- El acoso materno también será causa de despido en el servicio público: Viridiana Fuentes.
- Propone Omar Ortega reformas para que la población influya en las políticas públicas medioambientales.
El grupo parlamentario del PRD en el Congreso local propuso sanciones penales de seis meses a dos años de prisión en contra de quien permita o tolere el acoso materno, debido a un embarazo, parto o una condición médica relacionada con el embarazo, el parto o el puerperio, en contra de un trabajador o trabajadora debido a sus responsabilidades familiares.
Además, la propuesta para reformar el Código Penal estatal y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios establece como causa de recisión laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas, el acoso maternal.
La legisladora Viridiana Fuentes Cruz enfatizó que no se puede seguir tolerando que a las mujeres se les someta a presiones, burlas, tratos injustos o despidos por el hecho de ser madres y aseguró que este tipo de situaciones suceden diariamente, pero pocas veces se denuncian porque no existe el marco legal adecuado, por lo que es urgente la concientización y la puesta en marcha de medidas concretas y efectivas que pongan fin a esa discriminación. Las comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Procuración y Administración de Justicia analizarán la iniciativa.
La población debe influir en las políticas medioambientales, propone Omar Ortega
El coordinador parlamentario del PRD en el Congreso local, el diputado Omar Ortega Álvarez, propuso reformas al Código de la Biodiversidad del Estado de México para ampliar la Democracia Ambiental dentro de la legislación a fin de que la población pueda influir de manera positiva e integral en la consolidación de proyectos, políticas públicas, acciones y cualquier tipo de mecanismo implementado a propósito de la protección y cuidado del medioambiente.
Propone que la Secretaría del Medio Ambiente convoque a personas campesinas y productoras agropecuarias, pesqueras y forestales, comunidades agrarias y pueblos indígenas para que manifiesten sus opiniones y formulen propuestas concretas en la materia y celebre convenios con instituciones educativas y académicas para la realización de estudios e investigaciones, con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas a fin de emprender acciones ecológicas conjuntas, así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente.
Además, deberá impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos, así como su uso en energías renovables, e integrar órganos de consulta en los que participen los municipios y dependencias de la administración pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales con funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política ambiental. La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático analizará la iniciativa.
