La centralización del poder que se promueve en esta administración, en la que no se escuchan otras voces de organismos capacitados, no ha ayudado en nada a combatir eficientemente la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Desafortunadamente, organismos que tienen atribuciones técnicas como la Comisión Federal para la Protección de Riegos Sanitarios han basado sus decisiones más en criterios políticos y discrecionales, lo que ha dañado la eficacia en el combate a la pandemia, ejemplo del cual es la falta de información sobre los criterios para la autorización del uso emergente de la vacuna.
Especialistas legales, médicos y académicos relacionados con el tema de la salud coincidieron en lo anterior en el marco de la conferencia Derechos Humanos en el Sistema de Salud, convocada por México Justo.org AC, y consideraron que el estado mexicano ha sido totalmente rebasado en materia de protección de los derechos de los trabajadores de la salud.
Marco Antonio Zeind, director del Seminario de Derecho Administrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que existe una deuda histórica en el otorgamiento de las herramientas suficientes para el sistema mexicano de salud y afirmó que es necesario hacer un replanteamiento de la estructura de dicho Sistema.
Este sistema enfrenta una clara atomización con un IMSS que tiene tres sistemas de financiamiento, un ISSSTE con dos fuentes de financiamiento, una Secretaria de Salud con una fuente de financiamiento, un seguro para las fuerzas armadas, 32 sistemas de salud estatales y diversas instituciones de seguridad sanitaria locales, todos ellos con sistemas financieros y de contratación distintos.
Calificó de hacer con “criterios utilitaristas” la toma de dediciones durante la pandemia y dijo que la administración actual no ha querido hacer caso a organismos como el Consejo de Salubridad General para concentrar las decisiones en el ejecutivo más aún en una sola Subsecretaría.
Por su parte, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México justo.org AC advirtió del riesgo de decisiones con objetivos electorales y recalcó la necesidad de establecer los presupuestos adecuados para el sistema de salud y de acompañar propuestas de iniciativas de ley con sus respectivas necesidades presupuestales.
Jennifer Hincapié, coordinadora del Programa Institucional de Etica y Bioética de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirmó que no se puede perder de vista que los profesionales de la salud son sujetos de derecho además de tener que cumplir con obligaciones morales, por lo que la tendencia a sugerirlos como “súper héroes” puede afectar la aplicación de sus derechos profesionales.
Comentó que la pandemia evidenció las carencias de las herramientas que necesitan los profesionales de la salud en México, la falta de recursos técnicos, humanos y de planeación en los protocolos ante emergencias provocadas por agentes patógenos
Igualmente aseguró que las autoridades deben asumir la responsabilidad pública del tipo de mensaje que transiten a la sociedad, los cuales deben estar basados en principios de bioética.
Abril Uscanga, catedrática e investigadora de la UNAM, dijo por su parte que México se encuentra lejos de haber alcanzado el más alto nivel de protección a la salud y comentó que el Estado ha sido rebasado en la procuración de derechos ante pandemias.
Es necesario, añadió, una participación más intensa de la sociedad, de las ONGs, de los gobiernos locales y de organismos internacionales para definir protocolos para asegurar un modelo más eficiente que permita enfrentar pandemias de este tipo, las cuales se seguirán presentando en el futuro.
El trabajo multidisciplinario es fundamental y ahora no se está presentando, añadió.
Finalmente, Baruch Delgado, director general del Hospital de Salud del Estado de México, dijo que sí es necesario exigirle al Estado mejores condiciones hospitalarias, laborales y técnicas en beneficio tanto de los pacientes como de los propios profesionales de la salud.
“Debemos luchar por estandarizar el sistema de salud en México y no por centralizarlo, no es lo mismo”, lo que ayudaría mucho tanto a los pacientes como a los trabajadores.
Se debe poner sobre la mesa el tema presupuestal, afirmó, y se manifestó en contra de la decisión de dar prioridad a algunos sectores sociales en la aplicación de la vacuna que llega al país por encima incluso de doctores, enfermeras y enfermeros.
La bienvenida a la conferencia la dio Genaro Góngora Pimentel, presidente del Consejo Académico de México Justo.org AC quien mencionó que la crisis de la COVID-19 ha agudizado la situación precaria en la que ese encuentra el sistema de salud y dijo que el derecho a la salud es prioritario ante otros tipos de derechos ya que de ella se desprenden muchas de los derechos humanos que deben ser inalienables para los ciudadanos.
