- En la actual Legislatura se han presentado 1,723 iniciativas de reforma a la justicia. De ellas, 362 proponen reformar la justicia penal.
- 78% de las iniciativas buscan limitar el ejercicio de derechos; 22% busca ampliar el ejercicio de derechos, y 14% pretenden aumentar los delitos que ameritan la prisión preventiva.
- Expertos y representantes del Poder Judicial y Legislativo federal, y del Ejecutivo de Oaxaca, discutieron las iniciativas de ley que nuevamente buscan modificar el sistema de justicia penal en la mesa de análisis #PuntoporPunto, organizada por México Evalúa, USAID y la Fundación Friedrich Naumann.
A cuatro años de la total entrada en vigor del sistema penal acusatorio, éste no ha logrado consolidarse y enfrenta grandes retos. En la actual Legislatura se han presentado 1,723 iniciativas de reforma a la justicia. De ellas, 362 proponen reformar la justicia penal.
¿Por qué hay tantas voces demandando modificar el sistema de justicia? En los últimos cinco años, la cifra negra —los delitos que no son del conocimiento de la autoridad— se ha mantenido en un promedio de 93%. Por otro lado, según la ENVIPE-2019 del Inegi, a nivel nacional 43.4% de la población opina que el trabajo de los jueces es poco o nada efectivo, y 43.5% considera que el trabajo de las fiscalías igualmente es poco o nada efectivo.
“No podemos negar que tenemos una profunda insatisfacción con el sistema de justicia penal: de cada 100 hechos delictivos sólo se denuncian siete. Pero para realizar cualquier ajuste al sistema de justicia procesal penal, primero debemos lograr un entendimiento común de la operación del sistema de justicia. Entender qué funciona y qué no”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa, en la mesa de análisis #PuntoporPunto “¿Reformar la Reforma? Qué sí y qué no debemos modificar del Sistema de Justicia Penal”
Algunas de las reformas planteadas buscan revertir el sistema de justicia en ciertos aspectos al sistema tradicional; otras reformas buscan reducir los nodos de decisión para agilizarlo. Para Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa, hacer cambios a un marco normativo tiene que ser un asunto muy calibrado y razonado, pues éste altera el piso de certeza jurídica que tienen los ciudadanos.
“De las iniciativas presentadas, 78% buscan limitar el ejercicio de derechos, 22% busca ampliar el ejercicio de derechos, y 14% son específicamente para aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva”, señaló Gómez.
En el marco de este encuentro, se definieron algunos de los problemas más importantes que enfrenta la operación del sistema de justicia. Éstas son algunas de las ideas y propuestas:
Para la diputada Mariana Rodríguez, el “populismo penal” —que implica incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, así como la restricción en derechos de los usuarios— no es la salida para construir un mejor sistema de justicia que nos garantice acceso y reparación del daño de una víctima. Para llegar ahí, se requieren investigaciones efectivas, y hasta ahora no las hay.
Por su parte, Rubén Vasconcelos, fiscal general del estado de Oaxaca, señaló que las modificaciones planteadas desde el gobierno de Oaxaca buscan el fortalecimiento y consolidación del sistema penal acusatorio y están específicamente orientadas a la operación. “Estamos comprometidos con la consolidación del sistema acusatorio”, afirmó.
Constancio Carrasco, titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Consejo de la Judicatura Federal, hizo especial énfasis en la necesidad de lograr la materialización de los principios de oralidad, publicidad, contrariedad y presunción de inocencia, pues en ellos está la verdadera columna del sistema de justicia penal acusatorio. Asimismo, expuso lo problemática y complicada que resulta la prisión preventiva oficiosa para los jueces, tal y como está consignada al día de hoy en nuestra Constitución.
En su intervención, Bernardo León, especialista en seguridad pública, propuso fortalecer a los cuerpos policiales para que estos puedan hacer investigaciones efectivas. Señaló que ante la enorme impunidad que enfrentamos (99.89%), la herramienta más poderosa con la que cuenta el Estado son las policías. Aseguró que sólo podremos combatir la enorme inseguridad que nos aqueja si se eliminan las limitantes que hoy tienen para recibir denuncias penales y llevar a cabo labores de investigación del delito.
Para concluir, Edna Jaime, señaló que los cambios normativos no son suficientes para cambiar nuestra realidad.
“Esperar resultados inmediatos por la sola modificación del marco normativo es poner expectativas irreales en el sistema. Esta gran cantidad de iniciativas de ley no ayudarán a cambiar la realidad de manera inmediata; hay muchos cambios en el día a día de la operación del sistema de justicia que se tienen que atender primero”, finalizó.
