- Universidades y tecnológicos de estudios superiores, de control estatal, así como las escuelas normales públicas, destinarán al menos el 10 por ciento de su matrícula a personas en situación de vulnerabilidad.
- La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez garantiza el ingreso a esas instituciones a mujeres con discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
En favor de la educación inclusiva, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que las universidades y tecnológicos de estudios superiores estatales, así como las escuelas normales públicas del Estado de México, destinen por lo menos el 10 por ciento de su matrícula a personas en situación de vulnerabilidad.
En sesión deliberante, se aprobó reformar la Ley de Educación de la entidad para que las instituciones de educación superior (de control estatal), excepto las que la ley otorga autonomía, garanticen el ingreso a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente para mujeres con discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, para garantizar sus derechos educativos y la continuidad de su preparación profesional.
De acuerdo con la iniciativa leída por el parlamentario Israel Espíndola López (morena), quien resaltó la relevancia de la propuesta impulsada por la titular del Ejecutivo pues “hace visible lo que antes era invisible”, esta reforma permite la formación de profesionistas de nivel superior, a través de sus diferentes subsistemas: universidades, tecnológicos y escuelas normales, donde se ofrecen opciones educativas de los niveles técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.
Además, el documento señala que con esta acción afirmativa se promueven los derechos humanos, la solidaridad, la perspectiva de género y de interculturalidad que la ley establece, al garantizar que las mujeres indígenas y otros grupos vulnerables, no solo tengan acceso a la educación superior, sino que cuenten con el apoyo para su permanencia y éxito académico.
Tras la aprobación de este decreto, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad deberá emitir los lineamientos necesarios para su correcta implementación, en un plazo no mayor a 90 días a partir de su publicación.
