Las reformas que tenemos hoy y las que se quieren hacer no atienden el hecho de que nuestro sistema penal tiene deficiencias estructurales y en sus procesos: Reintegra
Ciudad de México a 06 de enero del 2020.- En días pasado se realizó el anuncio de una propuesta para reformar el sistema judicial en México, se indica que el objetivo es que a través de nueve acciones se endurezca. Entre los cambios más relevantes se encuentra que los jueces serán fiscalizados y nombrados por el Senado y que, si incurren en temas de corrupción sean juzgados penalmente en tribunales.
El tema ha resultado bastante polémico por las implicaciones que trae consigo, reflexionemos qué significa esta proposición. Aunque Ricardo Monreal aplazó la presentación formal de la reforma constitucional definida como “profunda y compleja”, podríamos preguntarle al senador ¿qué son para él esos conceptos? ¿Hablamos de la profundidad de la prisión o de sistema penal mal estructurado?
El argumento central para realizar estos cambios descansa en que durante los últimos 20 años se han generado acciones que no solucionan nada y que contienen las situaciones a medias mientras la escalada delictiva sigue en ascenso preocupando cada día más a los ciudadanos, pero ¿de verdad esta reforma es lo que necesitamos?
En primera instancia significa una violación de los derechos humanos que tanto se han buscado enaltecer, porque estaríamos regresando a un modelo inquisitorio en el que el sujeto es casi un objeto y es un modelo que abandonamos hace mucho tiempo ya que se decidió ponderar la garantía de una vida y procesos dignos independientemente de las causas que nos puedan llevar a incurrir en un acto delictivo.
“Nos encontramos ante un doble discurso, se nos ha dicho que se busca dar paz al país, hermanarlo, que las personas no seas estigmatizadas y criminalizadas, que la desigualdad económica y social no impere en los procesos penales, pero por otro lado se aprueba la prisión preventiva oficiosa que libera a muy pocos y encarcela a muchos a quienes ni siquiera se les ha probado el delito regresando a un sistema inquisitorio.” Dijo Jimena Cándano, Directora General de Fundación Reintegra.
Las consecuencias más preocupantes y que no debemos ignorar son los cateos sin debido procedimiento; la intervención a nuestra comunicación, incluyendo la de nuestras redes sociales, incluso la más encriptadas como WhatsApp; la ampliación del arraigo a 40 días por cualquier delito y la del tiempo que se pasara a disposición del Ministerio Público; la determinación inmediata de las medidas a cumplir. ¿Por qué resulta preocupante? Porque las reformas que tenemos hoy y las que se quieren hacer no atienden el hecho de que nuestro sistema penal tiene bastantes deficiencias estructurales y en sus procesos, lo cual nos lleva nuevamente a los que no tienen privilegios sociales sean los más afectados, exponiéndolos a condiciones más nocivas, es ahí donde reposa la negligencia y la corrupción.
El objetivo es que “el delincuente” no se escape tras haber infringido la ley, pero volvemos al punto de que el sistema penal mexicano tiene muchas fallas en sus procesos de investigación, las detenciones arbitrarias y el tradicional chivo expiatorio, ¿y si alguien es inocente? Parece no importar.
***
Acerca de Reintegra:
Es una fundación que trabaja a favor de la justicia social, equidad de oportunidad y derechos para los jóvenes en conflicto con la ley. Tiene como misión prevenir el delito y reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, fortaleciendo sus capacidades y concretando un proyecto de vida, siendo un referente en la opinión pública nacional e internacional en la prevención del delito a través de la reinserción social.
