Presentamos la séptima edición de nuestro reporte Hallazgos, seguimiento y evaluación al sistema de justicia penal.
Derivado de nuestro nuevo Observatorio de audiencias y sentencias, en el que aspiramos a medir la calidad de la justicia, pudimos concluir que el sistema acusatorio ofrece mayores controles y garantías -en la operación- para proteger a víctimas e imputados.
Los niveles más altos de impunidad se registraron en Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí y Ciudad de México (97.7%).
Querétaro, Baja California, Chihuahua y Nuevo León son las entidades mejor evaluadas en el Ranking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal.
Ante la preocupante tendencia a no evaluar, a tomar decisiones sin evidencia y a realizar reformas legislativas que en la práctica significarían un retroceso en la defensa de los derechos humanos (78% de las presentadas en la actual legislatura proponen limitar el ejercicio de algún derecho o libertad), la séptima edición del reporte Hallazgos refuerza la apuesta de México Evalúa por defender el sistema acusatorio como núcleo que garantiza el debido proceso y la igualdad para víctimas e imputados.
Los resultados de nuestra evaluación muestran que derechos como la presunción de inocencia, el control de las detenciones ejecutadas por policías y Fuerzas Armadas y la aportación de pruebas antes de ordenar prisión preventiva han avanzado.
Presentamos, además, un ejercicio novedoso y único a nivel nacional. Un observatorio de audiencias y sentencias judiciales que, para esta ocasión, se realizó en Coahuila y Nuevo León. Los resultados muestran que el sistema acusatorio tiene avances y que es significativamente mejor que el inquisitivo, con una mayor protección de los derechos de víctimas e imputados.
En las audiencias se analizaron dimensiones como la aplicación de los principios del sistema, el desempeño de los operadores y la protección de derechos. Se observa como una constante en todas las audiencias del proceso penal que, el ámbito de protección de los derechos de víctimas e imputados obtuvo altas
calificaciones, especialmente en las audiencias iniciales y de ejecución con 7.4 y 7.8 respectivamente (en una escala de 0 a 10). Mientras que el análisis de las resoluciones judiciales permitió estudiar la figura del amparo y su impacto en el sistema adversarial. Dejando entrever que su existencia tiene una repercusión directa y positiva en la protección de derechos, principalmente en el derecho a la verdad y a la justicia (con una calificación de 7.7), el de presunción de inocencia (con 7.1) y a una defensa adecuada (con 5.5).
“Como cada año, observamos la puesta en marcha de la locomotora legislativa con una mayor carga de contrarreformas y apuestas para reducir garantías y libertades, pero escasa de soluciones reales para atender la impunidad. Debemos ser consistentes en señalar lo que podría perderse si la contrarreforma avanza”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Por séptimo año consecutivo, el estudio Hallazgos muestra una actualización de los datos sobre la operación del sistema de justicia estado por estado.
En esta edición, el Índice de Impunidad Estatal mostró una media nacional de 92.4%. Este indicador se aproxima a un registro de la efectividad con la que las instituciones de procuración e impartición de justicia responden a la comisión de delitos y cómo los resuelven. Los niveles más bajos de impunidad se registraron en Baja California (67.1%), Guanajuato (74%), Yucatán (83.8%) y Querétaro (85.2%). Mientras que las entidades con los niveles más altos son Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%).
De acuerdo con el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del SJP, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal en 2019: ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos. Querétaro fue la entidad con mayor avance, seguida de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
No hay duda de que el sistema de justicia requiere de una mejora en la operación. La escasa resolución de casos y la saturación que provocan los delitos de bajo impacto, comúnmente robos, dejan pendiente la atención de los fenómenos que más lastiman a la sociedad: desapariciones, homicidios, feminicidios, entre otros. Con la séptima edición de Hallazgos confirmamos cómo el sistema de justicia penal se encuentra aún en un estado de inmadurez, con una característica general, la falta de liderazgo político y de voluntad para consolidarlo. Esto sin duda debe ser transformado para encauzar un camino común.
Sin embargo, la mirada a detalle que supone este reporte nos permite encontrar señales de esperanza en el actual sistema que deben ser identificadas a plenitud, promovidas y reproducidas, con el fin de subsanar paulatinamente los grandes pendientes en materia de justicia.
“Hoy existe un mayor control de las detenciones llevadas a cabo por las policías y los miembros de las fuerzas de seguridad; se protegen mejor los derechos de las víctimas e imputados durante las audiencias; cada vez se está haciendo más uso de la justicia alternativa (los MASC); está aumentando el uso de medidas cautelares en libertad y, sobre todo, la justicia penal hoy es más expedita. En promedio, un juicio penal dura 291 días, o sea, menos de un año”, concluyó Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa.
Nuestras recomendaciones de política pública:
- Fomentar la coordinación interinstitucional: trazar un camino en común.
- Legislar, pero de forma muy precisa y puntual con base en evidencia empírica.
- Mantener en el centro del proceso a víctimas e imputados, no desprotegiendo sus derechos dentro del proceso.
- Apuntalar la transparencia y evitar sus retrocesos.
