· No a la regresión. Habíamos avanzado en reformas tendientes a garantizar la soberanía energética con la concurrencia del sector privado y social, subraya
· Se excluye el potencial de la iniciativa privada bajo el argumento de que los contratos son lesivos a la nación, y sus ganancias ilícitas; pero sin aportar pruebas ni alternativas para corregir, dice
· El PRD está a favor de la reconversión a tecnologías limpias y del medio ambiente, no al regreso al combustóleo con alto costo –incluso- sobre la salud de las y los mexicanos, advierte
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, anunció su voto en contra de la Ley de la Industria Eléctrica presentada como “Iniciativa Preferente” por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; luego de señalar que es regresiva, contraviene a la Constitución Política y tratados internacionales suscritos por México, e implicará para las y los mexicanos, costos superiores a los 20 mil millones de dólares (en una primera etapa) como resultado de las controversias y demandas que se presentarán a nivel nacional e internacional.
Votaremos en contra, afirmó el diputado Antonio Ortega Martínez ante el Pleno, porque -sostuvo- “el PRD está por una economía de mercado y la generación de un mercado de electricidad competitivo”, con la concurrencia de los sectores social, público y privado. “El PRD está por mantener la rentabilidad de la Comisión Federal de Electricidad y acrecentarla, aportándole energía limpia y barata para que la comercialice obteniendo utilidades razonables más allá de sus costos”.
El también secretario de la Comisión de Hacienda en este recinto parlamentario enfatizó que “el PRD está a favor de la reconversión a tecnologías limpias, pactadas internacionalmente; a favor del medio ambiente y del no regreso al combustóleo que implica altos costos -incluso- sobre la salud de las y los mexicanos”.
Precisó que el PRD está en contra de “darle la vuelta” a la Constitución Política como pretenden hacer Morena y sus aliados, a través de una ley que, en los hechos, la contradice.
“Lo que sigue –aseveró- es que la nueva Ley de Industria Eléctrica sea controvertida ante la Suprema Corte, ya sea con acciones de inconstitucionalidad, o controversias. Se estima que la Contrarreforma eléctrica de AMLO costaría unos 20 mil millones de dólares (en una primera etapa), además de elevados costos intangibles por el momento, pero onerosos en el futuro cercano”, alertó.
Dijo que, tal como será aprobada por Morena y sus aliados, dicha ley viola compromisos de México en los tratados Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el recién pactado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ambos acuerdos –fijó- incluyen la denominada cláusula «ratchet» (cremallera) de irreversibilidad: “Si un país procede unilateralmente a una apertura en algún sector, tendrá que asumir los costos hacia las empresas afectadas; pero además, la misma salvaguardia está vigente en Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), establecidos entre México y países europeos”, especificó.
“Si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias Inversionista-Estado, en cuyos casos -si México pierde, que sin duda ocurrirá- tendrá que compensar a las compañías afectadas; pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias” contra nosotros, aclaró.
En otras palabras, mencionó el legislador federal, “aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pudiese lograr una mayoría a favor de esta reforma, no podrá más que declarar la inconstitucionalidad de la propuesta, pues el país tiene obligaciones constitucionales con la comunidad internacional que se resolverán en tribunales del extranjero.
“Nuestro voto será en contra. No al regreso al pasado, veamos de frente a la modernidad y el futuro”, insistió… Probablemente esta sea la última gran reforma legal que, sin ser constitucional, apruebe la actual mayoría legislativa de Morena ¿cuál será su relevancia? ¿Será cierto que se recupera la rectoría en materia de electricidad para bien de la nación? ¿Se había perdido esa rectoría o simplemente se gestiona de otro modo?
Desde nuestro punto de vista, la rectoría del Estado se gestiona desde hace tiempo de otro modo que la autodenominada “Cuarta Transformación” no quiere entender por razones ideológicas, y pretende regresar al modelo en el que el gobierno invertía en todo el proceso de la industria eléctrica.
Antes, explicó, el Gobierno estaba obligado a generar toda la electricidad para el país mediante sus propias plantas que, en la medida en que pasaban los años, iban quedando obsoletas en dos sentidos: La forma de generarla frente a nuevas tecnologías, y el desgaste natural al paso del tiempo. Plantas generadoras que se volvían fierros viejos con altos costos de operación y mantenimiento. Por eso, desde hace 30 años el país incursionó paulatinamente en un nuevo modelo.
Hoy, citó Ortega Martínez, la Constitución establece y garantiza la concurrencia al desarrollo nacional por igual del sector público, privado y social, por eso es correcto hablar de “Reforma de Estado” cuando se modificaron los viejos mecanismos en materia energética. Pero la pregunta es: ¿El gobierno es hoy la mejor opción para garantizar la soberanía y la seguridad nacional en materia de energía en general y de energía eléctrica en particular? Definitivamente No.
“Si alguna vez lo fue, ya no, por eso nuestro rechazo a esta reforma con el argumento que nos regresa al pasado. Habíamos avanzado con distintas reformas sucesivas, a garantizar la soberanía energética al Estado Mexicano con la concurrencia de los sectores privado y social; incluso, el antiguo Sindicato Mexicano de Electricistas forma parte de este proceso aportando el esfuerzo social de generación eléctrica en la planta de Necaxa, Puebla, y también lo hacen empresas privadas de todos tamaños y orígenes tanto en la figura de autoabastecimiento como de producción y de venta”.
Ahora, concretó, se busca regresar solo al esquema de control gubernamental excluyendo el potencial de la IP bajo el argumento de que: “los contratos son lesivos a la nación, y que sus ganancias son ilícitas”; pero sin aportar pruebas ni intentar corregirlos por los medios que nos posibilitan el Estado de derecho y la legislación vigente.
