Una activista mexicana se encadenó este viernes fuera de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para exigir justicia en casos de explotación laboral y violencia sexual infantil, y protección a defensores de derechos humanos.
Acompañada de tres de sus hijas, una de apenas meses de edad, Erika «Kika» Flores, defensora de derechos humanos, demandó una reunión con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que conozca el caso de unos jóvenes originarios de Acapulco, Guerrero, explotados sexual y laboralmente.
