BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Corría el año 2011 cuando Doris Tejada sintió un escalofrío mientras veía un reporte de noticias en la televisión en el que un grupo de madres colombianas culpaba a los militares de los asesinatos de sus hijos desaparecidos. “Eso que está pasando con los hijos de ellas es lo mismo que nos está pasando a nosotros”, le dijo esa noche a su esposo, Darío Morales. “Dicen que es un falso positivo. Yo no sé qué eso”.
Doris perdió el rastro de su hijo Óscar Alexander, de 26 años, durante el fin de año de 2007, cuando viajó desde su casa en Fusagasugá, a dos horas de Bogotá, hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta para trabajar vendiendo ropa. El joven recién había perdido su trabajo como ayudante de un topógrafo e invirtió sus ahorros en la mercancía para ayudar a su familia. La última vez que Doris lo escuchó fue aquel 31 de diciembre.
Más de una década después, Doris y su marido saben que Óscar engrosa la lista de falsos positivos, como se conoce en Colombia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del ejército que los hicieron pasar por guerrilleros en la década de los 2000. El caso de Óscar fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de juzgar los hechos del conflicto interno, en el macrocaso de falsos positivos.
Según han admitido algunos militares, estos hombres inocentes eran llevados a lugares distantes mediante engaños, luego los mataban y los hacían pasar por criminales derrotados en combate para reclamar recompensas a cambio de presentar resultados en la lucha contra los grupos armados.
Tras la desaparición de su hijo en medio del conflicto armado interno, Doris se unió a las Madres de Soacha, una organización conformada por madres, esposas y hermanas que exigen justicia por casos similares y fueron las primeras en denunciar ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las Madres de Soacha buscan a los responsables sin descanso.
En Colombia los procesos para indagar en los asesinatos de falsos positivos no avanzan al ritmo que las víctimas quisieran: en la justicia ordinaria hay 10.742 personas investigadas, la mayoría militares entre los que hay involucrados miembros de 25 brigadas del Ejército, pero sólo han sido condenados 1.740 de ellos, según reportó en 2019 la Fiscalía a la Corte Penal Internacional. La AP consultó a la Fiscalía sobre los casos y las etapas de investigación en la que se encuentran a la fecha, sin obtener respuesta.
De un grupo de 20 víctimas de las Madres de Soacha, Doris, de 70 años, es la única que no ha encontrado los restos de su hijo. “Me siento impotente, como que ya las fuerzas me faltan porque no he podido recuperar el cuerpo de mi hijo después de 13 años y darle una cristiana sepultura, como todo ser se merece”, contó entre lágrimas a The Associated Press.
