Palacio Legislativo, 18-08-2024 (Notilegis).- El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió sobre la existencia de un fenómeno conocido como «narcoinflación», derivado de la extorsión y cobro de piso que el crimen organizado impone a productores, transportistas y comerciantes.
En un comunicado referente al programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas” que el legislador transmite por sus redes sociales, afirmó que esta situación impacta significativamente los precios de productos básicos, afectando de forma directa al consumidor final.
Explicó cómo la delincuencia ha incrementado los costos de productos como el limón, específicamente en Michoacán, donde hace una semana costaba 32 pesos; el aumento se debe al cobro de piso que afecta a todas las etapas de la cadena de suministro, desde la producción hasta la venta en los mercados.
Según el legislador, los productores han pasado de pagar dos pesos por kilo a cinco pesos, lo que ha llevado a muchos a declararse en paro ante el abuso del que son víctimas.
Enfatizó en que a pesar de los esfuerzos legislativos por aumentar las penas para la extorsión, es necesario que las autoridades actúen de manera efectiva para frenar este problema que está erosionando la economía y la seguridad en muchas regiones del país.
Por su parte, el economista Mario Di Costanzo, quien acompañó a Moreira en el programa, indicó que, según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre un 10 y 15 por ciento del incremento en los precios de alimentos básicos obedece al cobro de derecho de piso.
Precisó que las ganancias del crimen organizado por este concepto ascienden a 200 mil millones de pesos anuales, superando con creces el presupuesto asignado a la Guardia Nacional.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub, quien también participó en la transmisión, mencionó que la extorsión es un delito en crecimiento con 4.9 millones de casos al año, muchos de ellos orquestados desde las cárceles. Este delito ha sido incluido en la reciente reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, lo que busca endurecer las penas para quienes lo cometen.
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