CDMX, 18 de noviembre de 2021.- Extrabajadores ferrocarrileros solicitarán al Gobierno Federal la conformación de un nuevo acuerdo de pagos rápidos, que obligue al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana a pagar la totalidad del monto de su liquidación, mismo que no han recibido desde 1992 la gran mayoría de ellos motivo de la privatización del sistema ferroviario mexicano.
Lo anterior es resultado de la falta de cumplimiento del acuerdo de extinción de Ferronales y fue propiciado por un contubernio entre el sindicato ferrocarrilero dirigido por Víctor Flores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como el banco HSBC, para no pagar el total del dinero de los laudos a favor de los miles de trabajadores ferrocarrileros, que interpusieron denuncias por las irregularidades en sus liquidaciones desde hace casi 30 años.
María Elena Antillón, abogada representante de los trabajadores ferrocarrileros que exigen su correcta liquidación en el estado de Chihuahua, afirmó que sus representados son los primeros a nivel nacional en “alzar la voz” para exigir el pago de sus derechos financiero derivados de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, que dio paso al caso de corrupción más grande en la historia del sindicalismo mexicano, protagonizado por Víctor Flores Morales.
Prueba de este reclamo son los 23 días de toma que tienen las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 26 en Chihuahua por parte de los trabajadores, para exigir el pago completo de los cheques generado con sus laudos a favor, mismos que son entregados por la Junta a los abogados y no a los trabajadores y cuyas cuentas son abiertas por HSBC para que los abogados dispongan del dinero de los trabajadores, a quienes les dan solamente el 30% en promedio y el 70% restante se reparte entre el sindicato, los abogados, las Juntas y las autoridades del IMSS.
La abogada Antillón, así como los ex trabajadores Sergio Legarda y José Alfredo Chacón, hicieron un llamado a que los miles de trabajadores ferrocarrileros que no fueron liquidados a nivel nacional o cuyas liquidaciones no han sido respetadas conforme al acuerdo de 1993, a que se sumen a este esfuerzo para denunciar los atropellos de Víctor Flores, de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y le exijan al Gobierno Federal que intervenga para hacer justicia en lo que denominaron un “magnicidio laboral” que dio inicio en la administración de Ernesto Zedillo y que no ha sido solucionado en los gobiernos subsecuentes.
La abogada y los extrabajadores ferrocarrileros hicieron además un reconocimiento a la exigencia de democracia sindical del gremio ferrocarrilero que crece en todo el país en torno al Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, encabezado por Eduardo Canales Aguiar.
FERRO, aseguró María Elena Antillón, ha denunciado también que miles de trabajadores ferrocarriles de todo el país están enfermos, han muerto o no han recibido su liquidación, debido a un manejo corrupto y total por parte de Víctor Flores del fideicomiso creado en el proceso de privatización de Ferronales para el pago de las liquidaciones, el cual se configuró con recursos del proceso de compra por parte de las empresas concesionarias.
Es por ello que urge un nuevo convenio de pago rápido, añadieron, que modifique el acuerdo de 1993 y que le haga justicia a miles de trabajadores ferrocarrileros, muchos de los cuales tienen mas de 80 años y han vivido bajo un engaño total del sindicato y del poder judicial a través de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, como el caso de Chihuahua, así como de muchos abogados que se han beneficiado a lo largo de los años con sus recursos.
Es urgente, explicaron, que el poder judicial haga un esfuerzo de transparencia en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para que revisen lo que ha sucedido desde el 2003 con los trabajadores ferrocarrileros mexicanos que han sido engañados y robados durante todo ese tiempo, en estas instancias y sus abogados en contubernio con el sindicato de Víctor Flores.
La abogada Antillón aseguró que incluso en el caso de que los laudos de los jueces a favor de los ferrocarriles no se hagan públicos en todo el país, procede la posibilidad de embargo al sindicato ferrocarrilero para que se pueda hacer el pago de estos millones de pesos que les han sido robados injustamente a los extrabajadores ferrocarrileros y sus familias.
