Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken
Secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard
Estimados Secretarios Blinken y Ebrard:
En nuestra calidad de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas comprometidas con los derechos humanos y el estado de derecho, les escribimos de cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU. y México programado para el 13 de octubre de 2022, para compartir observaciones y recomendaciones para mejorar la seguridad y la protección de los derechos humanos en consonancia con algunos de los ejes más prometedores del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
En el contexto actual, urgen acciones basadas en evidencia para superar los retos críticos que enfrentan las comunidades de Estados Unidos y México en materia de seguridad y salud pública. México sigue viviendo niveles récord de violencia letal, con más de 35.000 homicidios registrados en cada uno de los últimos cuatro años y una crisis de más de 105.000 personas desaparecidas y no localizadas, de las que la mitad fueron vistas por última vez en los últimos seis años. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que unas 108.000 personas fallecieron por sobredosis de drogas en 2021.
A través del Entendimiento Bicentenario, adoptado en octubre de 2021, los gobiernos de Estados Unidos y México se comprometen a abordar el uso problemático de las drogas desde un enfoque de salud pública y priorizar la reducción de las formas de violencia que más lastiman a las poblaciones de uno o ambos países, tales como los homicidios, las desapariciones y la violencia basada en género.
Sin embargo, a un año de la adopción del Entendimiento, nos preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública. En septiembre de 2022, el Congreso mexicano aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional —fuerza de seguridad federal en México que en teoría es de naturaleza policial— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares. Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia. Las fuerzas armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas. Mientras el gobierno mexicano asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares, México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia.
En Estados Unidos, reconocemos la adopción de ciertas medidas encaminadas a reducir el tráfico de armas. Al mismo tiempo, resaltamos la necesidad de mayores acciones de parte de Estados Unidos para reducir el flujo ilícito de armas a México. Por otra parte, nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de reducción de daños en la estrategia nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe Biden, presentada en abril de 2022. Sin embargo, notamos con preocupación que las acciones transnacionales contempladas en la estrategia todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero “para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras”. Lo anterior, a pesar de los límites documentados de tales estrategias a lo largo de décadas de implementación, así como los daños registrados en términos de violaciones de derechos humanos y aumentos de la violencia y la corrupción en la región.
Asimismo, recordamos la importancia de que los gobiernos estadounidense y mexicano brinden información sobre las actividades y avances en la cooperación bilateral de seguridad, facilitando el diálogo y la participación de la sociedad civil. Los resultados preliminares del Entendimiento, dados a conocer en abril de 2022 por autoridades de ambos gobiernos, se centraron en una lista de detenciones de alto perfil, laboratorios de droga desmantelados, droga incautada y esfuerzos por combatir el tráfico de personas, regular precursores químicos y ampliar el rastreo de armas de fuego. La principal acción anunciada en materia de salud pública en ese momento fue la firma de un memorando de entendimiento sobre el tratamiento de las adicciones. Esperamos que el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad se acompañe de información actualizada y más completa sobre cómo la cooperación está avanzando en otras áreas referidas en el Entendimiento Bicentenario, tales como mejorar las investigaciones penales de los homicidios y fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia. Si bien dichas áreas pueden requerir mayor tiempo para mostrar resultados medibles en terreno, hacemos hincapié en la necesidad de mantener tales metas transformadoras al centro de las discusiones y acciones bilaterales.
Para garantizar que la cooperación construya soluciones duraderas, incluidas especialmente instituciones capaces de prevenir y responder a la violencia, las adicciones y los demás retos que subyacen el Entendimiento Bicentenario, instamos a ambos gobiernos a priorizar la implementación de compromisos prometedores del Entendimiento tales como los siguientes, y a publicar información sobre el progreso que se registre:
- “prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, en paralelo a limitar los daños asociados con la adicción”
- “explorar alternativas al encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias”
- “prom[over] los derechos humanos respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades”
- “realizar investigaciones de homicidios de manera efectiva y consistente”
- “profesionalizar los sistemas de impartición de justicia penal y aplicación de la ley”
- “expandir el conocimiento para implementar las mejores prácticas para combatir la violencia de género”
- ● “la creación de capacidades compartidas y mejorar el sistema de rendición de cuentas”
- “garantizar que los tribunales apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles”
Nuestras organizaciones estamos atentas a la oportunidad de seguir dialogando con los gobiernos de Estados Unidos y México para promover avances en el acceso a la seguridad y la justicia en nuestros países y a continuar compartiendo información basada en nuestra documentación de casos, patrones, áreas de preocupación y recomendaciones en los temas mencionados aquí. Muchas gracias por su atención al presente.
Atentamente,
Amnistía Internacional México
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Due Process of Law Foundation (DPLF) / Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Human Rights Watch
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Washington Office on Latin America (WOLA) / Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
