A efecto de armonizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la Constitución Política estatal respecto de la fecha límite para presentar ante la Legislatura la Cuenta Pública del Gobierno Estatal, el diputado Miguel Sámano Peralta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que reforma el artículo 35 del primero de los ordenamientos citados.
De aprobarse la propuesta, se establecería que la Legislatura recibirá para su revisión las cuentas de gastos del estado, correspondientes al año inmediato anterior, a más tardar el 30 de abril, y las de los municipios dentro de los primeros 15 días naturales del mes de marzo.
Al presentar la iniciativa ante el Pleno, en nombre de su bancada, el legislador destacó que un rasgo fundamental de los gobiernos democráticos y transparentes es la evaluación del gasto público, como una forma de valorar los resultados de la gestión gubernamental. En ese sentido, aseguró que la fiscalización es una herramienta fundamental para comprobar que el ejercicio de los recursos se realice conforme a las normas vigentes.
Por ello, recordó que la Constitución local faculta a la Legislatura para revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del estado y de los municipios, proceso que inicia cuando la Legislatura recibe dichas cuentas.
Señaló que tanto la Constitución estatal como la Ley de Fiscalización Superior establecen la obligación del titular del Poder Ejecutivo de presentar a la Legislatura la Cuenta Pública estatal del año inmediato anterior a más tardar el 30 de abril del año siguiente; sin embargo, el primer párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala el 15 de mayo como fecha límite para que la Legislatura la reciba.
En virtud de dicha discordancia entre ambas fechas, y considerando que la Constitución es superior al resto de las normas jurídicas, el diputado calificó como necesario modificar la Ley Orgánica estatal, para así armonizarla con la disposición constitucional.
De este modo, concluyó, se logrará la congruencia entre las normas jurídicas citadas y se brindará mayor certeza en beneficio del sector público y de los mexiquenses.
La iniciativa fue remitida para su análisis y dictamen a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización.
