Este 11 de diciembre el Pleno de la Cámara de Diputadas/os aprobó en lo general y en lo particular, con 306 votos a favor, 4 en contra y 129 abstenciones, la Ley de Amnistía. La propuesta hecha por el Gobierno Federal en septiembre de 2019, para los casos relacionados con delitos contra la salud y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, probaría ser invaluable para iniciar el difícil proceso de transformar el actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles que, a la fecha, continúa siendo un reto del Estado mexicano.
Consideramos que es un paso importante pues contribuye a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia, la cual, a través de los distintos casos que acompañamos y documentamos en ASILEGAL, hemos constatado que se traduce en abusos sistemáticos con respecto a la impartición de justicia, entre los cuales están: el abuso en la prisión preventiva, la obtención de confesiones bajo tortura, la ausencia de traductores, intérpretes y abogados defensores certificados bilingües para personas indígenas, la criminalización de abortos y partos fortuitos, o penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la criminalización de ciertos grupos históricamente vulnerados.
Es importante reconocer que una de las adiciones más importantes de la propuesta original de Ley, es ampliar el catálogo de delitos referentes a las mujeres que se encuentran privadas de libertad por haber vivido, en el contexto de una emergencia obstétrica, un aborto o parto fortuito, es decir, las mujeres en conflicto por homicidio en razón de parentesco. Como lo puntualizaron en el Parlamento Abierto Layla Almaraz y Verónica Garzón, Coordinadoras de Jurídico e Incidencia de ASILEGAL, incluir este tipo penal, además de aborto, manda un mensaje claro a los congresos locales y es el primer paso para lograr un cambio sustancial y efectivo para devolver la libertad a las mujeres.
El reto en este contexto es mayúsculo. Sin embargo, debemos aspirar a lograr replicar en las 32 entidades de la República Mexicana la amnistía para las mujeres del fuero común que, derivado de una emergencia obstétrica, están procesadas o sentenciadas con el tipo penal de homicidio en razón de parentesco, como resultado en una in aplicación de justicia desde los prejuicios de género y el machismo. De quedarse esta Ley en el ámbito federal, estaríamos condicionando el reconocimiento de derechos a la ubicación geográfica de las personas y abonando a la desigualdad social.
Desde ASILEGAL reconocemos el esfuerzo, trabajo y motivación por atender las carencias del sistema de justicia desde una perspectiva nueva, no punitiva, y en la mira de conseguir la reinserción social como un derecho humano. A su vez, recalcamos nuestro compromiso con brindar insumos para que la comisión creada para atender los casos de potenciales personas beneficiarias pueda ejercer sus facultades con la perspectiva de género y de derechos humanos que tanto hace falta en el sistema de justicia mexicano.
Como sociedad civil organizada, debemos puntualizar que, si bien las y los Senadores de la República tienen ahora en sus manos la facultad para comenzar a devolver la justicia a los grupos más vulnerables del país, la Ley de Amnistía es sólo el comienzo; la búsqueda por lograr mecanismos que aseguren erradicar la criminalización de la pobreza, el género o la pertenencia a un grupo indígena, aún continúa. De igual forma, es urgente reconocer y garantizar el derecho a la reinserción social de las personas privadas de libertad para que con ello, se garantice una vida digna para las personas beneficiarias de la Ley de Amnistía.
El Estado debe trabajar para lograr acabar con la estigmatización y criminalización de las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal por su situación de vulnerabilidad social, es su deber y responsabilidad garantizar que las y los operadores del sistema de justicia ejerzan el servicio público con estricto enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y progresividad. Puntualmente, exhortamos a todas las Senadoras y Senadores de la República a legislar esta Ley con la mira en la justicia social que las y los mexicanos necesitamos para creer que la transformación de nuestro país pueda ser una realidad.
