– El nombramiento permitirá que los temas del mejoramiento del sistema penitenciario y la reinserción social se discutan en la agenda del Consejo.
Miércoles 18 de diciembre de 2019. Saskia Niño de Rivera, en representación de Reinserta; oficialmente se constituye, durante los próximos tres años, como invitada permanente de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad.
Para Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora deReinserta «integrar el Consejo Nacional de Seguridad es reafirmar el compromiso de la sociedad civil de trabajar de la mano con todos los gobiernos estatales, para atacar de manera más integral la inseguridad de nuestro país». Desde Reinserta felicitamos a los nuevos integrantes del Consejo: Mark Fastlicht, José Luis Contreras, Alejandro Martí y Juan Manuel Hernández.
Este nombramiento representa una oportunidad importante para promover un cambio social y posicionar en la agenda pública las problemáticas abordadas por Reinserta y generar mayor incidencia y permanencia a las acciones propuestas para la atención de estas.
Desde el nuevo cargo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, enfatizamos la especial relevancia y vinculación que en materia de seguridad pública tienen el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario y la reinserción social; de igual forma que propugnaremos por los procesos de justicia restaurativa y construcción de paz.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano superior del SNSP, y es presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad, y el Secretario Ejecutivo del SNSP En Reinserta, refrendamos nuestro compromiso por trabajar en beneficio de: el buen funcionamiento del sistema penitenciario y la tutela de derechos humanos de quienes en él convergen; la prevención del delito y la violencia, así como la reinserción efectiva de las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; garantizar el bienestar integral de la niñez en contacto con el sistema de justicia y abonar en el mejoramiento del sistema de impartición de justicia.
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