SAN SALVADOR (AP) — La decisión del Congreso salvadoreño dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele de destituir de un plumazo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General elevó al máximo las preocupaciones a nivel local e internacional sobre que se esté trastocando la división de poderes en el país centroamericano.
Como lo había anticipado, la nueva Asamblea Legislativa —con los votos de 64 de los 84 diputados de ese órgano— removió a los cinco magistrados con los respectivos suplentes y designó de inmediato a sus reemplazantes, a los que juramentó sin contratiempos. También destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que “jamás” ha estado vinculado ni ha respondido “nunca” a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
Acuerpados por la Policía Nacional Civil, los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual que el nuevo fiscal, en una medida que fue rechazada y generó la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se comunicó telefónicamente con Bukele para expresarle la “gran preocupación” del gobierno del presidente Joe Biden por la remoción de los magistrados y del máximo fiscal de la nación.
“El secretario Blinken señaló el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil dinámica, y apoyando al sector privado, que depende del estado de derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños”, señaló en una nota de prensa Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.
The Associated Press pidió un comentario a Casa Presidencial sobre esa nota pero no respondió de inmediato.
El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: “Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo al señalar que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.
