Ciudad de México, 12 de mayo de 2025— La Asociación Nacional de Telecomunicaciones, A.C (ANATEL) ha compartido con el Senado una serie de consideraciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el Ejecutivo Federal el 23 de abril del presente.
Estas consideraciones, se dieron en respuesta a la Convocatoria realizada por la Cámara Alta a diversos sectores, e individuos, para expresar sus puntos de vista sobre la iniciativa. Para la Anatel, este ejercicio constructivo tiene el objetivo de contar con una legislación que otorgue a las empresas del sector la certeza jurídica que permita la planeación de inversiones, el fomento del empleo y, en especial, otorgar mejores servicios a los usuarios.
Por incluir la Iniciativa elementos que implican a uno de los asociados de ANATEL, Altan Redes, informamos que la empresa no se pronuncia respecto de la legislación comentada.
A continuación, un resumen de los principales comentarios compartidos:
Ø Sobre el espectro. La iniciativa propone la asignación directa de espectro y, además, sin contraprestaciones a entidades públicas, esto les da una ventaja competitiva con la que no cuentan los demás actores que han invertido en redes y en espectro cantidades significativas (artículos 56 al 58).
Ø Incertidumbre en Títulos de Concesión existentes. Luego de reconocer la vigencia de los Títulos de Concesión de acuerdo con las leyes competentes, se señala que estas concesiones continuarían “salvo que el Ejecutivo…” determine razones por las cuales pudiera suspenderlas o afectarlas.
Ø Neutralidad de Red. La Iniciativa omite el “principio de gestión de tráfico” que afectaría los servicios que recibe el conjunto de la sociedad (artículo 107).
Ø Servicio gratuito en sitios públicos. Dejarlo abierto a cualquier consideración unilateral de la Agencia haría incurrir costos imposibles de evaluar en cuanto a su factibilidad, producto de la indefinición actual en la letra de la Iniciativa (art. 80).
Ø Sanciones a empresas. No se entiende el motivo por el cual se desea instrumentar un enfoque punitivo con efectos no deseados para la industria y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. En resumen, se establecen en el art. 266 diversas sanciones que con anterioridad ya incluyeron 0.75% o hasta 3% de los ingresos brutos anuales de un concesionario; para sancionar ahora con un máximo que duplica con hasta el 6% de los ingresos mencionados.
Ø Tarifas de interconexión. Se pretende que la interconexión se otorgue ya no solo a los concesionarios operadores de redes de telecomunicaciones como hasta ahora, sino a cualquier ente público, redes comunitarias u otros actores sin definir cuáles y con qué límites; las arquitecturas de redes no son siempre compatibles y se crearían problemas técnicos y de seguridad no siempre susceptibles de resolver.
Ø Registro de Usuarios del Servicio Móvil. La experiencia internacional sobre la cual la GSMA ha documentado diversos problemas, así como los dos intentos previos por parte de las autoridades en México que finalmente consideraron los riesgos, la protección de la privacidad y de los datos personales, para no instrumentar esta propuesta, sugieren que no es una buena idea ni tendrá amplio respaldo en la sociedad. Si a pesar de ello se llevara a cabo, la Iniciativa señala que los concesionarios deberán elaborar y llevar el Registro (art. 160); mientras que en la Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se indica que será la Agencia de Transformación Digital la que “desarrolle y administre una plataforma digital para el registro de alta de los usuarios de telefonía móvil;” siendo por tanto responsable la Agencia de su buen funcionamiento (arts. 12, fracción 2).
Ø Instalación, operación y mantenimiento de bloqueadores en penales. La iniciativa es vaga y por el contrario debe dejar claro que esta es una responsabilidad que debe seguir recayendo en las autoridades por obvias razones de seguridad de los equipos con características que las autoridades determinen; y la seguridad física de las personas que los instalan, operan y dan mantenimiento en los penales. La industria reitera que seguirá colaborando para “la cancelación o anulación (permanente) de las señales de radiocomunicación o de transmisión de (no se menciona voz, se debe incluir), datos o imagen” de sus antenas localizadas cerca (art.160, fracción IX).
Ø Soterramiento de infraestructura. La ley señala la obligación de las empresas de soterrar la infraestructura. La industria reitera que tras varias décadas de inversiones en la vía aérea, solo se podrá ir al subsuelo durante un muy largo período y en tanto se cumplan las siguientes consideraciones: 1. Que las autoridades competentes en los 3 niveles de gobierno dirijan y coordinen el proceso de apertura del suelo, donde se encuentran otros elementos que no son de telecomunicaciones; 2.Realicen y financien la obra civil en la instalación de ductos siguiendo las complejas características técnicas requeridas. 3. Faciliten los trámites de municipios, INBA e INAH, y no cobren por los permisos de construcción que solicitan estas autoridades; 4. Que en el caso de las telecomunicaciones, se consideren las “acometidas” desde las vías principales hasta cada predio que recibe los servicios; 5. Que cada uno de los usuarios deba cubrir los costos de llevar la fibra óptica entregada en el subsuelo en la puerta de su propiedad, para introducirla de acuerdo con su gusto y necesidades hasta donde requiere tener su conexión; 6. Que se hagan planes cuidadosos con todas las empresas durante la intervención, sin afectar o interrumpir los diversos servicios que reciben los usuarios en las áreas intervenidas; entre otros.
Ø Es fundamental para la disponibilidad constante de equipos en un mercado de 130 millones de móviles activos y una tasa considerable de renovación, abordar la actual indefinición en la Iniciativa de procesos y trámites que han estado a cargo del IFT, y que serán retomados por la Agencia.
La Anatel solicita respetuosamente al Senado considerar los puntos compartidos que buscan poder contar con una mejor ley que facilite inversiones y los mejores servicios a los usuarios. Asimismo, hace un llamado para que una vez aprobado el texto final se ejecute con la mayor coordinación posible entre autoridades y los operadores en beneficio de los servicios que reciben los usuarios.
