Estado de México.— Ciudadanos han comenzado a denunciar un posible patrón de abusos vinculados a concesionarias de grúas y presuntos vínculos con autoridades, que podría estar extendiéndose entre municipios del Valle de México, particularmente de Tlalnepantla a Cuautitlán Izcalli.
El caso de Karina Alférez, madre soltera mexiquense, ocurrió en el municipio de Tlalnepantla, donde —según su testimonio— su vehículo fue remitido al corralón tras sufrir una llanta ponchada, derivando en un cobro cercano a los 18 mil pesos por parte de la concesionaria Grúas Chavarría, situación que calificó como injustificada.
Tras negarse a pagar lo que consideró un abuso, emprendió un proceso legal que se prolongó durante casi un año, logrando recuperar su patrimonio. Sin embargo, denunció que posteriormente enfrentó nuevas acusaciones, las cuales atribuye a una presunta represalia por haber enfrentado a la empresa.
A partir de este caso, usuarios en redes sociales han comenzado a señalar que situaciones similares podrían estarse replicando en otros municipios, particularmente en Cuautitlán Izcalli, donde se han denunciado presuntos abusos en operativos relacionados con motocicletas y remisiones al corralón.
En ese contexto, han surgido señalamientos sobre posibles vínculos personales —“compadrazgos”— entre operadores de grúas y elementos de seguridad pública. Entre los nombres mencionados en estas versiones se encuentra el de Juan Carlos Linares Morales, identificado como “RG 29”, quien, de acuerdo con publicaciones, participaría en operativos en la zona y mantendría cercanía con mandos superiores.
De acuerdo con estas denuncias ciudadanas, este tipo de relaciones podría estar generando condiciones para que ciertas concesionarias operen con presunto respaldo institucional, lo que —de confirmarse— representaría un posible conflicto de interés y un uso indebido de operativos de seguridad.
Las críticas se han intensificado tras operativos recientes en Cuautitlán Izcalli, donde decenas de motocicletas han sido remitidas al corralón, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre si estas acciones responden exclusivamente a estrategias de seguridad o si podrían estar beneficiando indirectamente a intereses particulares.
Hasta el momento, el gobierno encabezado por el alcalde Daniel Serrano no ha emitido una postura específica sobre estos señalamientos.
Ciudadanos exigen una investigación a fondo sobre la actuación de la concesionaria Grúas Chavarría, al considerar que podría existir un esquema de abuso que se estaría replicando entre municipios, donde la ley —afirman— estaría siendo utilizada en contra de quienes trabajan y buscan defender su patrimonio.
