• Diputada Pérez Valdez (PRD) impulsa un punto de acuerdo sobre el tema
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) impulsa un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluya, en su programa anual de auditorías para 2021, la evaluación del desempeño y cumplimiento financiero al programa de aplicación de las vacunas anti-Covid a la población mexicana.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, plantea que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a instruir a la ASF en ese sentido.
En los considerandos, señala que es necesario gestionar, desde el Poder Legislativo, una política pública de salud que deslinde responsabilidades y castigue a los culpables de la instrumentación negligente de la planeación y registro de las vacunas.
Destaca que subsanar las deficiencias y anomalías posibilitará inmunizar a la población mexicana y propiciar una salida de la crisis de salud y económica que padecen millones de mexicanas y mexicanos, pero, sobre todo, evitar que sigan muriendo.
Menciona que, “como cabeza de sector y responsable institucional en materia de salud, la Secretaría de Salud debería tener el registro de las dotaciones que expresa la Secretaría de Relaciones Exteriores que le ha entregado; no obstante, la primera, parece no tenerlas en sus inventarios”.
Precisa que la aplicación de las vacunas y su logística, desde la compra hasta su inmunización a la población, la comparten la Secretaría de Relaciones Exteriores que las compra y las trae a México, y la Secretaría de Salud, que las recibe, planifica la vacunación y las distribuye con la participación del Ejército.
De ahí, señala la necesidad de llevar a cabo una auditoría sobre cuántas vacunas realmente han llegado a México, pues “al momento, no se ha iniciado una investigación para profundizar qué sucedió y cuál fue el destino de 18 millones de vacunas, y en plena tercera oleada de Covid-19, los contagios no dan tregua, la mortandad se dispara entre la población entre 18 y 31 años y la población infantil en las familias mexicanas”.
