• Esta población ha sido invisibilizada en políticas y gasto público: diputada Salma Luévano
• Vital, atender necesidades y armonizar leyes con los tratados internacionales
Ante diputadas de la Comisión de Diversidad, representantes de asociaciones civiles y activistas LGBTIQ+ externaron sus inquietudes y posturas respecto de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2022, a fin de que este tema sea considerado.
Vital, escuchar a la población vulnerada
La presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna (Morena), refirió que anualmente la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos, y de acuerdo con el artículo 42, fracción VIII, inciso f), de la de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá establecer mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen del gasto.
En este sentido, dijo, las comisiones ordinarias participan en la discusión presupuestaria, a través de la emisión de una opinión, “la cual para la Comisión de Diversidad es importante emitirla, no sin antes haber escuchado a la sociedad civil, a personas expertas en el tema de la diversidad y funcionarios de instituciones que aplican recursos directos e indirectos a la población vulnerada”.
Indicó que la población LGBTIQ+ ha sido invisibilizada por muchos años en todos los rubros de la sociedad, incluyendo las políticas públicas del sector gubernamental, y desafortunadamente el presupuesto público no es la excepción.
De acuerdo con un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México, relató, la población LGBTIQ+ representa un grupo segregado en diversos ámbitos de la vida, lo que incluye el presupuesto, “ya que, a pesar de las problemáticas de la población, los esfuerzos en materia financiera por parte del gobierno son insuficientes”.
Precisó que, conforme a este análisis, es oportuno tomar en cuenta a la diversidad sexual como parte de una política concreta, porque falta especificar un presupuesto y esfuerzos a fin de contrarrestar la discriminación hacia estas poblaciones, evitar crímenes de odio, e impedir acciones como el no reconocerles derechos civiles elementales.
Afirmó que trabajará de la mano con las organizaciones y sociedad civil para avanzar en la política pública a favor de la población LGBTIQ+, lo que “es urgente, y evitar que quede como letra muerta. Sus propuestas nos ayudan a nutrir la agenda, informar y sensibilizar”.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) agradeció a los participantes y externó que “enriquecer nuestro trabajo como legisladores es algo que valoramos y apreciamos muchísimo. Van a darnos la fuerza y el impulso para que esta Comisión entregue muy buenas cuentas a toda la comunidad”.
Atender necesidades de población LGBTIQ+
Oyuki Martínez Colín, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), activista LGBTIQ+ y especialista en temas de salud sexual, prevención y atención de VIH/SIDA, solicitó atender las necesidades de una de las poblaciones más olvidada y discriminada, como es la trans. “Es una deuda histórica e institucional que se tiene”.
Consideró vital establecer mecanismos y protocolos de atención para el acceso a la salud, sensibilización de personal especializado, homologar las políticas públicas y las leyes con los tratados internacionales, además de generar acciones en coordinación con los tres niveles de gobierno para atender a la población LGBTIQ+.
Es la población más soslayada
Libia Edith Alonso Sánchez, representante del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, sostuvo que mujeres y hombres trans conforman la población más soslayada y consideró importante transversalizar el tema de la salud. Subrayó que también se han dejado de lado a las adultas mayores. “Las mujeres y hombres trans, después de su transformación, su salud se merma muchísimo”
En el tema de acceso al trabajo, comentó que se tiene un planteamiento que va más allá de crear políticas que den incentivos a las empresas para que contraten a hombres y mujeres de la diversidad. “Hay poco acceso al trabajo, a una planta de trabajo formal y es importante. Tenemos todo un plan para una política pública”.
Garantizar los fondos y recursos
Rocío Suárez, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, A.C, afirmó que se deben garantizar los fondos y recursos para que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) pueda operar. La Comisión de Atención a Víctimas debería retomar el tema de la violencia hacia las poblaciones LGBTIQ+, opinó.
Resaltó que también debe garantizarse presupuesto al Censida para atender a las poblaciones que lo requieran. Es necesario revisar la parte legislativa a fin de que las instituciones creadas incorporen el enfoque de diversidad sexual y de género; al hacerlo, “tendrían que destinar o determinar presupuesto”.
Personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos en la pandemia
La coordinadora de Yaaj México, Alejandra Paredes, aplaudió estos espacios para la discusión y análisis de acciones que aseguren el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Considerar a la sociedad civil en las decisiones del gasto y distribución de fondos es fundamental.
Mencionó que durante la pandemia de Covid-19 se logró articular esfuerzos con organismos nacionales e internacionales para tener datos que cuantificaran las diferentes realidades que experimentó la población. Se sabe que siete de cada diez personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos, total o parcialmente; “por ello, es vital reflexionar sobre los temas que atañen al gasto público”.
Precisó que en el tema de acceso a la salud, un tercio de la población se atendió en consultorios de farmacia, y el 25 por ciento de la comunidad LGBTIQ+ tuvo que interrumpir diversos tratamientos en materia de salud mental. Urgió a armonizar las leyes federales con los tratados internacionales suscritos, a fin de asegurar que el presupuesto cumpla con las obligaciones que el país firmó contra toda forma de discriminación e intolerancia.
