La 60 Legislatura estatal aprobó por unanimidad el proyecto de rehabilitación y conservación de mil 637.8 kilómetros de carreteras y caminos del sur del Estado de México bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), el cual será vigilado por una contraloría social intersectorial a fin de evitar la corrupción.
El dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), incluye la rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco, así como la carretera Coatepec Harinas-Parque de los Venados, y Zacualpan-San Antonio del Rosario, entre 82 caminos.
El dictamen a la propuesta del gobierno estatal fue leído ante el Pleno por la diputada Julieta Villalpando Riquelme, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, y aprobado por unanimidad con la adición de cinco artículos transitorios, que se suman a los tres de la propuesta inicial, a petición del Grupo Parlamentario de morena.
En tribuna, la diputada del distrito IX con sede en Tejupilco, Violeta Nova Gómez, de morena, solicitó a sus compañeros la aprobación de la iniciativa ante la urgencia de atender los caminos del sur del estado que, apuntó, han sido abandonados durante décadas y ahora son intransitables, y por ser esta la región menos desarrollada y con mayor índice de pobreza. Destacó además que contar con caminos dignos es uno de los principales reclamos de la población de la zona.
Afirmó que este proyecto cambiará la vida de miles de personas; entre los beneficios mencionó que permitirá el desarrollo económico de productores agrícolas, ganaderos y artesanos, y facilitará la vida de profesores, estudiantes, enfermos y médicos.
También de morena, el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño reconoció que es “absolutamente necesario” mejorar las vías de comunicación de la zona sur de la entidad, ya que no hacerlo la ha llevado a un grave retraso y ha favorecido actos de delincuencia organizada; sin embargo, externó su “profunda desconfianza” hacia el sistema político del Estado de México y consideró que se continuará haciendo un uso discrecional en los recursos.
Por tal razón, informó al Pleno que se abstendría de votar la propuesta. Además, hizo un llamado para que quienes se encarguen de fiscalizar los recursos revisen cómo se aplica el gasto de la obra y, a la Legislatura, le pidió estar pendiente de que se cumplan los plazos y las metas que se firmarán en dichos contratos.
De la misma bancada, la diputada Elba Aldana Duarte manifestó su apoyo al proyecto que, indicó, contará con un mecanismo de combate a la corrupción, buscando beneficiar a comunidades que han sido vulneradas a través del tiempo. En este sentido, señaló que la población también se ha visto vulnerada por un sistema de transporte público “deficiente e inseguro”, por lo que señaló que no debe aprobarse al mismo tiempo un endeudamiento de las APP y un incremento a la tarifa del transporte.
Lo anterior, al explicar que los transportistas buscan incrementar sus tarifas con el argumento de que no obtienen ganancias por la operación de sus unidades. Pidió por ello la comparecencia del secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carvajal, ante la Legislatura, previo a la autorización del alza de las tarifas, a fin de obtener información sobre los parámetros considerados.
Los transitorios agregados al proyecto establecen que los ayuntamientos beneficiados por el proyecto podrán integrar una contraloría social intersectorial por cada tramo, que tendrá, como atribuciones específicas, el seguimiento, supervisión, control y vigilancia de la obra; que la Legislatura podrá requerir al supervisor responsable del proyecto un informe de seguimiento y cumplimiento; que el supervisor deberá entregar además un informe trimestral detallado de ejecución de las obras; que la empresa adjudicada del proyecto contratará preferentemente a trabajadores locales para este proyecto, y que las secretarías de Comunicaciones y de Finanzas del gobierno del estado conformarán un mecanismo de coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno municipal y estatal.
