- Las reformas buscan castigar a quien audiograbe, comparta o reproduzca audiovisuales o documentos de cadáveres o parte de ellos.
- Las penas serán de 9 y hasta 11 años de cárcel si el delito es contra niñas, adolescentes y mujeres, y/o quien lo comete es una persona servidora pública.
El Congreso del Estado de México aprobó penas de tres a seis años de cárcel, con posibilidad de elevarlas hasta en 9 y 11 años cuando se acumulen diversas agravantes, a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
La reforma, aprobada por unanimidad, adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México y considera que, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, es decir hasta nueve años.
Además, se considera como agravante que elevan la pena hasta 11 años, que el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.
Conforme al dictamen, al que dio lectura la diputada Beatriz García Villegas, esta reforma se encamina a la protección de las niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos, concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional.
Esta reforma responde a los lamentables hechos relacionados con el crimen de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020, que dieron lugar a una reforma legislativa similar en la Ciudad de México y otras seis entidades del país, conocida como “Ley Ingrid”.
La reforma integra cuatro iniciativas presentadas en diferentes momentos por las diputadas Liliana Gollas Trejo, Beatriz García Villegas, María Lorena Marín Moreno, Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez.
Antes de la votación Araceli Casasola dijo que la reforma evitará la revictimización de las mujeres violentadas y garantizará el derecho a la dignidad de la persona; Beatriz García señaló que no podrá seguir lucrándose con la dignidad de las víctimas y sus familias y quienes cometan este delito podrán ser sancionados e hizo votos porque las autoridades encargadas de aplicar esta ley lo hagan correctamente.
