- La entidad es primer lugar en feminicidios y en incidencia delictiva: Julio Alfonso Hernández.
- Omar Ortega dijo que el gobierno estatal no puede continuar minimizando la violencia contra las mujeres.
- Rodrigo Espeleta propuso revisar los requisitos de las evaluaciones técnicas en lugar de desparecer la ventanilla única.
Corrupción en la emisión del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), el funcionamiento del Registro Civil en la emisión de actas de defunción por covid-19, el combate a la violencia de género, la desaparición de personas y el desalojo de mujeres de la Visitaduría General de Derechos Humanos en Ecatepec fueron algunos de los cuestionamientos que las y los diputados hicieron al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro.
Durante la comparecencia del funcionario ante el Pleno de la LX Legislatura con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez (Morena) señaló que esa Secretaría no ha garantizado la defensa, respeto y protección de los derechos humanos en la entidad, pues esta ocupa el primer lugar en feminicidios en el país, los cuales aumentaron 37%; también es primer lugar en incidencia delictiva, mientras que la violencia de género y familiar aumentaron 88% y el acoso sexual, 60%.
Ante un gobernador ausente, demandó al secretario tomar en serio su misión de defensa y protección de los derechos humanos, “y no enfocarse solamente en cuestiones burocráticas”, reclamó el legislador.
También de Morena, el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez consideró nula la coordinación de esta secretaría con la Comisión de Límites Territoriales. Mencionó que, como presidente de este órgano legislativo, solicitó un dictamen técnico a la dependencia y nueve meses después no hay respuesta. En este sentido, preguntó al secretario si conoce el número de solicitudes sobre conflictos limítrofes y los diferendos de la entidad mexiquense con el estado de Hidalgo.
En nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Telésforo García Carreón señaló que una de las acciones más relevantes de la secretaría es impulsar políticas públicas tendientes a la defensa de los derechos y preguntó cómo seguirán justificando la operación de las Caravanas de Justicia Cotidiana ante las circunstancias sanitarias actuales.
El legislador Armando Bautista Gómez (PT) preguntó por qué hay casi 4 mil trámites pendientes ante la Comisión de Factibilidad, cuántas defunciones por covid-19 y neumonías atípicas se han registrado en la entidad, si existen programas de apoyo de servicios funerarios por esta enfermedad y cuál es la estrategia que seguiría esta Secretaría en caso de un rebrote, si se cuenta con el número adecuado de defensores públicos y si se imputaron responsabilidades administrativas a policías y servidores públicos por el desalojo de mujeres activistas en la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec.
Del PAN, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro sostuvo que las agresiones contra mujeres van en aumento y los feminicidios se han duplicado, además de que la entidad ocupa el primer lugar en número de niñas, niños y adolescentes desparecidos en lo que va del 2020, con 570 casos; también preguntó sobre las acciones de defensa jurídica de huérfanas o huérfanos cuyas madres están desaparecidas o fallecieron a causa de covid-19, así como los resultados del Programa Valentina y los retos para lograr un verdadero acceso a la justicia.
En su intervención, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, dijo que no puede continuar minimizándose el alcance de la violencia contra las mujeres, y preguntó sobre las acciones para la protección de la comunidad LGBTIQ+, de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos; si hubo escasez de actas de defunción por las 10 mil 201 defunciones de covid-19, y qué acciones se desarrollan en materia de amnistía y para combatir la sobrepoblación penitenciaria.
Al advertir que el DUF representa un “dolor de cabeza para los empresarios”, la diputada María de Lourdes Garay Casillas (PES) cuestionó por qué este trámite tiene un costo de 500 mil pesos para obtener un documento con una vigencia de un año y si la Secretaría ha sido rebasada por la opacidad y por la falta de capacidad operativa y técnica en la emisión de este dictamen.
Del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón preguntó por qué no se considera adecuada la desaparición del DUF y cuestionó las acciones para combatir la desaparición de personas, pues de 37 mil 500 desapariciones, 3 mil 867 ocurrieron en el Estado de México.
Al afirmar que hay un aumento en la criminalidad y en la inseguridad que viven las mexiquenses, la diputada sin partido Juliana Felipa Arias Calderón preguntó qué medidas está tomando la Secretaría para atender estos problemas y quién dará seguimiento a los avances en materia de atención a víctimas.
En respuesta a los cuestionamientos, Rodrigo Espeleta aclaró que el DUF ya no tiene vigencia de un año, pues es permanente, que existe un DUF comercial, que se tramita en cinco días en una plataforma electrónica, y otro de impacto urbano, que requiere de nueve evaluaciones técnicas, por lo que propuso revisar los requisitos de estas en lugar de desparecer la ventanilla única.
Dijo que las Caravanas de Justicia cuestan 20 millones de pesos al año, que se reanudarán el próximo mes y que de octubre de 2019 a marzo del 2020 se visitaron 20 municipios.
Informó este año se ha logrado la localización de 4 mil 800 personas reportadas como desaparecidas, que la creación de la Secretaría de la Mujer es para reforzar las acciones en materia de equidad y combate a la violencia de género, y que el Programa Valentina ha beneficiado a 264 niñas y niños.
Asimismo, que durante la pandemia de agotaron los certificados de defunción emitidos por las instituciones de salud, más no las actas del Registro Civil y que, por medio del programa de apoyos funerarios se han otorgado 788 servicios gratuitos.
Sobre el desalojo de la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, aseguró que se atendió a las víctimas y que esta no fue una intervención autorizada por el Poder Ejecutivo.
