Reconocer en la Constitución Política estatal el acceso universal al trabajo digno y socialmente útil a todas y todos los mexiquenses, propuso la diputada María Luisa Mendoza Mondragón en nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, quien consideró que el desarrollo económico de la entidad se fundamenta en el trabajo y que la composición de ingresos de la población ocupada demanda fortalecimiento y la garantía de condiciones laborales dignas.
La iniciativa, presentada en sesión del Sexto Periodo Ordinario, precisa que se debe garantizar a todo trabajador que tenga una relación personal, de subordinación y bajo el pago de un salario, el contar al menos con el goce del salario mínimo, limites en horarios de jornada laboral, capacitación continua, acceso a la seguridad social y condiciones óptimas de seguridad e higiene.
Indicó que la propuesta de adición al artículo 5o de la Constitución estatal establece que “deberá entenderse como trabajo digno a la actividad humana física o intelectual en la que se respeta la dignidad humana del trabajador y se prohíbe todo acto de discriminación.
María Luisa Mendoza recordó que la entidad “cuenta con la fuerza laboral más grande del país, sin embargo, presenta a su vez una de las mayores tasas de informalidad laboral. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se señala que al tercer trimestre de 2017, la fuerza de trabajo de la entidad ascendió a más de 7.6 millones de personas ocupadas, de ellas 32.3% laboran en el sector informal, encontrándose la tasa de ocupación en este sector por encima de la tasa nacional, de 26.6%”.
Por otra parte, prosiguió, la entidad “presenta una tasa de desocupación de 4.4%, equivalente a una población desocupada de 336 mil 159 personas. El desempleo abierto afecta a 336 mil mexiquenses, especialmente en los estratos de población joven, por lo que una tercera parte de los desempleados tiene entre 15 y 24 años, y la mitad entre 25 y 44 años.”
Se precisa también que el trabajo digno incluye no sólo el respeto irrestricto a los derechos individuales, sino también a los derechos colectivos de los trabajadores.
La propuesta fue remitida para su dictamen a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
