- Conjunta tres iniciativas legislativas e incluye las aportaciones de colectivos de periodistas.
- Incluye mecanismos de protección, la cláusula de conciencia, el secreto profesional y crea una Fiscalía especial.
Diputadas y diputados locales mexiquenses aprobaron en comisiones, por unanimidad, la Ley para la Protección Integral de las Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, que conjunta tres iniciativas presentadas por diferentes grupos parlamentarios e integra las propuestas de colectivos regionales de periodistas y organismos nacionales e internacionales con el fin de proteger de manera integral el ejercicio de esta profesión, la libertad de expresión y el derecho a la información.
El dictamen, expuesto por la diputada Azucena Cisneros Coss, incluye medidas preventivas y urgentes de protección, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y establece la creación de una Fiscalía especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Durante la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Comité de Comunicación Social, las y los legisladores reconocieron las aportaciones hechas por los grupos parlamentarios y por los colectivos de periodistas de toda la entidad para la aprobación de esta ley que considera de interés público la actividad periodística, se apoya en estándares internacionales y pone énfasis en las medidas de prevención cuando un periodista se encuentra en riesgo.
Señalaron que la norma será aplicada de conformidad con los tratados internacionales signados por México, la Constitución Política federal y estatal, y bajo los principios de universalidad, independencia y progresividad favoreciendo en todo momento a las mujeres y hombres que ejercen este servicio.
Expresaron que con esta ley se transita hacia la protección efectiva y responsable de las y los comunicadores, pues enfrentar los ataques, agravios y crímenes en su contra debe ser prioridad de la autoridad, toda vez que vacíos legales propiciaron los altos niveles de inseguridad, como muestra el aumento de agresiones en 2019 que dieron por resultado la expedición de 91 medidas cautelares en favor de reporteras y reporteras, y 63 a favor de defensores de derechos humanos.
Indicaron que este nuevo ordenamiento estatal establece la obligación del Estado de garantizar la vida y seguridad de las y los periodistas, además de enfatizar la necesidad de reforzar su protección desde el ámbito local, toda vez que, de acuerdo con la Unesco, 95% de las y los periodistas fallecidas en el ejercicio de esta actividad ejercían el reporteo local.
Durante la reunión, presidida por el diputado Juan Maccise Naime, expresaron sus posturas las diputadas Beatriz García Villegas, Claudia González Cerón e Ingrid Krasopani Schemelensky, así como el diputado Marlon Martínez Martínez.
