• Necesario que Consejo de la Judicatura promueva que las y los juzgadores apliquen parámetros del convenio de colaboración “Por una justicia cercana a la gente”, señala la diputada Gabriela Sodi
• Han transcurrido 11 años desde que Razo fue detenida; obligada a declararse culpable tras haber sido sometida a tortura física, psicológica y sexual, y sigue bajo prisión preventiva oficiosa
Palacio Legislativo, 27-07-2022 (Notilegis).- Al denunciar que en México se agrava la cifra de mujeres presas sin condena frente al número de hombres –de 2019 a agosto de 2020, 17.9 por ciento, contra 24.6 por ciento, de acuerdo con México Evalúa–, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de Judicatura Federal (CJF) que promueva entre las y los jueces del país, aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
De igual manera, solicita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de Verónica Razo, privada de su libertad y sometida a prisión preventiva oficiosa desde junio de 2011 sin suficientes pruebas en su contra, ni elementos de riesgo para tenerla bajo esa circunstancia en tanto se dicta sentencia.
“No se han demostrado las acusaciones en su contra por el delito de secuestro junto a su hermano Erick Razo, quien desde mayo de 2020 obtuvo su libertad”, dijo.
Sodi Miranda advirtió la necesidad de que el Consejo de la Judicatura promueva que las y los juzgadores apliquen los parámetros contenidos en el convenio de colaboración “Por una justicia cercana a la gente”, signado por el Ministro Presidente de la SCJN y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se estipula que el Instituto Federal de Defensoría Pública colaborará con autoridades capitalinas para brindar acceso a la justicia efectiva y de calidad, en beneficio particularmente de personas privadas de su libertad de manera preventiva y que el tiempo haya sobrepasado el límite constitucionalmente establecido.
Al referirse al caso de Verónica Razo, la legisladora federal precisó que han transcurrido 11 años desde que fue detenida fuera de su casa, obligada a declararse culpable tras haber sido sometida a tortura física, psicológica y sexual por parte de agentes adscritos a la extinta Policía Federal, y sigue bajo el rango de la prisión preventiva oficiosa.
Aun cuando la Defensoría Pública solicitó el cambio a “prisión domiciliaria”, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México desatendió la demanda bajo el argumento de que se “carecía del documento de residencia actualizado”, y haciendo a un lado la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, quien pidió la liberación de Verónica, señalando que su detención fue ilegal.
“Hace un año el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas tuvo conocimiento de la detención arbitraria de Verónica y Erick Razo, motivo por el cual solicitó a las autoridades federales la libertad inmediata de los acusados, pues no se han encontrado pruebas para sentenciarlos por el supuesto delito de secuestro; sin embargo, Verónica Razo permanece encerrada en el Centro Federal de Readaptación Social 16, en el estado de Morelos”, señaló.
Asimismo, Sodi Miranda acusó que, de acuerdo con el “Diagnóstico de las Mujeres Privadas de la Libertad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, las condiciones de vida en reclusión de mujeres y varones son injustificadamente distintas, debido a que ellas se encuentran en mayor vulnerabilidad por razones de género, puesto que muchas enfrentan sentencias desproporcionadas con respecto a delitos en los que los hombres son juzgados con menor rigor.
Hay evidencia de casos en los que actualmente las sanciones impuestas a mujeres constituyen una extensión de la violencia estructural, discriminación por género y criminalización que viven, sin dejar de mencionar el olvido al que se enfrentan por parte de sus familiares una vez que pierden su libertad.
En el caso particular de Verónica Razo, recalcó, “no podemos dejar de mencionar que faltó al juez aplicar el protocolo para calificar con perspectiva de género dejando de lado los prejuicios y estereotipos”.
Finalmente, coincidió con la organización México Evalúa en cuanto a que es difícil explicar las razones del impacto tan grande que actualmente está teniendo la prisión preventiva oficiosa en las mujeres.
“En un diagnóstico sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México 2020, elaborado por ‘Reinserta’, se advierte que las mujeres enfrentan un tiempo promedio de sentencia mayor (23 años) que los hombres (cinco años), sin importar el tipo de delito que hayan cometido unos y otras. Ello es un reflejo más de la desigualdad puesto que, desde épocas muy antiguas, las mujeres han sido severamente castigadas más por incumplir su “rol tradicional en la sociedad” que por su conducta delictiva”.
