- Solicita a las autoridades respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres detenidas, específicamente su integridad psicofísica y su derecho al debido proceso y garantías judiciales.
- El movimiento ve con preocupación que lo ocurrido en Jalisco es un patrón que se ha repetido en al menos otros cinco estados del país.
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la detención, ocurrida ayer, de un grupo de mujeres que protestaban frente al edificio de la Secretaría de Educación, en el estado de Jalisco. Este hecho repite claramente esquemas de represión ocurridos en otros estados del país, que limitan el derecho a la libertad de expresión y de reunión y estigmatizan la legítima protesta de las mujeres, organizaciones y colectivas feministas.
Al calificar de “vandálicos” los hechos ocurridos frente al edificio de dicha dependencia, las autoridades estigmatizan a las mujeres que protestan y distraen la atención sobre los motivos que las orillan a manifestarse.
“Es urgente que las autoridades del estado de Jalisco se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestaciones organizadas por mujeres que protestan contra la violencia de género; reconozcan la legitimidad de las mismas y se pronuncien claramente contra de la violencia de género en todas sus modalidades, incluyendo la escolar y con especial carácter, de obligación reforzada, cuando se trata de niñas y adolescentes”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto.
Aunado a lo anterior, Amnistía Internacional observa con preocupación el uso del sistema de justicia penal para criminalizar a las mujeres que protestan. Cabe recordar que desde el año 2018, el Relator Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, derivado de su misión a México, llamó la atención del Estado mexicano sobre la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos mediante un uso intencionado de la legislación penal con el fin de obstaculizar y paralizar sus esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos. Esta criminalización en muchas ocasiones va acompañada de declaraciones hechas por personas funcionarias que refuerzan los discursos estigmatizantes.
“El proceder de las autoridades en Jalisco demuestra un patrón de conducta de autoridades estatales y municipales, que se ha repetido en otros estados como Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México, tal y como lo documentamos en nuestro informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, dónde también se presentaron detenciones que parecen tener la intención de mermar la protesta social cuando las colectivas feministas piden justicia en casos específicos de violencia por razones de género, sin dar primero una respuesta o una salida contundente a sus legítimas exigencias”, agregó Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades del estado de Jalisco que pintar consignas e intervenir monumentos son expresiones protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica. En este sentido, hace un llamado a las autoridades competentes a tener presente que su deber es considerar a todas las manifestaciones como pacíficas excepto cuando se presenten acciones que puedan provocar lesiones graves o muerte a personas, o daños graves a bienes[1].
Respeto a la integridad de las mujeres detenidas.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Jalisco a cumplir con las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos que mandatan los convenios internacionales en la materia firmados por el Estado mexicano. Particularmente, que respeten la integridad de las mujeres que se encuentran detenidas, así como su derecho a recibir atención médica adecuada, en caso necesario; se respete su derecho al debido proceso y garantías judiciales, y que en todo momento tanto ellas como sus familias puedan conocer su situación jurídica y su paradero.
La organización hace también un llamado a que toda restricción impuesta al derecho de reunión y a la libertad de expresión sea estrictamente necesaria y proporcionada para cumplir alguno de los objetivos legítimos consagrados expresamente en el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, las autoridades deben abstenerse de utilizar la legislación penal y administrativa para inhibir la participación en manifestaciones y acallar por otros medios las críticas contra las autoridades.
Finalmente, convoca a las autoridades de Jalisco a que reconozcan públicamente la legitimidad de la protesta y el derecho a la libertad de reunión y expresión.
[1] Comité de Derechos Humanos. Observación General núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), Documento ONU, CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, párr. 15.
