· En México, cada año mueren alrededor de 16,000 personas por siniestros viales, y más de 1.6 millones resultaron lesionadas de 2021 a 2023.
· Un etiquetado de seguridad vehicular con calificaciones de estrellas, es una herramienta clave para transformar el mercado automotor en América Latina.
· De acuerdo con un estudio del BID, la mejora en seguridad vehicular e información para consumidores en México podría salvar 5,627 vidas al año.
Ciudad de México, 11 de junio de 2025. – México enfrenta una grave crisis de seguridad vial: cada año mueren alrededor de 16,000 personas por siniestros viales, sin que exista un marco normativo actualizado que proteja efectivamente a todos los usuarios de la vía.
Ante esta emergencia, las organizaciones El Poder del Consumidor, Salud Justa MX, Coalición Movilidad Segura y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y El Caribe (Latin NCAP) alertan que la falta de armonización entre el marco normativo de seguridad vehicular y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) es una deuda pendiente del Estado mexicano. Cada día de inacción se traduce en pérdidas económicas, lesiones y, lo más grave, más muertes evitables.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 se reportaron 15,986 muertes relacionadas con siniestros viales,[1] y en tan solo tres años, más de 1.6 millones de personas sufrieron lesiones por esta causa según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2023. Esta misma fuente señala que el 30% de quienes sobrevivieron a un hecho vial (alrededor de 475,640 personas) vive con secuelas físicas o mentales crónicas.[2]
Además, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que en 2018 los siniestros viales tuvieron un costo total de entre 174 y 204 mil millones de pesos (mmdp), equivalente al 0.78-0.92% del PIB. De esta cifra, entre 111 y 121 mmdp corresponden a los costos humanos (no materiales) asociados al sufrimiento, dolor y pérdida de las víctimas y sus familias[3].
Areli Carreón, integrante de la Coalición Movilidad Segura, advirtió que “la falta de regulación y fiscalización deja a la ciudadanía expuesta a vehículos de baja seguridad, en un entorno de movilidad hostil. Cada día que pasa sin actualizar las normas, se perpetúa la violencia vial estructural que afecta a quienes menos protección tienen. Se trata de una omisión que puede y debe ser corregida en el corto plazo, pues tenemos todas las bases, el conocimiento y la argumentación necesarias para avanzar en los procesos de armonización”.
Los representantes de las organizaciones civiles reconocieron que la LGMSV, promulgada en 2022, marcó un avance histórico al garantizar el derecho a una movilidad segura, incluyente y accesible. Sin embargo, advirtieron que, hasta ahora, la falta de armonización normativa ha impedido su implementación efectiva.
Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, indicó que “esta parálisis se refleja especialmente en la NOM-194,[4] norma que regula los dispositivos mínimos de seguridad con los que deben contar los vehículos nuevos comercializados en México, puesto que no ha sido actualizada y es omisa en protección de usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, motociclistas, niñas, niños y personas con discapacidad, siendo que existen, por ejemplo, tecnologías como el estándar de protección a peatones, implementado desde hace décadas en la Unión Europea y el frenado autónomo de emergencia, que aún no son obligatorias en México. Es una gran oportunidad para que en nuestro país se cierre la brecha que nos separa de otros países que ya cuentan con estándares mínimos de seguridad vehicular aceptables, que ya están salvado miles de vidas. De hacerlo, se evitaría el enorme sufrimiento humano que afecta a las familias”.
Una de las omisiones más importantes en el marco normativo mexicano es la ausencia de una Norma Oficial Mexicana que regule los Sistemas de Retención Infantil (SRI), fundamentales para la seguridad de los infantes al viajar en auto. La falta de una normativa permite la venta de productos que no cumplen con estándares mínimos de seguridad, poniendo en riesgo a bebés, niños y niñas. La eficacia de un SRI certificado, instalado correctamente reduce hasta en un 80% el riesgo de muerte.[5]
Al respecto, Brodziak señaló: “tenemos mucha confianza en que pronto impulsaremos una normativa que regule los SRI, pues es un reto que atañe a una población vulnerable que depende de nuestras acciones. Salvaguardar su vida, está en nuestras manos”.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la mejora en seguridad vehicular e información para consumidores en México podría salvar 5,627 vidas al año[6], es decir un 3 de cada 10 muertes viales. El mismo estudio revela que la implementación del estándar de protección a peatonesevitaría entre 1,296 y 1,782 muertes cada año en el país. Además, la evidencia internacional respalda que el frenado autónomo de emergencia (AEB) ha demostrado su eficacia, como en Estados Unidos, donde la AAA Foundation for Traffic Safety calcula que podría reducir hasta en un 90% las muertes anuales por atropellamientos.[7]
Durante la conferencia, los integrantes de las organizaciones mencionaron que se encuentra pendiente la armonización de la NOM-160[8] sobre información comercial para la venta de vehículos nuevos, la cual desde 2014 no se ha actualizado, y en la cual señalaron, se debe contemplar la incorporación de un sistema de etiquetado obligatorio con calificaciones de estrellas de seguridad que demuestren su desempeño de seguridad. Este tipo de etiquetado permitiría que las personas consumidoras tengan acceso inmediato, en el punto de venta, a información clara, comparativa y verificable sobre el desempeño en seguridad de los automóviles.
Rafael Tucci, integrante de Latin NCAP, enfatizó: “el etiquetado con calificaciones con estrellas de seguridad de Latin NCAP es una herramienta clave para ofrecer al consumidor información transparente y sencilla a la hora de adquirir un vehículo. La visibilidad de las estrellas de seguridad en el punto de venta permite al consumidor elegir con mayor conciencia y, al mismo tiempo, obliga a los fabricantes a mejorar sus modelos de menor seguridad. Esta medida debería incorporarse lo antes posible como parte de las actualizaciones normativas en México. Un sistema de etiquetado de seguridad va transformar el mercado automotor en América Latina y el Caribe”.
Cabe destacar que la LGMSV establece en su artículo 54 que “las Normas Oficiales Mexicanas establecerán los requisitos de información que los fabricantes, importadores y personas concesionarias de vehículos nuevos deberán dar a conocer respecto del desempeño de protección y la seguridad de los vehículos, con un sistema de información de fácil comprensión”.[9]
El marco federal establece que todas las entidades federativas deben adaptar su legislación para garantizar el derecho constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión e igualdad. Sin embargo, en entidades como la Ciudad de México, el Congreso no ha presentado un dictamen que cumpla con este mandato, lo cual ha generado preocupación entre activistas, especialistas y familiares de víctimas de siniestros viales.
En ese sentido, Claudia Moreno, integrante de Salud Justa, subrayó: “No podemos permitir que la Ciudad de México siga postergando una deuda legal y moral con su ciudadanía. Armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no es solo una obligación jurídica: es una decisión ética que salva vidas. Cada día que pasa sin una reforma que eleve los estándares de seguridad vehicular, que promueva flotillas públicas seguras y tecnologías de protección comprobadas, es una omisión que nos cuesta muertes y lesiones evitables”.
Al cierre, las organizaciones hicieron un llamado urgente a todos los actores involucrados en la armonización del marco normativo con la LGMSV (gobierno, industrias, legisladores, sociedad civil) a tomar las acciones urgentes necesarias para priorizar la revisión y actualización de las normas clave, así como la armonización de las leyes estatales que aún están pendientes, particularmente la de la Ciudad de México. De esta manera, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial dejaría de ser solo un documento de buenas intenciones, haciendo de la armonización normativa, el puente entre la legislación y la vida cotidiana de la ciudadanía.
[1] INEGI. (2022). Registros Administrativos – Estadísticos, códigos CIE-X. https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#datos_abiertos
[2] Hidalgo Solórzano, E., Valdés Méndez, J.A. (2024). Lesiones de tránsito: una amenaza silenciosa para millones de mexicanos. INSP. https://www.insp.mx/informacion-relevante/lesiones-de-transito-una-amenaza-silenciosa-para-millones-de-mexicanos
[3] Pérez Díaz, Diego; Clark Dobarganes, Pablo; Ruíz Priego, Óscar. (2021). Estimación de los costos sociales y económicos de los siniestros viales en México. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
[4] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5666804&fecha=03/10/2022#gsc.tab=0
[5] Valdés-Méndez, J.A. et al. (2024). Lesiones no fatales por siniestros de tránsito. Salud Pública de México, 66(4). https://doi.org/10.21149/15841
[6] Furas et al., Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en América Latina y el Caribe a través de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información al consumidor, BID, 2019.
[7] AAA Foundation for Traffic Safety-2017.
[8] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358446&fecha=02/09/2014#gsc.tab=0
[9] Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, [LGMSV]. Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 17 de mayo de 2022, (México). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf
