El Grupo Parlamentario del PRI demandó al responsable de las políticas públicas de vivienda, desarrollo agrario y ordenamiento urbano, Román Meyer Falcón, informe cómo el Gobierno federal va a suplir la ausencia de recursos, después de que la mayoría parlamentaria extinguió el Fondo Metropolitano, que atendía proyectos en materia de movilidad, medio ambiente y vivienda.
El diputado federal, Oscar Jiménez Rayón, durante la comparecencia -virtual- del secretario del ramo, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, planteó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, tiene una responsabilidad ineludible “garantizar el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, ya que, actualmente, 3 de cada 4 personas viven en las ciudades y el 60 por ciento se encuentra en las 59 zonas metropolitanas más importantes de México”.
En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, explicó que la población alcanza los 20 millones de habitantes, cifra que equivale al 17 por ciento de la población nacional y requiere además de un sistema de transporte público eficiente, la planeación urbana que resguarde a los habitantes en caso de terremotos, incendios, fenómenos climáticos y riesgos volcánicos ante la cercanía del Popocatépetl.
Asimismo, cuestionó en qué estatus se encuentra la ampliación anunciada desde enero de 2019, mediante la suscripción de un acuerdo entre el Gobierno federal y empresarios, de la Línea “A” del Sistema Colectivo Metro, de La Paz a Chalco, pues sin duda, este proyecto fortalecería la conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México, mejorando la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.
En su oportunidad, el diputado Brasil Acosta Peña, centró su intervención en el rezago social de vivienda y preguntó qué resultados tienen dos programas, el primero para invertir en 83 mil acciones de vivienda en 2020, cuánto presupuesto se ha destinado y cuál es el beneficio para reactivar la economía; y el segundo, el Programa Nacional de Reconstrucción que atendería a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.
“Preocupan las acusaciones presentadas por los damnificados de Morelos, que aseguran que deben pagar el 7 por ciento del subsidio que reciben para la construcción de la vivienda. De la misma forma, en la Ciudad de México, damnificados protestaron en junio pasado en diversos puntos de la ciudad, solicitando transparencia en el proceso de reconstrucción”, dijo.
En su oportunidad, la diputada Hortensia Noroña Quezada, reclamó la ausencia de políticas públicas que contribuyan a cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, “no existe una gestión adecuada del territorio rural y urbano, aumenta la migración y la gente se desplaza a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida, por lo que en el grupo parlamentario del PRI solicitamos fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre los tres niveles gobiernos, para llevar a buen puerto las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano”.
Por su parte, la diputada María Ester Alonzo Morales, estableció que los proyectos de infraestructura son fundamentales para detonar la economía y el desarrollo de las diversas regiones del país; sin embargo, refirió que en el caso del Tren Maya, se van a generar más problemas que beneficios, como el impacto ambiental, los conflictos agrarios y culturales, así como afectaciones a zonas arqueológicas.
“Gran parte de la población que vive en esa región del país, se dedica a las labores agrícolas. No podemos ignorar que muchos campesinos practican el cultivo de autoconsumo, por lo que al perderlos se afectaría a su seguridad alimentaria y su existencia, independientemente de que no podemos poner en peligro nuestra riqueza histórica y arqueológica por la premura del Gobierno federal de acelerar la obra”, advirtió.
