Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura estatal aprobaron que, en el delito de despojo, también se considere como víctima u ofendido al legítimo propietario del inmueble que es ocupado sin su consentimiento, aun cuando no lo posea, si una vez que requirió la desocupación y entrega del inmueble por cualquier medio jurídicamente comprobable, a cualquiera de los poseedores que se encuentran ahí sin un derecho legítimo, estos se nieguen a desocuparlo y entregarlo.
En reunión de trabajo desarrollada bajo la modalidad a distancia con la presidencia de la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), se precisó que lo anterior sólo podrá proceder siempre y cuando no exista un juicio civil previamente instaurado en el que deba resolverse sobre la legitimidad del derecho real, la propiedad o la legitima posesión.
Presente en la sesión, el diputado proponente, Bryan Andrés Tinoco Ruiz (morena), explicó que la adición de un párrafo al artículo 308 del Código Penal de la entidad busca evitar la imposibilidad en que se encuentran los legítimos propietarios de inmuebles que ven vulnerados sus derechos de defender por la vía penal su patrimonio.
“En la actualidad no hay delito que perseguir por el simple hecho de que el dueño no ocupe o posea el inmueble, obligándolo a acudir a instancias del derecho civil para tratar de recuperarlo, en donde de inicio, para dar entrada a su demanda, se le exige como obvio requisito proporcionar los nombres de quienes ocuparon sin derecho el predio, cuando el dueño ni siquiera los conoce, con lo que el despojo en muchas ocasiones queda impune”, destacó el legislador proponente.
Agregó que se trata además de proporcionar los instrumentos legales al Ministerio Público y a los juzgadores para hacer frente a las modalidades en que opera la delincuencia en el caso del despojo e invasión de inmuebles, delitos que en los últimos años se han incrementado y de los que son víctimas, sobre todo, mujeres y adultos mayores.
Por el PRI, la legisladora María Lorena Marín Moreno coincidió en que la invasión y despojo de inmuebles y predios es frecuente en la entidad por grupos organizados y que a los propietarios legítimos les resulta una pesadilla tratar de recuperarlos. Consideró correcto que sea un delito permanente o continuado, pues en la práctica implica que quien lo ejecute estará siempre en flagrancia, lo que facilitará a la autoridad su persecución.
Del PT, su coordinador, el legislador Luis Antonio Guadarrama Sánchez, aseguró que la iniciativa es necesaria, pues según el SNSP solo en 2018 se presentaron casi 22 mil denuncias por estos delitos, mientras que en Texcoco, donde son frecuentes, la autoridad reconoce la complejidad de perseguirlos.
También de morena, el diputado Margarito González Morales felicitó al proponente por la iniciativa que, afirmó, facilita la impartición de justicia y ayuda a superar trabas jurídicas a los ofendidos.
José Antonio García García, legislador del PAN, apuntó que en la entidad son los llamados “paracaidistas” quienes recurren frecuentemente a la invasión y despojo de predios, y que, en efecto, a los dueños legítimos les resulta un problema serio su recuperación. Agregó que en otros casos los invasores ocupan viviendas abandonadas, condición que no les quita a los dueños legítimos los derechos sobre ellas. Refirió que según datos del SNSP, en los últimos tres años se reportaron casi 13 mil denuncias relacionadas y consultó si la reforma no entraría en conflicto con otras figuras, como la de usucapión.
Durante la reunión se votaron en contra las propuestas de las legisladoras Beatriz García Villegas (morena) y de María Luisa Mendoza Mondragón, quienes por separado, plantearon modificar la redacción de la reforma.
