Los derechos de las personas refugiadas y migrantes deben ser de máxima prioridad durante la cumbre de líderes norteamericanos de Ciudad de México, ha declarado hoy Amnistía Internacional. El presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben dejar de aplicar políticas comunes de migración inhumanas y sustituirlas por políticas conformes a las normas internacionales de derechos humanos.
“Cuando el número de personas que huye de la violencia y la persecución sigue aumentando, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas es de importancia fundamental. En lugar de aumentar las barreras para las personas en movimiento y someterlas a más dificultades, el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben adoptar medidas para proteger sus derechos en América del Norte y en otros países”, declaró Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Las peligrosas circunstancias en que viven las personas que huyen de la persecución, a quienes la violencia, las dificultades económicas y el cambio climático obligan a menudo a cruzar fronteras, siguen siendo uno de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos más graves de América del Norte. Gran número de personas migrantes y refugiadas de todo el mundo siguen haciendo peligrosos viajes a través de México en su intento de entrar en Estados Unidos y, en algunos casos, continuar hacia Canadá. Al mismo tiempo, las deficiencias estructurales dejan a muchas de ellas desprotegidas en Canadá, México y Estados Unidos.
Los gobiernos de América del Norte están implementando políticas comunes de inmigración encaminadas a disuadir la migración. Estas medidas incluyen la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes. En concreto, Estados Unidos y México implementaron conjuntamente los Protocolos de Protección a Migrantes en cuya virtud las personas solicitantes de asilo quedaban atrapadas en campos a lo largo de la frontera entre ambos países, donde corrían un peligro extraordinario y podían verse expuestas a más riesgos. Del mismo modo, desde la implementación del Título 42 en marzo de 2020, casi 2,5 millones de personas que solicitaban de asilo de Centroamérica, Haití y, más recientemente, Venezuela, han sido expulsadas de Estados Unidos a México sin tener la oportunidad de pedir asilo efectivamente.
Ambas políticas de inmigración están llegando a su fin. Tras una decisión de la Corte Suprema de mayo de 2022, la administración Biden concluyó el programa de Protocolos de Protección a Migrantes. En cuanto al Título 42, la retirada de la medida está pendiente de una decisión judicial. Sin embargo, mientras estas políticas están a punto de dejar de aplicarse, hay informes según los cuales Estados Unidos tiene intención de implementar nuevas políticas para impedir la migración que incluyen prohibiciones de tránsito, la criminalización de quienes solicitan asilo y la externalización adicional a México de los trámites para la concesión de asilo.
“El gobierno de Estados Unidos debe rescindir inmediatamente el Título 42 y evitar implementar políticas comunes sobre migración similares que nieguen los derechos de las personas migrantes y refugiadas, incluido el derecho a acceder al territorio y a pedir y recibir asilo”, añadió Erika Guevara Rosas. “Los gobiernos de América del Norte deben sustituir las políticas comunes sobre inmigración inhumanas de la región por políticas de responsabilidad compartida basadas en los derechos humanos y la protección de las personas migrantes y refugiadas.”
Otra política común es el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos, que impide que la mayoría de las personas que, procedentes de Estados Unidos, llegan a Canadá por entradas terrestres oficiales pidan protección como refugiadas en este país y viceversa. Como consecuencia, personas refugiadas en situación de vulnerabilidad intentan usar pasos fronterizos peligrosos para entrar en zonas remotas y rurales de Canadá y Estados Unidos. A quienes son devueltas a Estados Unidos desde Canadá en aplicación del Acuerdo, sobre todo a quienes sufren persecución basada en el género, se les podría negar injustamente protección en Estados Unidos y devolver a una situación de peligro en su país de origen. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos y solicitantes individuales, compareció ante el Tribunal Supremo de Canadá en octubre para impugnar la constitucionalidad del Acuerdo. Hay informes que indican que los gobiernos canadiense y estadounidense están trabajando actualmente para ampliar el Acuerdo a pesar de que se está a la espera de una decisión del máximo tribunal canadiense sobre su constitucionalidad.
Amnistía Internacional pide también a las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México que pongan fin a las políticas de detención sistemática por motivos de inmigración que violan las normas internacionales. Se debería recurrir a ayudas compasivas, a medida y basadas en la comunidad en lugar de a la detención punitiva; nunca deberían usarse cárceles y centros similares, y las personas menores de edad no deben ser detenidas nunca. Ésta no es, claramente, la práctica en América del Norte.
Como ejemplo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado las graves violaciones de derechos humanos que las personas migrantes y refugiadas sufren bajo custodia por motivos de inmigración en Canadá. Aunque no están acusadas de delitos ni están en prisión por sentencias penales condenatorias, muchas experimentan las condiciones de confinamiento más restrictivas del país, como las cárceles provinciales de máxima seguridad y la reclusión indefinida. Aparentemente, las personas Negras y otras personas racializadas permanecen en prisión periodos más largos y en cárceles provinciales, mientras que las que viven con discapacidades psicosociales son sometidas a un trato coercitivo desproporcionado. Otro ejemplo es el trato que reciben las personas refugiadas y migrantes haitianas tanto en México como en Estados Unidos. Mientras en la frontera meridional de México se les niegan el asilo y servicios básicos, en la frontera de Estados Unidos y México sufren condiciones igualmente difíciles. Las que han entrado en Estados Unidos han sido detenidas y deportadas a Haití en condiciones que revelan discriminación y malos tratos sistémicos a las personas Negras que en algunos casos podrían constituir tortura basada en la raza.
La implementación de políticas restrictivas deja a las personas migrantes y refugiadas sin más opción que emprender travesías más peligrosas. Este año fue el más letal en la frontera entre Estados Unidos y México, donde más de 850 personas migrantes perdieron la vida, mientras que en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, una familia migrante de cuatro miembros murió por congelación cuando trataba de entrar en Estados Unidos. Del mismo modo, el Proyecto Personas Migrantes Desaparecidas calcula que hay 7.008 migrantes en paradero desconocido en las Américas, lo que representa un aumento del 55% respecto de los últimos cinco años.
“Las personas migrantes que cruzan México son a menudo víctimas de numerosas violaciones de derechos humanos y abusos, como secuestros, homicidios, robos y extorsión, entre otras. Las mujeres sufren con frecuencia violencia de género, incluida violencia sexual. El acceso a la justicia, y la ayuda médica y la psicológica son limitados, y las violaciones de derechos quedan una y otra vez impunes. En los tres países, las mujeres migrantes y refugiadas afrontan situaciones adversas a su llegada que requieren ayudas y servicios sensibles al género”, afirmó Erika Guevara Rosas.
Canadá, México y Estados Unidos, reunidos para debatir una agenda general norteamericana, deben poner fin a estas políticas de disuasión, exclusión y crueldad, y comprometerse a trabajar conjuntamente para proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes en toda Norteamérica. Como primer paso crucial, el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau deben comprometerse de forma individual y categórica a poner fin a las políticas que bloquean el acceso al asilo y a garantizar los derechos de todas las personas a buscar seguridad.
