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Es sabido que el absolutismo propugnaba que la monarquía debía tener el poder absoluto, sin límites y sin compartirlo; y su degeneración acababa en tiranía. Ahora bien, con el paso de los años, la complejidad organizativa de la sociedad fue exigiendo la especialización y la creación de una red diplomática y burocrática y, por lo tanto, la organización general debió pasar a ser justo la actuación contraria de las monarquías clásicas del Antiguo Régimen, basadas en el ‘derecho divino’. Y este razonamiento, inopinadamente, tiene una rabiosa actualidad, ante el planteamiento del gobierno de Carlos Mazón Guixot, que hoy ha presentado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, como intento explicar seguidamente.
El teórico más importante del absolutismo fue Thomas Hobbes (1588 – 1679), que propugnó que ‘los humanos, en estado natural son malos y luchan entre ellos para dominar unos a los otros (…) por lo que consideró necesario que renunciasen a su libertad en favor de un soberano omnipotente que procurase el bienestar general’. En síntesis, el absolutismo se basaba en la premisa: ‘todo para el pueblo, pero sin el pueblo’.
Mientras que los estados modernos se basan en la racionalización, como propugnó Maximilian Weber (1864 – 1920), pues únicamente así se puede garantizar la reducción de la complejidad, y la superación de los conflictos, ya que separando y distinguiendo los diferentes aspectos son más fácilmente controlables.
De ese modo, en las actuales sociedades, fundamentadas en la democracia parlamentaria, la división de poderes es el eje vertebrador. Y, obviamente, también en las empresas se requiere la delegación de funciones y la compartimentación de la autoridad, pues organizativamente, la especialización exige la existencia de un único órgano para una sola función.
Ahora bien, en toda organización racional, estado, empresa, club, etc., es fundamental la existencia de las normativas operativas, para que la delegación de funciones sea eficiente; en el bien entendido que la división de funciones no diluye la responsabilidad que, si bien es compartida, en última instancia reside en el jefe supremo, como se establece por la responsabilidad y la culpa ‘in vigilando’.
Pero es evidente que la delegación de funciones exige una responsabilidad del funcionamiento, en los diferentes escalones organizativos.
Si bien podemos observar diferentes tipos de degeneraciones pues hay jefes de gobierno y de todo tipo de organizaciones, responsables máximos, y también intermedios, que hacen bueno el mensaje de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755): ‘todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga el poder’. Pero, también sabemos que hay muchos personajes que son especialistas en escurrir el bulto, y escaquearse de sus responsabilidades.
Esta larga introducción me ha parecido necesaria, pensando en el mencionado Carlos Mazón, que esta mañana ha informado que presentaba su dimisión, pues ya ‘no podía más’.
Efectivamente, dada su irresponsabilidad el día de la dana (gota fría) del 29 de octubre del año pasado, en la comunidad valenciana, que provocó 229 muertes y un sinfín de daños de todo tipo, Mazón debería haber presentado su dimisión justo el día siguiente, asumiendo todo tipo de responsabilidades.
Ahora bien, en este escrito me quiero centrar en su equipo de gobierno, señalando tres ejemplos: Salomé Pradas (exconsejera de justicia e interior), su número dos, Emilio Argüeso (ex secretario autonómico de emergencias, que, a pesar de las alertas previas, mantuvo su agenda de reuniones con el jefe de los servicios de festejos taurinos) y Núria Montes (exconsejera de turismo e industria y presidenta de la feria de Valencia, lugar donde se trasladaron los cuerpos que se iban recuperando, y sus despectivos comentarios con los familiares de las víctimas). Pero los irresponsables fueron más, en diferentes escalones de la organización.
Es evidente la irresponsabilidad de Mazón en la elección de su equipo (sin experiencia), en el desmantelamiento de organismos de previsión (avalado por Vox), etc.; ahora bien, a los efectos del presente escrito, me parece relevante destacar la falta de delegación de funciones, pues los consejeros no se atrevieron a dar la señal de alarma, sin el consentimiento de Mazón.
Legalmente, cada consejero tiene su ámbito de responsabilidad prefijado y preestablecido; y, por más que faltase el presidente Mazón, todos los organismos deberían haber funcionado correctamente, máxime ante problemas graves que exigen una rápida respuesta y determinación. Por eso, son responsables penalmente, por más que Mazón, el ‘rey sol’ (emulando a Luís XIV), tuviese ‘atado y bien atado’ a todo su equipo, hasta el extremo de hacerlos irresponsables, y no atreverse a actuar.
La no delegación es, en última instancia, una especie de complejo de inseguridad, pues únicamente el jefe no delegador, al actuar de forma absolutista, muestra una desconsideración y desconfianza hacia su equipo. Y, claro, los consejeros y mandos intermedios, al no asumir sus responsabilidades, incluso en situaciones extremas, muestran su complejo de inferioridad e incompetencia.
Por todo ello, todos mostraron ser unos irresponsables, y todos tienen que asumir su cuota de responsabilidad penal, por homicidio imprudente, pues su conducta negligente no tiene excusa.
Y sería deseable que la justicia funcionase rápidamente. De momento, la jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, está en la buena línea, actuando de forma decisiva y valiente, como debe ser. Pero veremos, cuando los diferentes aspectos vayan escalando, cómo actuarán las diferentes instancias judiciales.
En ese sentido, ver que Mazón dimite como presidente de la Generalitat, pero mantiene el acta de delegado, para mantener la paga y prebendas, pero, principalmente su aforamiento, es decir, su derecho a un fuero especial, distinto del ordinario, es un mal presagio.
Y todos recordamos el accidente del Metro de Valencia, en el año 2006, que causó 43 muertos y decenas de heridos, pues en el 2017, el informe elaborado por Sepross (sindicato estatal de profesionales de seguridad y salud) dictó, por tercera vez ‘que no había ningún responsable más allá del conductor’ y, en el 2020, cuatro de los acusados aceptaron 22 meses de prisión (por lo que la pena fue suspendida) y otros cuatro fueron destituidos de sus cargos, sin más.
En definitiva, tenemos muchos, demasiados ejemplos, en los que la INjusticia se dilata, permitiendo que las penas prescriban, y eso nos confirma que la ‘justicia española’ como la ‘democracia española’, son meros oxímoros, como el de ‘inteligencia militar’; y, de todo eso, desgraciadamente, abunda en el reino español.
