- Debido a la impunidad, sólo se han dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada
- La crisis forense en este tema ha impedido identificar 52 mil cadáveres de personas desaparecidas
- El Estado mexicano está obligado a cumplir las recomendaciones hechas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de la ONU
La desaparición de personas en México es un problema de grandes dimensiones que registra víctimas a diario y afecta a todo el país. Hoy, 10 de mayo de 2022, la cifra de personas desaparecidas en México asciende a 99 mil 821 desde 1964, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
La ausencia de esas personas es causa de un gran dolor en igual número de familias, a quienes la impunidad ha impedido el acceso a la justicia, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición.
“La desaparición de personas en México forma parte de la agenda de trabajo de Amnistía Internacional desde su fundación en el país, en la década de los 70. Por ello, este 10 de mayo, día de las madres, expresamos nuestra solidaridad con las mujeres que no pueden celebrar esa fecha porque buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, acompañándolas en la Marcha de la Dignidad Nacional para exigir justicia”, declaro Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Como Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, el Estado mexicano está obligado a cumplir las recomendaciones que le hizo el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), luego de la visita que éste hizo a México del 15 al 26 de noviembre de 2021. En este sentido, es importante la coordinación con las familias de personas desaparecidas y colectivas que las apoyan, para la correcta implementación de dichas recomendaciones”, agregó Edith Olivares Ferreto.
“No debe pasar más tiempo para que las familias de las personas desaparecidas accedan a la verdad, la justicia y la reparación del daño a que tienen derecho y por lo que han luchado durante décadas. Ya es justo que las madres y familiares de las víctimas cierren el duelo que han vivido por tantos años”, precisó Edith Olivares Ferreto.
Contexto
La desaparición de personas en México es un fenómeno que afecta a hombres, mujeres, niñas, niños, personas de pueblos originarios, personas migrantes, de la comunidad LGBTI, periodistas e incluso a las personas defensoras de derechos humanos que apoyan a las familias de personas desaparecidas.
En el Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo, en el capítulo dedicado a México, advertimos que la impunidad en torno a la desaparición de personas prevalece de manera importante, dado que sólo se han dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada.
A su vez, el CED –durante la visita referida- llamó la atención sobre el hecho de que hay más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas.
Otro aspecto de este problema tiene que ver con la intervención de las familias en la investigación de los casos. Esto se debe a la inacción o incapacidad de las autoridades encargadas de la misma. Las mujeres son quienes más se involucran en este proceso, invirtiendo recursos propios y poniendo en riesgo su seguridad, llegando incluso a sufrir amenazas y estigmatización.
Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado al Estado mexicano para que al atender la búsqueda de personas, además de cumplir con las recomendaciones ya referidas del CED, se apegue a ordenamientos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a los lineamientos del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
Al respecto, es relevante que se tomen en cuenta las observaciones hechas por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en relación con la necesidad de contar con un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI) y con los registros y bases de datos que sean necesarios para avanzar en la identificación de personas.
Otro tema fundamental tiene que ver con que las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a nivel local y federal, cuenten con los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la crisis forense y para que trabajen de manera adecuada.
No dejamos de insistir en que se tomen en cuenta las necesidades de las familias, y las voces de las colectivas, cuya experiencia es fundamental para una restitución digna de los cuerpos de las personas desaparecidas. Sólo así se podrá atender debidamente este triste y grave problema que tanto dolor ha causado en miles de familias en México.
