- Los dictámenes consideran que entidades ejercieron los recursos bajo criterios y normas del gasto.
- Su aprobación no suspende el trámite de las acciones promovidas por el OSFEM.
Por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó los dictámenes con los que se dan por fiscalizadas, revisadas, analizadas y discutidas las cuentas públicas estatal y municipal del ejercicio fiscal 2022 y que las entidades fiscalizables ejercieron los recursos bajo los criterios y normas del gasto.
De acuerdo con los dictámenes elaborados por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) del Congreso local, presidida por la diputada Evelyn Osornio Jiménez (PRI), las observaciones producto de las auditorías realizadas por el OSFEM continúan en etapa de seguimiento, por lo que las entidades fiscalizadas tienen en derecho a aclararlas para subsanarlas, o en caso contrario la Unidad de Investigación del órgano técnico podría darles seguimiento para las investigaciones correspondientes y determinar si existe la comisión de una presunta falta grave o alguna responsabilidad administrativa.
Los dictámenes, expuestos en tribuna por la diputada Evelyn Osornio y el diputado Román Francisco Cortés Lugo (PAN), secretario de la Comisión, puntualizan que en la cuenta pública estatal se hicieron 94 revisiones: tres a poderes públicos, siete a órganos autónomos y 84 a organismos auxiliares; y que se practicaron 36 auditorías: 11 de cumplimiento financiero, ocho de inversión física, 11 de desempeño y seis de legalidad.
En tanto que en la cuenta pública municipal se hicieron 397 revisiones: 125 a municipios, 125 a sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, 49 a organismos descentralizados operadores del agua, 95 a institutos municipales de cultura física y el deporte, una al Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango, una al Instituto Municipal de la Mujer de Toluca y una al Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli; así como que se practicaron 108 auditorías: 34 de cumplimiento financiero, 26 de inversión física, 21 de desempeño y 27 de legalidad.
En los documentos se recomienda al OSFEM revisar la viabilidad de incluir indicadores de la metodología de selección del programa anual de auditorías del ejercicio fiscal 2023 a entes que durante los últimos tres años no han sido objetos de revisión; instruyen al OSFEM a informar a la Comisión trimestralmente los avances de las auditorías especiales y la aclaración de las observaciones realizadas en las cuentas públicas; así como dar cabal cumplimiento a los acuerdos relativos a las auditorías especiales emitidas por la Comisión para brindar respuesta a las solicitudes ciudadanas.
Asimismo, mandatan que la Comisión dé seguimiento con la Junta de Coordinación Política al decreto 85 de la LX Legislatura para la creación de la Unidad Técnica de Evaluación y Control de la Comisión para cumplir con sus funciones de auxiliar en la elaboración de análisis y conclusión de los informes de resultados de las cuentas públicas y vigilar el desempeño de las personas servidoras públicas del OSFEM.
En el ámbito municipal, se exhorta a los ayuntamientos a poner en operación aquellos organismos descentralizados, operadores de agua, institutos municipales de cultura física y deporte, el Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo y la Universidad de Naucalpan de Juárez que fueron creados y no operan; así como que, en caso de no contar con capacidad financiera para su operación, se deberá informar y justificar a la Legislatura.
Así como que, en cuanto a los municipios donde no se cuente con institutos de cultura física y deporte, podrán solicitar su creación o de lo contrario informar y justificar que no tienen capacidad financiera para su operación, sin dejar de salvaguardar el derecho humano de acceso a la cultura física y deporte a través de las demás dependencias del ayuntamiento.
Los documentos precisan que la aprobación de las cuentas públicas no implica la liberación de responsabilidades que pudieran llegar a determinar las autoridades de control y fiscalización federales o estatales derivados de otras auditorías, y que la aprobación de las cuentas públicas no suspende el trámite de las acciones promovidas por el OSFEM.
