Para evitar el uso discrecional de recursos públicos y asegurar a la población el acceso a las vacunas contra el COVID-19, el Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, demandó que el Gobierno federal transparente los procesos de compra de las dosis adquiridas con los laboratorios.
Durante la sesión a distancia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada Guillermina Velasco González, en nombre de los legisladores priistas, presentó un Punto de Acuerdo para garantizar el acceso a toda la información que se ha generado, desde los procesos de negociación, los contenidos de los contratos suscritos, el costo y los acuerdos finales.
La legisladora mexiquense sentenció que “con la salud no se juega” y el Presidente de la República prometió hacer públicos dichos contratos y ha reiterado que su gobierno no tiene nada que esconder; entonces lo que procede es que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informen con detalle al Congreso de la Unión del contenido de los diversos contratos firmados por México.
“Urge evitar cualquier sospecha de manipulación y uso indebido de los recursos públicos que fueron asignados para el combate a la pandemia, hay que asegurar a toda la población la debida atención, tanto en la etapa preventiva, como una vez adquirida la enfermedad”.
Las y los diputados del PRI, advirtieron que si bien México comenzó hace seis meses a estructurar planes de compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19, hasta la fecha, no hay datos precisos sobre el gasto total que se destinará para las vacunas, ni en qué partida presupuestal se ubican esos recursos.
Por ejemplo, expuso Velasco González, en agosto pasado se dijo que nuestro país contaba con un presupuesto máximo de 100 mil millones de pesos; en octubre se manejó la cifra de 35 mil millones, y en diciembre, mientras el titular del Ejecutivo federal destacaba que el gobierno de México había pagado 159 millones 876 mil 920 dólares, el Secretario de Hacienda informaba que se había gastado en contratos y convenios con diversas empresas farmacéuticas, seis mil 500 millones de pesos, la pregunta es: ¿cuál es el presupuesto real?
Asimismo, recordaron que a lo largo del 2020, las estrategias preventivas no han demostrado su eficacia. El cierre de actividades no esenciales, el distanciamiento social, así como las erráticas decisiones a nivel económico, no han generado certidumbre y confianza en la población de que se está haciendo lo correcto para detener esta pandemia.
La atención médica ha sido insuficiente y no se han generado las condiciones óptimas para que el personal de salud desempeñe su labor con seguridad, sin el riesgo de contagiarse y eventualmente morir.
Marcela Velasco concluyó: “Es innegable reconocer el esfuerzo de la Cancillería mexicana en el papel de intermediación para los procesos de negociación, para adquirir las diferentes opciones disponibles de las vacunas. Sin embargo, resulta pertinente tener acceso pleno a los contenidos de los contratos suscritos, como costos individuales, la naturaleza de los compromisos y tiempos de entrega, así como las garantías de incumplimiento, control de calidad, y las respectivas penalizaciones por incumplimientos, es información que también demandan los mexicanos, porque con la salud no se juega”.
