· “De 8.50 que es el precio máximo por litro de gas LP, los comisionistas lo revenden en 12, 15 y hasta 18 pesos, pese a que lo compran entre 5 y 6 pesos”, acusaron.
· Exigen se investiguen a fondo las causas de las recientes explosiones de pipas de gas LP en municipios del Estado de México y alcaldías de la CDMX.
Las empresas distribuidoras de gas LP se deslindaron de los sobreprecios que imponen arbitrariamente al consumidor final los piperos comisionistas y revendedores del hidrocarburo, particularmente en la zona limítrofe del Estado de México con Ciudad de México.
Alertaron a la ciudadanía por el atraco cometido contra la debilitada economía de cientos de usuarios, al elevar el precio por encima del costo oficial, no obstante que reciben un descuento para que tengan un mejor margen de utilidad.
“De 8.50 que es el precio máximo por litro de gas LP, lo revenden en 12, 15 y hasta 18 pesos, pese a que lo compran entre 5 y 6 pesos”, acusaron”.
Denunciaron que a estas acciones ilegales se suma la falsificación de notas y facturas, con logotipos hechizos y el robo del energético cuando lo suministran en el equipo instalado por la población en sus domicilios.
De ahí, que grupos de piperos comisionistas y revendedores hayan desatado una guerra sin cuartel por el control de rutas, lo que ha provocado enfrentamientos violentos que han derivado, incluso, en homicidios dolosos.
Las compañías también exigen que se investiguen a fondo las causas de las recientes explosiones de pipas de gas en municipios de la entidad y en alcaldías de la CMDX.
Aseguraron que los infractores utilizan como armas de asalto los carros-tanque y las mangueras de gas, por lo que las empresas distribuidoras alertan a los consumidores a no dejarse sorprender y denunciar ante las autoridades competentes todo tipo de corruptelas de las que sean víctimas o testigos.
Concluyeron que es evidente el vacío de autoridad, tanto a nivel municipal, estatal y federal, el cual es aprovechado por grupos de piperos comisionistas y revendedores, quienes han impuesto sus intereses a los de la población en un claro ataque a la debilitada economía de la sociedad mexiquense y de la Ciudad de México por el COVID-19 y en una afrenta a la gobernabilidad en varias entidades del país.
