El Informe 2022/2023 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y las respuestas insuficientes a los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en todo el mundo alimentaron la impunidad y la inestabilidad.
“Hace 75 años se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Su elemento central es el reconocimiento universal de que todas las personas tenemos derechos y libertades fundamentales. Aunque las dinámicas del poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión. Deben ser el faro que guíe al mundo en un entorno cada vez más volátil y peligroso. No esperemos a que el planeta arda de nuevo”, ha señalado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
A lo largo del año pasado, Estados de todo el continente de las Américas fallaron a su población con promesas vacías, aplicando un doble rasero e incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al presentar su informe anual sobre la región.
“Pese a prometer prosperidad, seguridad, avances sociales y protección ambiental, los gobiernos de las Américas dieron la espalda a las mujeres, las personas refugiadas y otros grupos históricamente marginados; no abordaron de forma adecuada la crisis climática, y reprimieron con brutalidad a quienes se atrevían a levantar la voz contra la injusticia y la desigualdad. Es hora de que los Estados asuman su responsabilidad en relación con los derechos humanos y pongan fin a las injusticias que asolan la región”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Nuestro informe revela cómo la grave crisis de derechos humanos en México sigue acentuándose desde hace 16 años, sin que a la fecha el Estado tome acciones concretas para resolver temas de suma gravedad. La desaparición de personas sigue imparable, así como la violencia de género y los feminicidios. El uso excesivo de la fuerza contra las personas, por parte del ejército y la Guardia Nacional, ha causado la muerte de niñas, personas jóvenes y mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“El Estado siguió estigmatizando a las personas defensoras, a ello se suma el espionaje efectuado por el ejército contra algunas de ellas denunciado en investigaciones periodísticas, y la omisión del Estado para clarificar los hechos. El panorama es desolador, en 2022 fueron asesinadas tres madres integrantes de diversas colectivas dedicadas a buscar personas desaparecidas. Además, familias de víctimas de feminicidio han tenido que esperar hasta 30 años para que los responsables sean sentenciados, debido la inacción de las autoridades”, advirtió Edith Olivares Ferreto.
Represión implacable de la disidencia
En respuesta a las crecientes amenazas que pesaban sobre el derecho a la protesta, Amnistía Internacional lanzó una campaña global en 2022 contra las medidas cada vez más enérgicas que los Estados estaban adoptando para erosionar el derecho fundamental a libertad de reunión pacífica.
Millones de personas en las Américas, junto a movimientos sociales y activistas, tomaron las calles para exigir derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente. En muchos países, las autoridades respondieron violando los derechos a la vida, a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física.
El uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad eran prácticas muy extendidas en la región, y con frecuencia se dirigían contra los barrios de ingresos bajos y población racializada. En Brasil, el 84% del total de víctimas de homicidios policiales eran personas negras, como las 23 que murieron de forma violenta en una redada que tuvo lugar en Río de Janeiro en mayo. En Estados Unidos, más de 75 personas fueron detenidas en relación con las protestas que tuvieron lugar después de que la policía disparara 46 veces contra Jayland Walker —hombre negro— en Akron (Ohio) en junio.
En México se registró un uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional militarizada contra estudiantes y familias que se trasladaban en sus vehículos en estados como Guanajuato y Tamaulipas. Incluso, esa fuerza de seguridad realizó disparos al aire contra personas que se manifestaban en el estado de Jalisco.
En Venezuela, según la organización de derechos humanos Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC), las fuerzas de seguridad efectuaron entre enero y septiembre 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los informes de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacaban la manipulación del sistema judicial al objeto de proteger de la justicia a los agentes de policía y los militares responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas, e identificaban las cadenas de mando que vinculaban a los presuntos autores con el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la primera de ese tipo que se llevaba a cabo en la región.
En Perú, las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva y letal con un sesgo racista contra la población indígena y campesina para sofocar las manifestaciones que tuvieron lugar durante la crisis política que siguió a la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo. Desde el inicio de la crisis han muerto al menos 49 personas por la represión estatal —11 en bloqueos de carreteras—, además de un policía y 6 soldados, y han resultado heridas centenares más.
Las detenciones arbitrarias siguieron siendo generalizadas en la región. Con frecuencia se sometía a las personas detenidas a tortura u otros malos tratos y, en algunos casos, a desaparición forzada. En marzo del año pasado, las autoridades de El Salvador declararon un estado de excepción como respuesta a un aumento notable de los homicidios, presuntamente cometidos por pandillas. Esta medida dio lugar a violaciones masivas de derechos humanos, más de 65.000 detenciones y la generalización de los juicios injustos.
En Nicaragua, hasta diciembre del año pasado, las autoridades habían cancelado la personería jurídica de al menos 3.144 organizaciones, cerrado al menos 12 universidades, encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercían el activismo político y pertenecían a la oposición. En febrero de 2023, el gobierno sometió a exilio forzado a 222 personas y despojó a más de 300 de su nacionalidad; entre ellas figuraban personas destacadas del ámbito de la defensa de los derechos humanos, la literatura y el periodismo.
La defensa de los derechos humanos continúa siendo una actividad peligrosa en toda la región y, sólo en Colombia, el año pasado se registró el homicidio de al menos 189 líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de los derechos sociales. En Venezuela, también el año pasado se cometieron al menos 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidos actos de intimidación, estigmatización y amenazas; y en Guatemala, jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras de los derechos humanos y manifestantes se vieron sometidos a procesos penales infundados. La libertad de prensa siguió corriendo peligro: México vivió el año más mortífero de su historia, con al menos 13 periodistas asesinados; también hubo muertes de periodistas en Colombia, Haití y Venezuela.
La aplicación descarada de un doble rasero fomenta los abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas
Las crisis humanitarias y de derechos humanos que atravesaron las Américas provocaron aumentos bruscos en el número de personas que abandonaban su país en búsqueda de protección. Al menos 7,17 millones de venezolanos y venezolanas han abandonado ya su país, y el número de quienes se marchan de Cuba y Haití también se ha incrementado de manera significativa, lo que se suma al flujo constante de población que huye de América Central. Según UNICEF, 5.000 niños, niñas y adolescentes atravesaron el peligroso Tapón del Darién —entre Colombia y Panamá— en el primer semestre de 2022, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021.
Además, los tribunales federales de Estados Unidos confirmaron los Protocolos de Protección a Migrantes y el Título 42 del Código de Estados Unidos, lo que causó daños irreparables a decenas de miles de personas solicitantes de asilo que fueron expulsadas a México, donde su vida corría peligro. Por su parte, las autoridades mexicanas siguieron colaborando con las estadounidenses para impedir que personas de otros países buscaran seguridad en Estados Unidos; recluyeron al menos a 281.149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98.299 —en su mayoría de América Central—, entre las que había miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados.
Las mujeres y las personas LGBTQI+ sufren las peores consecuencias porque los Estados no protegen sus derechos
Los derechos de las mujeres estuvieron en la mira debido a que las autoridades de varios países tomaron medidas que ponían en grave peligro los derechos sexuales y reproductivos. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional de acceso al aborto, lo que puso en peligro otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la privacidad, a la seguridad y a la no discriminación de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Al concluir 2022, varios estados de Estados Unidos habían aprobado legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto.
En El Salvador continuaba vigente la prohibición total del aborto; al menos dos mujeres permanecían encarceladas por cargos relacionados con emergencias obstétricas, y una de ellas cumplía la pena de prisión máxima, 50 años. En República Dominicana, el Congreso siguió sin presentar un Código Penal renovado, en el que se despenalizaba el aborto.
Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por estos delitos. El número de violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres indígenas seguía siendo desproporcionadamente alto en Estados Unidos, y se registraron centenares de femicidios en países como Argentina, México y Venezuela. El gobierno de México siguió estigmatizando a las feministas que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad golpearon con violencia y detuvieron arbitrariamente a manifestantes.
Entre enero y noviembre se denunciaron en México 3.450 asesinatos de mujeres. De ellos se investigaron como feminicidios 858, cifra que equivalía a 2,5 diarios. Además, las autoridades no realizan investigaciones efectivas que permitan sancionar a quienes cometen los crímenes, generando un alto índice de impunidad y falta de acceso a la justicia para las familias de las víctimas.
“El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial”, ha afirmado Agnès Callamard.
No obstante, se lograron algunos avances con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, así como de las personas LGBTI. En Colombia, la perseverancia del activismo en favor de los derechos de las mujeres y una sofisticada acción judicial contribuyeron a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. Ese mismo tribunal reconoció también un marcador de género no binario en el documento nacional de identidad, estableciendo un precedente jurídico en favor de la diversidad de género en el país. Por su parte, Cuba aprobó tras un referéndum el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y permitía a las parejas homosexuales adoptar.
Sin embargo, la población LGBTI de varios países continuaba expuesta a homicidios, ataques, discriminación y amenazas, y tenía dificultades para conseguir el reconocimiento legal. En Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, las personas transgénero corrían especial peligro de ser asesinadas. Brasil continuaba siendo el país más mortífero del mundo para las personas transgénero, a pesar de que dos mujeres transgénero fueron elegidas diputadas federales por primera vez en la historia del país.
Una acción regional sumamente insuficiente contra las amenazas para la humanidad
La región de las Américas siguió sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y el cambio climático y la inestabilidad económica agravaron el peligro que corrían los derechos humanos. Las autoridades no garantizaban el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. La inflación agravó las dificultades económicas, y el número de personas que vivían en situación de pobreza se mantuvo por encima de los niveles anteriores a la pandemia.
En Venezuela, la mayor parte de la población sufría inseguridad alimentaria, y el país presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación de los alimentos del mundo. La escasez de alimentos en Cuba obligaba a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos; y en Haití, en un contexto de resurgimiento del cólera, más del 40% de la población se hallaba en situación de crisis o de emergencia alimentaria. Más de la mitad de la población de Brasil carecía también de acceso seguro y en cantidad suficiente a alimentos.
La mayoría de los países no aplicaron medidas para reforzar la protección del derecho a la salud, pese a que la pandemia había demostrado que los sistemas de salud necesitaban importantes reformas. En Chile, una amplia mayoría de la ciudadanía rechazó la propuesta de una nueva Constitución que reforzaba la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En este contexto, los países no actuaron en favor del interés superior de la humanidad ni abordaron la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor de la crisis climática que amenaza la vida tal como la conocemos.
El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de legislación sobre el cambio climático —el primero de la historia del país—, pero también restableció las antiguas subastas de contratos de arrendamiento de petróleo y gas en terrenos federales y en el Golfo de México, que el gobierno del presidente Joseph Biden había intentado cancelar, y obligó a las autoridades a celebrar varias subastas nuevas.
En otro lugar de la región, Brasil, se presentó un plan nacional de mitigación climática que era insuficiente en relación con la contribución del país al cambio climático. Sin embargo, tras ganar las elecciones presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva anunció que promovería la protección de los biomas del país prestando especial atención a la Amazonía, zona que los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático habían declarado muy vulnerable a las sequías y las altas temperaturas.
Las personas activistas en materia ambiental y los pueblos indígenas siguieron sufriendo ataques por intentar abordar la crisis climática, y se registraron homicidios en Brasil, Colombia, Ecuador y México.
“Pese a los graves desafíos a los que nos enfrentamos, la gente de las Américas ha demostrado una y otra vez que tiene el poder de lograr cambios en la región: desde las personas indígenas activistas que encabezan la defensa de nuestro planeta, la población valiente que se opone a la injusticia racial, o las mujeres y niñas que se alzan y reclaman el control de su cuerpo, constantemente emergen nuevas generaciones de defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen rendir cuentas a nuestros gobiernos”, ha concluido Erika Guevara-Rosas.
