrupción en el puerto, que lo convierte en un centro de operación criminal de primer orden.
- De no haberse subsanado las carencias que se detectaron en el ejercicio del “Índice de Desarrollo Policial” (INDEPOL), correspondiente a 2019, el gobierno del estado debe atender los siguientes aspectos prioritarios: incrementar sueldos a policías; equiparlos adecuadamente; capacitación en materia de detención, derechos humanos y uso de la fuerza; desarrollar un código de ética y de conducta; desarrollar un régimen disciplinario; fortalecer las capacidades de la Unidad de Asuntos Internos; y que todos los policías cuenten con certificaciones vigentes en los exámenes de control de confianza.
- Desarrollar las capacidades de investigación e inteligencia de la Policía y la de la Fiscalía del Estado.
- Igualmente, se requiere legislar y aplicar un régimen complementario de seguridad social para policías, peritos y ministerios públicos.
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