Mejorar los sistemas de alerta para incrementar las posibilidades de salvaguardar la vida de los mexiquenses utilizando postes exclusivos para las alertas sísmicas y no colocarlas donde ya hay cámaras y bocinas, ya que tanto estos como las aplicaciones telefónicas no son ideales para avisar oportunamente a la ciudadanía, propuso Luis Eduardo Ortiz Cancino, especialista en prevención y atención a desastres.
En la segunda jornada del Primer Congreso Estatal de la UEMSTIS (Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios), Escuelas Incorporadas “Hacia el aprendizaje integral, el quehacer cotidiano y la gestión de riesgos”, el ponente detalló que las características de los postes de seguridad no son las adecuadas para emitir una alerta sísmica, ya que deberían tener bocinas ubicadas hacia los cuatro puntos cardinales y no únicamente en dos.
También recordó que las aplicaciones dependen del funcionamiento de la red telefónica, del servicio de internet y de la demanda de usuarios, por lo que envían los mensajes uno por uno a cada persona y no de forma inmediata a todas de una sola vez.
También pidió supervisar la infraestructura de edificios y casas para detectar los puntos de seguridad que deben reforzarse y las zonas con mayor densidad de muros para resguardarse en caso de sismo, además de difundir que se deben evitar, por su vulnerabilidad, las esquinas de los inmuebles y los estacionamientos debajo de los edificios, porque son puntos débiles.
Acopiar agua de lluvia en escuelas, alternativa ante el cambio climático
Al exponer que en el Estado de México llueve en promedio hasta 750 litros por metro cuadrado al año, además de que por cada mexiquense podrían captarse hasta mil 740 litros por año, Manuel Anaya Garduño, especialista en el diseño y operación de sistemas de captación de agua de lluvia, se pronunció porque en las escuelas públicas de nivel medio superior de la entidad se implemente este tipo de mecanismos para garantizar a sus alumnos agua para sus diversas necesidades.
Primer ponente de la segunda jornada del Congreso “Hacia el aprendizaje integral, el quehacer cotidiano y la gestión de riesgos”, el investigador del Colegio de Posgraduados especialista en este tipo de proyectos expuso que la captación de agua pluvial es una alternativa sustentable y rentable ante el cambio climático que provoca, entre otros efectos, escasez de agua.
Ante directivos y docentes de escuelas de nivel medio superior públicas y privadas señaló que el modelo se alinea con las metas para la protección del ambiente de la Agenda 2030 y que ahí donde se ha implementado ha resultado exitoso. El ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura expuso en video proyectos en marcha en el Estado de México y Tlaxcala, así como en Panamá. Agregó que también los hay en El Salvador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y otros países.
Informó además que actualmente quienes impulsan estos proyectos buscan que el gobierno federal les otorgue la Norma Oficial Mexicana (NOM) para garantizar que el sistema es viable, seguro, rentable, amigable con el medio ambiente y de calidad.
Adicionalmente, Jazmín Díaz Melgoza, asesora de la Comisión de Cambio Climático del Senado de la República, ofreció una plática sobre las estrategias para minimizar la generación de emisiones de dióxido de carbono por persona, e invitó a los asistentes a medir constantemente el uso que hacen del agua, la energía eléctrica y el gas, así como los residuos sólidos que producen para generar conciencia y reducir gradualmente los parámetros obtenidos.
De igual manera, Hugo Hernández Bocanegra, asesor en gestión de riesgos y protección civil, llamó a sumar esfuerzos para impulsar una legislación más ágil para garantizar el derecho a la vida y a la integridad y para que se revise lo que puede hacerse en materia de colaboración y fortalecimiento al respecto.
También elogió que la iniciativa para la creación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que presentó el diputado Max Correa Hernández a la Legislatura mexiquense ayudará a establecer los derechos y obligaciones bajo el enfoque de que el riesgo es una construcción social y las personas afectadas o damnificadas tienen derechos plenos.
