- Accionistas de Grupo Fuchela interponen una denuncia contra Aurelio Lozano García, fiscal de la Unidad de Delitos Patrimoniales, por abuso de autoridad y presunto encubrimiento a empresarios gasolineros ligados al robo de combustible.
- Solicitan la separación inmediata del cargo, atracción de las carpetas por la Fiscalía General y auditoría integral a la Fiscalía de Querétaro, tras operativos federales en las estaciones de serviciosobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Miranda.
Querétaro, Qro., 1 de octubre de 2025.– Accionistas y víctimas de Grupo Fuchela S.A. de C.V. interpusieron una denuncia y exigieron la separación inmediata del Fiscal de Acusación Jefe de Unidad, Aurelio Lozano García, a quien señalan de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y presunto encubrimiento a favor de una red de expendios de combustible ilícito en el estado.
La solicitud de destitución e investigación penal surge tras los recientes operativos federales contra el huachicol en la entidad, que incluyeron el aseguramiento de la gasolinera, propiedad de Grupo Fuchela, ubicada en la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Miranda (Monumento a Conín), clausurada los días 19 y 20 de septiembre por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional. En el sitio se aseguraron bombas despachadoras y combustible, derivado de la carpeta FED/FEMDO/FEIDMHDARV-QRO/0000846/2025.
Este operativo se suma a otras acciones contra el robo de hidrocarburos en Querétaro: en marzo se aseguraron tres estaciones con más de mil 600 litros; en junio se decomisaron más de 15 mil litros en predios de El Marqués y Querétaro; y apenas el 24 de septiembre se reportaron nuevos cateos con incautación masiva de gas LP, gasolina y dinero en efectivo.
De acuerdo con los accionistas denunciantes, desde 2021 existen denuncias documentadas contra los empresarios José Casal García y José Casal Domínguez, quienes presuntamente operan de manera fraudulenta múltiples negocios gasolineros y actualmente son investigados por delincuencia organizada en modalidad de tráfico de hidrocarburos.
Entre las pruebas destacan la simulación en el precio de compra de un terreno, reportado a inversionistas en 15.3 millones de pesos, cuando en el contrato del Registro Público aparece por 8.15 millones. La negativa a rendir cuentas y la omisión en el reparto de utilidades desde la constitución de la empresa en 2014.
La desviación de recursos de Grupo Fuchela hacia negocios personales. Los afectados subrayan que el fiscal Aurelio Lozano García, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, bajo responsabilidad de la titular Julieta Elizabeth Moreno Hortado, habría incurrido en prácticas irregulares que beneficiaron directamente a Casal García: Interpretaciones a modo de resoluciones judiciales. Archivo temporal de la investigación sin notificación legal. Uso de constancias telefónicas falsas para simular notificaciones.
Por ello, el pasado 10 de junio se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción (CI/QRO/18570/2025) y una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control (Queja 129-2025). Ambas, sin resolución hasta la fecha.
EXIGENCIAS DE LOS AFECTADOS
Los accionistas y víctimas sostienen que la inacción del fiscal permitió la permanencia de negocios ligados al huachicol en Querétaro, con impacto directo en el patrimonio de la empresa y en los consumidores. Por ello plantearon seis medidas inmediatas:
*Separación del cargo del fiscal Aurelio Lozano García.
*Atracción de las carpetas por la Oficina del Fiscal General.
*Reposición de actuaciones viciadas y acceso efectivo a la justicia.
*Reanudación de las investigaciones contra José Casal García y cómplices.
*Auditoría integral a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Querétaro.
*Vigilancia extraordinaria en estaciones de servicio de la zona metropolitana, especialmente sobre la carretera 57.
