Las autoridades mexicanas deben garantizar la protección de las dos hijas de Victoria Esperanza Salazar e informar a su familia sobre el paradero de su hija mayor, quien seguía sin localizarse a la hora de publicación de este comunicado, dijeron Amnistía Internacional, el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) hoy. Además, deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, y la repatriación digna de su cuerpo, afirmaron las organizaciones, tras la publicación de un video en el cual se observa cómo cuatro policías ocasionaron la muerte de Victoria al ejercer un uso excesivo de la fuerza en Tulum el 27 de marzo.
“Ellos sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte”, dijo Rosibel Emérita Arriaza, la madre de Victoria, a Amnistía Internacional.
“Yo como madre sé que mi hija no la voy a recuperar, solamente me quedaré con los recuerdos de mi hija. Lo que pido es una justicia real, donde investiguen exactamente todo lo que pasó en este abuso de la autoridad que hicieron estas cuatro personas… que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. Y también el Estado mexicano debe responsabilizarse como Estado, porque esto fue un caso parecido a lo que pasó en Estado Unidos con [George] Floyd”.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) confirmó públicamente que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018. La señora Rosibel confirmó que este lunes 29 de marzo, en la tarde, se enteró de la localización de la hija menor de Victoria, quien tiene 15 años, pero no sabe dónde ni cómo está la hija mayor de 16 años. Dijo que ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y que sólo se enteró del asesinato de su hija por alguien que lo vio en las noticias.
La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo dijo a Amnistía Internacional que no tiene información sobre el paradero de la hija mayor y que no se encuentra en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Es gravísimo que las autoridades mexicanas no hayan informado a la familia de Victoria sobre el paradero de sus dos hijas. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que entren en comunicación directa con la familia de Victoria Salazar para esclarecer el paradero y garantizar la seguridad de ambas niñas. Asimismo, deben tomar todas las medidas necesarias para una repatriación digna del cuerpo de Victoria a El Salvador, incluyendo otorgar visas a su familia y cubrir sus viáticos y demás gastos relativos.
Como Amnistía Internacional señaló en el informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, publicado a principios de marzo, las autoridades deben establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización constante para medir y evaluar la efectividad de las ! políticas, protocolos y lineamientos existentes en materia de uso de la fuerza. En investigaciones de uso innecesario y excesivo de la fuerza, deben establecer no sólo la responsabilidad de policías individualmente considerados, sino también la posible responsabilidad de integrantes de la cadena de mando.
Asimismo, las autoridades deben capacitar constantemente con herramientas teóricas y prácticas, y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, a los cuerpos policiales sobre derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la violencia de género. Deben realizar ciclos de evaluación constantes y exhaustivos sobre las capacitaciones a los cuerpos policiales, así como evidenciar sus resultados e impacto, y garant! izar la existencia de un mecanismo especializado externo e independiente de los cuerpos policiales, a cargo del monitoreo, supervisión y mejora de estas instituciones.
Consideramos inaceptable que en México sigan ocurriendo abusos policiales como el feminicidio de Victoria. Las autoridades deben fortalecer las corporaciones policiales con capacitación especializada en el uso adecuado de la fuerza, para evitar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes deberían de protegernos.
