Burla generalizada

Ayer, Binyamin Netanyahu nominó a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, y vistos los antecedentes con los premiados Kissinger, Al Gore y Obama, cabe pensar cualquier cosa; y si esto no es una burla, una mala broma, un insulto a la lógica y la razón, sólo cabe pensar que es una nueva reacción patológica. 

Netanyahu, ayer, en la Casa Blanca, entregó a Trump la carta que había dirigido al Comité del Premio Nobel, proponiéndolo, pues considera que sería bien merecido, por haber conseguido la paz en Irán (tras el bombardeo de sus centrales nucleares). Y, según las informaciones, Trump contestó ‘wow’ (guau), pues desde hace tiempo que ha expresado en público su merecimiento de ese premio, y su queja, por no haberlo conseguido ya.  

El historial de ese Premio nos ha mostrado, repetidamente, su politización y, en algunos casos, una máxima impudicia, pues, en 1973, Henry Kissinger obtuvo el Premio Nobel de la Paz, junto al vietnamita Le Duc Tho (que renunció al premio, por la tremenda situación en la que quedó su país); por su trabajo en los acuerdos de paz de París. En 2007, lo obtuvo Albert Arnold Gore, por su campaña de concienciación del cambio climático. En 2009, lo concedieron a Barack Obama, por sus ‘extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia’; igual que lo obtuvo Jimmy Carter en el 2002. Pero, Mahatma Gandhi, por ejemplo, no lo consiguió, a pesar de haber sido propuesto en cinco ocasiones.

Y eso nos demuestra el escaso valor que se da al concepto ‘paz’, así como el nulo reconocimiento de personalidades e instituciones verdaderamente involucradas en su consecución.

Obviamente, desde su inicio en 1990, la mayor parte de los premiados, son justos y debidos; ahora bien, hay tantas excepciones, que …, visto lo visto, ya no me extrañaría que llegasen a dárselo a Trump o al mismo Netanyahu.

Y eso sería un nuevo insulto a la razón, un desprecio olímpico de los derechos humanos y de toda moralidad y ética. 

Y sabemos que cuesta mucho conquistar derechos humanos, pero que fácilmente se pueden perder.

Ayer oímos que Vox, siguiendo la estela de Trump, quiere expulsar a 8 millones de inmigrantes, incluso a los hijos nacidos en el reino español. Y, no pasa nada, o sí, en las próximas elecciones conseguirá más votos, demostrando lo racistas que somos; mejor dicho, racistas – clasistas, pues los ricos y famosos siempre quedan al margen de nuestros odios.

Esta mañana hemos ido al Caixaforum para ver la exposición ‘Tiempos inciertos. Alemania entre guerras’, sobre la República de Weimar (1918 – 1933), un primer intento de fundar una democracia  bajo condiciones desfavorables, lastrado por las condiciones que tuvo que aceptar tras la derrota de Alemania al final de la Primer Guerra Mundial. Ese interesante período, con pros y contras, obviamente, me parece que es un claro ejemplo de cómo se acaban perdiendo derechos básicos, como la libertad de expresión, de circulación y, en definitiva, de la propia existencia, debido la cortedad de miras de los vencedores, imponiendo deshonrosas condiciones en el tratado de Versalles, que finalmente acabaron con dicha república y la llegada del Tercer Reich 

Como he señalado, los derechos humanos se pueden perder rápidamente. No hace falta pensar en los palestinos de Gaza, en los ucranios, en los etíopes, etc.

Y lo grave es ver que esa pérdida es asumida, dócilmente, por la mayoría social.

A continuación, pongo un ejemplo, cogido por los pelos, e insignificante, comparado con los mencionados, pero que me parece interesante para hacernos recapacitar al respecto.

Por la Covid-19, el gobierno español, mediante el estado de alarma, decretó el confinamiento domiciliario desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio del 2020. Y Vox, en plan negacionista, recurrió al tribunal supremo y al constitucional, que, finalmente reconoció la validez de esa medida, sin recurrir al estado de excepción, ya que, si bien se limitaron derechos fundamentales, no se suspendieron.

Pues bien, tras la desgracia de la DANA en las tierras valencianas, es decir, la gota fría del 29 de octubre del 2024, que causó 228 muertos y millonarias pérdidas, por culpa de la mala gestión de alerta del presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón (PP), unos días después, a primeros de noviembre, la Generalitat de Catalunya, ante el riesgo de fuertes lluvias, impuso restricciones de movilidad (salvo para las actividades básicas) y suspensión de actividades educativas, a nueve comarcas. Siendo la primera vez que se establecía con una simple resolución de la Generalitat, ocasionando una confusión en empresas y trabajadores, al desconocer el verdadero alcance normativo.

Y ayer, con el incendio en el Parc Natural dels Ports, la Generalitat, a propuesta de la dirección de los bomberos, impuso el confinamiento domiciliario, inicialmente a tres localidades, y después llegó a nueve, en total, unas 18.000 personas. Y a las pocas horas, al girar el viento, el confinamiento pasó a ser municipal. 

El argumento para ese confinamiento municipal fue el de garantizar la seguridad ciudadana y para no obstaculizar la circulación de los camiones de los bomberos en las diversas carreteras comarcales.

Y, obviamente, ante la seguridad, todos asumimos lo que sea. Y está bien.

Pero, he tomado este ejemplo para destacar la facilidad de esa asunción. Primero, por la Covid, el tema llegó hasta el tribunal constitucional, debatiendo si era preciso el estado de alarma o de excepción. Y ahora, una simple resolución de la Generalitat ya nos parece más que suficiente, obviando todo pensamiento crítico.

Cada día, en la avenida de la Meridiana de Barcelona vemos pasar camiones de bomberos, dirigiéndose al centro de la ciudad, estando la avenida totalmente colapsada, y dificultando la rápida circulación de los bomberos. Y esa es una situación extrema, inevitable, que puede comportar más riesgos y pérdidas.

Ahora bien, no es nada comparable con los coches que se pueden encontrar los camiones de bomberos en las carreteras comarcales del sur de Catalunya, durante el actual incendio.

Por eso, creo que el confinamiento domiciliario, ante el riesgo de contaminación, humos, etc.; es fácilmente comprensible. Pero, el confinamiento municipal me parece que podría haberse reducido a una recomendación para evitar desplazamientos innecesarios; pero no mezclarlo con la mayor facilidad de la circulación de los bomberos, que es básica y fundamental, pero que, de eso, a prohibir todo otro tipo de circulación y movilidad, me parece un tanto fuera de lugar, un tratamiento paternalista, considerándonos criaturas incapaces de tomar decisiones ponderadas.

Pero he puesto este ejemplo pues me parece perfecto para mostrarnos lo fácilmente que asumimos la pérdida de derechos fundamentales, como la libertad de movimiento y de circulación. Y, claro, encima, los poderes ya ni se preocupan por el preciso marco legal al respecto.

Y tenemos muchos ejemplos, como la prohibición de manifestación que nos impusieron al grupo de Meridiana Resisteix, ‘argumentando’ el bien superior de la libertad de circulación del conjunto de la ciudadanía.

Obviamente, no pretendo comparar ambas situaciones, pues en el caso del incendio hay un claro riesgo de pérdida de vidas y de bienes. 

Pero me parece relevante, que siempre se acaba fallando en contra del más débil; y ese sí que es un denominador común, que debería hacernos recapacitar, para evitar esa burla generalizada.