- Las y los participantes señalaron que reconocer legalmente sus derechos facilitaría su acceso a vivienda empleo y educación.
- Violencia y discriminación reducen esperanza de vida de las personas trans, coinciden.
La diputada Araceli Casasola Salazar reafirmó el compromiso del grupo parlamentario del PRD en la LX Legislatura mexiquense de seguir luchando por el respeto a los derechos de las personas trans, quienes a causa de la violencia y la discriminación tienen una esperanza de vida de 35 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aseguró que seguirán impulsando las iniciativas de matrimonio igualitario, identidad de género y acompañamiento en salud, hasta que sean aprobadas.
Al inaugurar el foro “Rumbo al reconocimiento de los derechos de las personas trans”, en el cual integrantes de esta comunidad expusieron sus principales inquietudes y demandas, la diputada solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de todas las personas trans que han muerto a causa de la transfobia y la intolerancia, y lamentó que hasta ahora el Estado haya hecho poco o nada para reconocer y garantizar su protección y ejercicio de sus derechos.
Por ello, Casasola Salazar sostuvo que es obligación de las y los legisladores atender las demandas de este sector de la población, además de abrir espacios para conocer su problemática y legislar en consecuencia, razón por la cual comprometió a la bancada del PRD a seguir acompañando la lucha de estos colectivos, porque se trata de una causa justa y no de partidos ni de colores.
Durante el foro, Tanya Vázquez, activista y fundadora del colectivo Mujeres TRANS famosas de Toluca y del comedor comunitario Un Plato de Ayuda, planteó que reconocer legalmente sus derechos les daría herramientas para acceder a vivienda, empleo, salud y educación, mientras que la activista y ambientalista del Colectivo Trans Estado de México y Alrededores Sharon Hernández, integrante del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dijo que reconocer estos derechos ayudaría a combatir el rechazo del que son víctimas.
Después de que Patricia Mireles Sosa, presidenta del Cabildo Prodiversidad Sexual del Estado de México, aseveró que negar identidad a las personas trans es violencia, Belén Benhumea Bahena, activista, feminista e integrante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló como un problema grave de la comunidad que no se les quiera visibilizar y se le niegue el acceso a la educación, en tanto que el activista Diego Martínez González denunció que no hay medicina especializada en el sector público de salud para la comunidad trans, y que en este sector prevalecen prejuicios para otorgarles atención.
De la Red de Apoyo Trans Toluca, Ana Valeria Garduño, destacó la importancia de crear redes para la protección de los derechos de esta comunidad y señaló la deuda histórica del Estado y de la sociedad con la comunidad, recordando que México es segundo lugar mundial en crímenes de odio, solo detrás de Brasil, mientras que Gloria Virginia Davenport, activista y periodista, llamó a promover la armonización de la legislación mexiquense con la de la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, que ya reconocen la posibilidad de solicitar legalmente la identidad de género.
