- De marzo a agosto de 2020, se identificaron 667 programas y acciones sociales estatales que contribuyen a la atención de los derechos sociales y otorgan algún bien o servicio directo a la población.
- Del total de programas identificados, 42.7% son resultado de un ajuste a programas que ya existían y 50.1% son intervenciones nuevas que permitieran dar respuesta a la crisis. Los principales ajustes consistieron en ampliaciones presupuestales y de cobertura, adelantos de apoyos, entre otras modificaciones.
- Tamaulipas implementó 72 programas y acciones, mientras que Morelos y Campeche 50 y 43, respectivamente. Sin embargo, un mayor número de programas no necesariamente generará un mejor resultado; la existencia de diversas acciones puede reflejar una mayor desagregación de un problema público.
- Si bien se reconoce el esfuerzo y la respuesta inmediata de los gobiernos estatales, se debe contar con una estrategia integral nacional y coordinada; documentar y hacer públicas las herramientas para diseñar, monitorear y evaluar las intervenciones, y se requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno para una respuesta efectiva.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer la serie de notas de investigación ConEstados sobre temas relacionados con las entidades federativas para fortalecer la toma de decisiones en materia de pobreza, monitoreo y evaluación.
En esta ocasión, la primera de las notas de investigación se titula: Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en la cual se analizan las intervenciones gubernamentales estatales para identificar qué tipo de respuesta se está dando a las prioridades sociales que surgen en esta emergencia sanitaria en los 32 estados. Esta nota de investigación es complemento de los análisis que está realizando el CONEVAL sobre los efectos de la pandemia, como La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México; el Visor Geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, y evolución de la pobreza laboral.
Metodología del estudio
La recolección de la información para este análisis se hizo en tres etapas: 1) búsqueda de programas y acciones en las páginas de internet de los gobiernos estatales; 2) se envió a enlaces de cada entidad un listado preliminar de los programas y acciones para que fueran validadas y complementadas con información de cada estado, y 3) se revisó la información para identificar aquellas que cumplieran con criterios, como ser un programa o acción estatal, estar alineados a los derechos sociales, que proporcionan un beneficio, servicio o apoyo a la población y que dieran respuesta a los efectos económicos y sociales que ha generado la pandemia.
Ubicación de las personas más afectadas por la pandemia y respuesta de las entidades
La distribución de casos de la COVID-19 reportados en México se ha desarrollado de forma heterogénea, principalmente relacionada a factores de la población, conectividad carretera, características socioeconómicas o movilidad de las personas. Sin embargo, la mayor concentración de casos se ha dado en las grandes ciudades.
De marzo a agosto de 2020, se identificaron 667 programas y acciones sociales estatales que contribuyen a la atención de los derechos sociales y otorgan algún bien o servicio directo a la población. El número de intervenciones implementadas varía en las entidades federativas. Hay estados como el caso de Tamaulipas que implementó 72 programas, seguido de Morelos y Campeche que implementaron 50 y 43, respectivamente, mientras que Sonora (9), Veracruz (8), Durango (8) y Tlaxcala (5).
Un mayor número de programas y acciones de desarrollo social no necesariamente generará un mejor resultado; por el contrario, cuando existe coordinación, coherencia y complementariedad entre las intervenciones se puede hacer un uso más efectivo de los recursos para atender una situación problemática. La existencia de un mayor número de programas y acciones puede reflejar una mayor desagregación de un problema público.
Las entidades federativas reorientaron algunos de los programas o acciones que estaban implementado previamente y, al mismo tiempo, crearon nuevas intervenciones que permitieran dar respuesta a la crisis. Del total de programas identificados, 42.7% tuvieron algún tipo de ajuste y 50.1% son intervenciones nuevas. Los principales ajustes que se hicieron fueron ampliaciones presupuestales y de cobertura, adelantos de apoyos, entre otras modificaciones.
En esta revisión destaca la diversidad de tipos de apoyos que se dieron a través de las intervenciones. La mayor parte fueron apoyos en especie (44.1%), seguido de apoyos monetarios (17.7%), incentivos fiscales (12.9%), créditos (11.1%), entre otros instrumentos de política pública.
En general, se observa que existe variedad y dispersión en los programas y acciones sociales que se están implementando en las entidades federativas para dar respuesta a la crisis. Por un lado, es evidente la respuesta inmediata por parte de los gobiernos; por otro, esta diversidad y dispersión muestra también que la respuesta de las entidades federativas se centró en la generación de intervenciones específicas y que hace falta una política coordinada e integral que dé una respuesta más eficaz a los temas de atención prioritaria.
Atención a derechos sociales
Para aminorar los efectos de la pandemia, es necesario implementar programas y acciones que protejan a la población que verá su bienestar económico y derechos sociales comprometidos. Específicamente, es indispensable implementar intervenciones que ayuden a las personas cuyos ingresos bajarán por la pérdida del empleo, además de proteger el ejercicio de ciertos derechos sociales que se verán especialmente afectados: el derecho a la alimentación, a la educación y a la salud. En términos generales, se observa que las entidades federativas han implementado intervenciones para atender estos derechos sociales: 376 se relacionan con el bienestar económico, 185 con el derecho a la salud y 142 con el derecho a la alimentación.
En el documento La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, publicado en mayo de 2020, el CONEVAL elaboró una serie de recomendaciones sobre estrategias que se pueden aplicar para garantizar los derechos sociales que se verán más afectados por la pandemia. Al hacer un ejercicio de alineación de los programas analizados se identificó que: a) 328 acciones concuerdan con las recomendaciones del Consejo sobre las posibles formas de atender el tema del bienestar económico; b) 182 programas corresponden a las recomendaciones sobre el derecho a la salud, y c) 142 con las recomendaciones sobre el derecho a la alimentación.
Programas y acciones gubernamentales en el bienestar económico
Las entidades con el mayor número de programas y acciones en materia de empleo formal fueron Yucatán con 20, Colima con 11, mientras que San Luis Potosí y Michoacán con 10 cada una.
En cuanto a programas de empleo informal, así como de ingreso de las personas y los hogares por entidad federativa, el Estado de México fue quien tuvo mayor número de acciones con 10, seguido por Ciudad de México y Zacatecas con siete acciones cada una, las cuales están enfocadas al tema de transferencias de ingresos temporales.
Acciones gubernamentales en el derecho a la salud
Tamaulipas fue la que realizó un mayor número de acciones en este rubro con 37, de las cuales, 23 están enfocadas en la dimensión atención a la pandemia y 8 en la dimensión aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización.
Acciones en el derecho a alimentación
Por entidad federativa, se puede observar que 29 estados tienen al menos una acción en el tema del derecho a la alimentación. Morelos y Tamaulipas son los estados que han implementado una mayor cantidad de acciones y programas en el tema con 17.
Acciones en el derecho a la vivienda
Quintana Roo y Yucatán son las entidades que han realizado más acciones en el tema de vivienda con cuatro cada una. Yucatán es la entidad que más programas ha realizado en la dimensión subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda con cuatro; mientras que para la dimensión conexión al sistema de agua potable de las viviendas/garantizar el acceso al agua potable de calidad es Zacatecas quien han implementado un mayor número de acciones, con tres.
Acciones en el derecho a la educación
Tamaulipas diseñó diferentes actividades entre las cuales se incluyen crear recursos impresos y electrónicos para apoyar tanto a los docentes y los alumnos, así como a los padres de familia, y fortalecer el proceso de aprendizaje del nuevo ciclo escolar. Tanto Campeche como Tamaulipas generaron materiales impresos que fueron distribuidos para apoyar el aprendizaje en casa de los estudiantes sin acceso a conexión a internet. Tamaulipas, Sinaloa e Hidalgo difundieron contenidos educativos a través de la radio y televisión para dar continuidad al proceso educativo.
Uso de la evidencia en las intervenciones e instrumentos de monitoreo y evaluación
En el contexto de la pandemia, el contar con elementos de monitoreo y evaluación tiene aún mayor relevancia, dado que permiten identificar y priorizar las acciones, dar seguimiento a los avances y evaluar los resultados. De esta manera, se tiene evidencia de lo que sí funciona o de las oportunidades de mejora en el diseño o implementación de las políticas, programas o acciones, con la finalidad de alcanzar los mejores resultados de la intervención pública en la población afectada por los efectos de la pandemia.
Respecto a los programas y acciones para dar respuesta a la contingencia, las entidades federativas señalaron que el 58.2%, es decir, 388 de los programas y acciones sociales utilizaron evidencia para el diseño de sus intervenciones. De estas, destaca que menos de la mitad (190 acciones) corresponde a programas que habían sido diseñadas previamente a la pandemia y 195 que también cuentan con evidencia para su diseño fueron creadas específicamente en respuesta a la pandemia.
En cuanto a los instrumentos de monitoreo y evaluación, se observa que algunas entidades federativas han sumado esfuerzos por contar con estas herramientas. Poco más de la mitad de los programas y acciones implementadas para dar respuesta a la contingencia reportaron contar con un padrón de beneficiarios (50.4%); 49.5% con Reglas de Operación; 47.1% con indicadores de resultados o de gestión y 36.7% reporta una estrategia de evaluación. No obstante, estos esfuerzos son heterogéneos, debido a que no todos los estados los desarrollaron para todas sus intervenciones.
Retos y desafíos
Si bien es importante reconocer el esfuerzo y la respuesta inmediata que han dado los gobiernos estatales, se debe considerar que existen retos que se deben atender para garantizar efectivamente los derechos sociales.
- Contar con una estrategia integral nacional y coordinada
- Documentar y hacer públicas las herramientas para diseñar, monitorear y evaluar las intervenciones; se identificó que muy pocas de estas herramientas son públicas.
- Se requiere coordinación de los tres niveles de gobierno para generar una respuesta efectiva.
Consulta la base de datos y la nota de investigación Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en: https://bit.ly/3qXmNxf
