Ayer, en la sesión informativa tras el consejo de ministros, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hizo un alarde de virtuosismo, al exponer el proyecto de ley sobre memoria histórica, a la que denominó ‘memoria democrática’; proyecto de ley que ella misma ha dicho que tendría un largo recorrido ya que tendrán que efectuar consultas legales y muchos trámites para, finalmente, llegar al congreso para su modificación o aprobación.
Según este proyecto de ley, se anularán todos los juicios y sentencias dictadas en el período dirigido por el dictador Franco; y, entre ellas, ha hecho especial mención a la sentencia y ejecución del president de la Generalitat Lluís Companys (1882-1940)
Como es lógico, el gobierno ha ‘vendido’ su proyecto como un gran logro democrático, y la vicepresidenta ha explicado profusamente que, con esta medida, España se adecuaba a las grandes democracias equiparables del mundo, y para ello han seguido las instrucciones y directivas de la ONU, organismos internacionales y tribunales europeos.
Este proyecto, que, seguramente tardará años a aplicarse, si lo hace, y cómo de recortado lo hará; nos muestra muchas cosas:
La primera, obviamente, es que llega muy tarde, más de 40 años tarde, y eso es inexcusable.
En segundo lugar, todo el mundo sabe que, si un proyecto de ley no va acompañado de un soporte económico para llevarlo a término, nace mal. Y ejemplos de estos tenemos como la ley de dependencia y la propia ley de memoria histórica, infradotada la primera, y ni eso, la segunda, que se ha tenido que llevar a cabo gracias al empuje y determinación de algunos gobiernos autonómicos.
En tercer lugar, ideológicamente es pura demagogia, ya que no es ni ético ni moral hablar de victimas en general, de ambos lados, cuando son incomparables, obviamente, pues si en ambos lados se efectuaron desmanes y asesinatos injustificables, no son lo mismo, ya que ostentando el poder político, el militar, el judicial y el policial, y abusando de los mismos, su efectividad, prolongación y resultado, son muy diferentes, como sabemos, por ejemplo, con el asesinato del joven activista Salvador Puig Antich (1948-1974)
En cuarto lugar, no se puede pretender que, con esa tramitación del proyecto de ley, el estado quede ya ‘absuelto’, es decir, que no deba efectuar el debido acto de arrepentimiento y desagravio público, como han hecho los jefes de estado de la mayor de estados que han pasado situaciones similares, como Alemania, Francia, etc. Pero, aquí, en España, tierra de ‘gallardía’ el hecho de pedir perdón, por ejemplo, a los indígenas americanos, a los antiguos colonos africanos (Sahara, Guinea, etc.) / asiáticos (Filipinas, etc.), o ahora, a las víctimas del franquismo, deben considerar que sería una muestra de debilidad que no va con ellos; y, sin arrepentimiento, no hay perdón.
En quinto lugar, que la vicepresidenta considere que con esta futura ley, España se equiparará a las democracias de mayor calado del mundo mundial, e incluso galáctico, me parece que, directamente reconoce, sin decirlo, que hasta ahora, o hasta que esa ley, o lo que finalmente resulte, no se publique en el BOE, España no es una democracia homologable, como se han llenado la boca miles de veces, diciendo que sí que lo era.
En sexto lugar, hablar de reparación democrática, y tener a presos políticos y exiliados, es una muestra esquizofrénica, de querer hacer el gesto histórico, pero no revisar los hechos actuales, y eso es otra muestra de falta de ética y de moral.
En séptimo lugar, publicitar con bombo y platillos este proyecto de ley, sin haberla pactado con las comunidades autonómicas que tienen su propia ley al respecto, es una muestra más de falta de respeto y de consideración; una muestra más de que consideran que sus actuaciones son las únicas válidas, las otras son de menor rango y categoría.
En octavo lugar, no prescribir la limitación de los archivos confidenciales, que, en los países democráticos, en general, están limitados a 25 años; aquí en España seguirán siendo secreta documentación del franquismo, y de la transición; ahora hace 23 años del gobierno de Felipe González, pero seguirán siendo secretos y, a este paso, nunca se podrá consultar la documentación sobre el Gal y sus asesinatos de estado, etc.
En noveno lugar, que no se agilice la devolución de la documentación expropiada tras la guerra, a pesar de que sucesivos gobiernos socialistas legislaron su devolución, pero después ellos mismos, y los demás poderes del estado pusieron todas las piedras para invalidar o limitar sus propias disposiciones, son una muestra más, que, por lo que parece, el actual proyecto tampoco solucionará.
En definitiva, podría seguir, ya que la lista de agravios es inmensa, pero creo que con estas observaciones ya queda suficientemente clara la mentalidad del gobierno de Pedro Sánchez / Pablo Iglesias, hacer este anuncio como un gesto para conseguir los apoyos de cara a la aprobación de los próximos presupuestos generales; si no fuera así, no se entenderían las prisas y publicidad actuales.
Y esa mentalidad del actual y anteriores gobiernos creo que se puede reflejar claramente en las siguientes situaciones de A. de Mello:
“La pequeña Mary se hallaba en la playa con su madre.
Mamy: ¿puedo jugar en la arena?
No, mi vida, no quiero que te ensucies el vestido.
Mamy, ¿puedo andar por el agua?
No, te mojarías y agarrarías un resfriado.
Mamy, ¿puedo jugar con los otros niños?
No, te perderías entre la gente.
Mamy, cómprame un helado.
No, te hace daño a la garganta.
La pequeña Mary, se echó entonces a llorar.
Y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo: ¡Por todos los santos!, ¿ha visto que niña tan neurótica?
Y el papel de esa madre es el que hace el estado español desde siempre, y claro, los ‘neuróticos’ somos los independentistas catalanes. Por eso precisamos los tribunales europeos, que, en la siguiente situación podrían equipararse al papel de la camarera:
“La familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la camarera, tomó nota de lo que deseaban los adultos, y luego se dirigió al muchacho de siete años:
Qué vas a tomar, le preguntó.
El muchacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo: me gustaría tomar un perrito caliente.
Antes de que la camarera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la madre: ¡Nada de perritos calientes! ¡tráigale un filete con puré de patatas y zanahorias!
La camarera hizo como que no lo había oído. ¿Cómo quieres el perrito caliente: con ketchup o con mostaza?, preguntó al muchacho.
Con ketchup.
Vuelvo en un minuto, dijo la camarera dirigiéndose a la cocina”.
Estas pequeñas narraciones de Anthony de Mello (Bombay, 1931 – New York, 1987) reflejan claramente que la educación infantil, y la conducta social en general, debe basarse en el respeto y la empatía con los otros, no en la libre disposición de ellos, como si fueran meros objetos.
Y esto, justamente, este tipo de mentalidad es la que tiene el estado español con relación a lo que no forman parte del mismo de forma directa, es decir, los que no pertenecen a su clan familiar que, como he intentado explicar en diferentes escritos, sigue manteniendo ‘vivo’ el espíritu franquista del ‘todo atado y bien atado’, perpetuado con la constitución y recortado y ‘cepillado’ mediante las continuas interpretaciones restrictivas, que no permiten la manifestación democrática de más de dos millones de catalanes. Para ellos, su ley está por encima de la democracia y la fundamenta, como han dicho repetidamente sus máximos responsables; cuando debería ser al revés.
Y esa plena democracia de la que tanto alardean desde el rey Felipe VI, hasta la vicepresidenta Carmen Calvo, no deja de ser un corsé, ya que, como la madre de Mary, nos llevan a la playa, pero no podemos hacer nada de nada, y, encima, nos tratan de neuróticos.
Y NOSOTROS NO PODEMOS OLVIDAR QUE EL MISMO GOBIERNO ESPAÑOL QUE AHORA, FORZADO POR LA SITUACIÓN, HACE ESTE ANTEPROYECTO DE LEY, HACE UNOS DÍAS, MUCHOS DE SUS AFINES FIRMARON LA CARTA DEFENDIENDO A JUAN CARLOS I, IMPIDIERON LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE SUS PRESUNTAS CORRUPCIONES Y, PARA REMATAR EL PASTEL, PUSIERON LA CEREZA FIRMANDO LA CARTA DE DEFENSA DEL PRESUNTO ASESINO FRANQUISTA MARTÍN VILLA.
Suerte que los jueces europeos, y los organismos de la ONU, tarde, eso sí, nos van dando la razón, como la camarera al crío, pero nadie les quitará a nuestros representantes políticos y sociales, los años de prisión y exilio. Con esto ‘juegan’ los poderes del estado, como en el caso de Arnaldo Otegui Mondragón, pues cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al estado español (31/7/2020) por falta de garantías y no haber efectuado un juicio justo en el caso Bateragune, Otegui y cuatro dirigentes de la izquierda independentista vasca, ya habían cumplido su sentencia. Y ESO ES PREVARICAR, PERO AQUÍ, EN ESTA ESPAÑA QUE ELLOS CONSIDERAN EJEMPLAR, SALE GRATIS, COMO SALDRÁ LA CORRUPCIÓN DEL PP POR EL CASO KITCHEN.
Eso sí, contra los independentistas, la ‘injusticia’ española tiene una diligencia y agilidad inauditas, y si es preciso que el tribunal constitucional se reúna un domingo, para invalidar una ley del Parlament de Catalunya, se reúnen, claro. Pero, para revisar las condenas del tribunal supremo contra nuestros presos políticos, y dictaminar sobre el recurso que sus respectivos abogados efectuaron, podrán pasar años y más años, y, mientras tanto, frenan que puedan acceder a la justicia europea, que requiere haber agotado todos los pasos en el país de origen. Y ESA ES OTRA FORMA MÁS DE PREVARICAR, JUGAR CON LOS TIEMPOS ES UNA MUESTRA MÁS DE FALTA DE ÉTICA Y MORAL, DE ESTA ESPAÑA ‘DEMOCRÁTICA EJEMPLAR’.
Por todo esto, y por mucho más, sólo tenemos una salida, que es la ‘confrontación democrática inteligente’, pero eso requiere nuestra unidad, y….
Amadeo Palliser Cifuentes
