4 de diciembre de 2020. En una audiencia celebrada hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la situación de la tortura en México, el Estado mexicano reconoció la necesidad de instrumentar acciones concretas para mejorar la investigación penal y reducir los altos índices de impunidad por ese delito, así como para actualizar y coordinar acciones desde diversas instituciones para atender a las víctimas de la tortura.
En la audiencia, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes señalamos nuestra seria preocupación por la impunidad que impera en casi la totalidad de casos de tortura, puesto que, según cifras oficiales, se judicializan menos del 1% de los miles de denuncias penales por tortura recibidas en los fueros federal y común. Ante ese panorama, propusimos el desarrollo de un plan de persecución penal de la tortura, empezando a nivel federal, que cuente con insumos técnicos de la sociedad civil y, en su caso, asistencia puntual de la CIDH. Asimismo, señalamos la necesidad de reformar el actual protocolo homologado de investigación vigente en la materia.
Ante los planteamientos, el Fiscal Especial en materia de tortura de la Fiscalía General de la República, el Mtro. Javier Pérez, señaló que reconoce la necesidad tanto de avanzar en el plan de persecución así como de reformar el actual protocolo de investigación con el fin de superar las deficiencias que éste presenta a la luz de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. En ese sentido, señaló que estaría pendiente para avanzar en el proceso propuesto a nivel interno.
Por otro lado, hicimos notar que, a pesar de estar vencido el plazo establecido en la Ley General, no se ha publicado el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, instrumento cuyos contenidos fueron construidos en un proceso participativo el año pasado y que es esencial para dar cumplimiento a una gama de obligaciones del Estado frente a la tortura. Al respecto, el Estado se comprometió a publicar el Programa Nacional a la brevedad, mencionando que su objetivo es publicarlo en próximos días. Asimismo, dio a conocer que el Programa Nacional de Derechos Humanos incluirá la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), encuesta fundamental para monitorear la incidencia de tortura contra personas privadas de libertad, y cuya continuidad ha sido recomendada por el Comité Contra la Tortura de la ONU.
Asimismo, las organizaciones expusimos que la fabricación de confesiones y declaraciones bajo tortura sigue impactando en la sociedad, pues esa práctica ampliamente documentada da lugar al encarcelamiento de personas inocentes, a veces sin que exista siquiera la comisión de un delito contra persona alguna, o porque, existiendo un delito, se fabrican culpables en vez de perseguir a los verdaderos responsables, violentando así los derechos tanto de las víctimas de tortura como de las víctimas de delito que buscan justicia. Finalmente, enfatizamos la urgencia de despresurizar los centros de reclusión en el contexto actual de pandemia, y de que los poderes judiciales y ejecutivos hagan uso de todas las figuras y facultades previstas en la normatividad para tal fin.
A la luz de la audiencia celebrada hoy, instamos al Estado a abordar todas las problemáticas expuestas, y en particular estaremos dando seguimiento a las acciones concretas comprometidas ante la CIDH, así como al ofrecimiento de asistencia técnica por su parte, con el fin de aportar a la erradicación de la tortura y la impunidad.
