Fondos federales de educación y salud fueron a dar a cuentas bancarias de compañía fantasma que declaró tener su domicilio en una pequeña casa de Temixco, Morelos. Las transferencias fueron para una supuesta campaña de difusión del gobierno tamaulipeco en la CDMX, San Luis Potosí y Monterrey, pero una auditoría del SAT determinó que todo fue una simulación, pues los servicios no se realizaron.
POR: VALERIA DURÁN
20 AGOSTO, 2021
El actual gobierno de Tamaulipas, de extracción panista, transfirió 39 millones de pesos de fondos etiquetados para educación y salud a una cuenta en el banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en las orillas de Temixco, Morelos.
La mayor parte del dinero desviado provenía de fondos federales, según consta en facturas, órdenes de pago y cheques obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Al menos 26 millones de pesos fueron para pagar supuesta publicidad institucional del gobierno de Tamaulipas en kioscos, espectaculares y en autobuses de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, así como en el aeropuerto internacional de la capital del país. El resto del dinero desviado fue por concepto de renta de equipos de sonido, muebles, tarimas y carpas. Ninguno de los servicios pagados fue realizado, determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en 2019 incluyó a Grupo Publicitario Adar en su listado definitivo de simuladoras de operaciones o empresas “fantasma”.
En los documentos obtenidos por MCCI consta que las órdenes de pago a favor de esa empresa fueron firmadas por el director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez y por quien fuera Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar.
Este desvío detectado en la investigación de MCCI es diferente de las anteriores acusaciones que han formulado la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En febrero del presente año, la Fiscalía había solicitado al Congreso el desafuero del Gobernador, por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Algunos cargos se derivaron de la acusación formulada en agosto del año pasado por Emilio Lozoya, quien denunció que García Cabeza de Vaca fue parte de un grupo de legisladores que en 2013 recibieron millonarias cantidades aportadas por Odebrecht para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
A las acusaciones se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual añadió a los delitos ya señalados el de enriquecimiento ilícito, porque los ingresos declarados por García Cabeza de Vaca son inferiores al valor de 20 propiedades que él y su familia han adquirido en México y Texas, incluido un departamento en Bosques de Santa Fe de 42 millones de pesos, supuestamente comprado mediante la triangulación de fondos de dos empresas “fantasma”.
El pasado 6 de julio, MCCI reveló que la UIF había formalizado una quinta denuncia contra el Gobernador y sus allegados, por un esquema de desvío de fondos públicos a través del Club de futbol Correcaminos y de 5 empresas “fachada”, una de ellas ligada a una red acusada de lavar dinero al Cártel Jalisco.
En reiteradas ocasiones, García Cabeza de Vaca ha señalado que las acusaciones en su contra obedecen a una persecución política del Gobierno federal.
Las transferencias de fondos federales
La primera transferencia del Gobierno de Tamaulipas a la empresa fantasma fue el 5 de octubre de 2017 a las 10 de la mañana con 7 minutos.
Ese día y a esa hora se traspasaron 3 millones 480 mil pesos desde una cuenta en BBVA Bancomer de la Secretaría de Finanzas a una cuenta con terminación 4091 en Banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, de acuerdo con los documentos revisados por MCCI.
Dos semanas antes de ese traspaso, el vocero del Gobernador había firmado la orden de pago.
En el documento se colocó el sello “Recurso ramo 28, participaciones federales”, y el número de cuenta del que salió el dinero.
Aquella primera transferencia amparaba dos facturas emitidas el 14 de septiembre de 2017, por el siguiente concepto: “Servicio de difusión institucional del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante mantas publicitarias adheribles en camiones en rutas de la CDMX, Monterrey y San Luis Potosí. Publicidad en carteleras ubicadas en las principales avenidas”.
En los siguientes meses las transferencias a la misma empresa se multiplicaron, pero ahora desde una segunda cuenta del Gobierno de Tamaulipas en Banco Santander, en donde estaba depositado el dinero del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
Mediante ese fondo, la Federación cubre el sueldo del personal de educación básica que ocupa las plazas transferidas a los estados.
En los pagos que salieron desde esa cuenta también se colocó un sello con la leyenda “Recurso federal”, y la firma de autorización de Héctor Escobar Salazar, quien fungía como Secretario de Educación de Tamaulipas y actualmente es diputado local.
El mismo funcionario validó transferencias bancarias de un tercer fondo federal denominado “Programa Nacional de Convivencia Escolar” a favor de Grupo Publicitario Adar.
Además, esa empresa emitió 58 facturas o comprobantes fiscales a Servicios de Salud de Tamaulipas por 7.7 millones de pesos.
El mayor contrato con esa dependencia fue por 997 mil pesos, pero no para dar atención médica o de salud, sino para la renta de un salón de eventos, muebles, equipo de audio e iluminación, alquiler de habitaciones y pago de alimentos.
El Gobierno de Tamaulipas pagó 135 facturas a la empresa fantasma; 107 emitidas en 2017 por un monto superior a los 14 millones de pesos y 28 en 2018 por 25 millones de pesos, por conceptos tan diversos como gastos de orden social y cultural, renta de equipos y enseres para eventos escolares como entregas de anteojos, honores a la bandera, ferias ambientales o reuniones de trabajo de profesores; así como por la colocación de mantas publicitarias.
Cobra millonada… y sin empleados
La empresa Grupo Publicitario Adar SA de CV fue constituida el 19 de febrero de 2016 ante el notario público 94 de la Ciudad de México, Erik Namur Campesino, y su acta fue inscrita al mes siguiente en el Registro Público de Comercio de la misma capital del país.
Sin embargo, sus representantes legales no fijaron el domicilio fiscal en la Ciudad de México, sino en Temixco, Morelos, en una casa de la colonia popular Alta Palmira, en la que nadie identifica a la mencionada empresa.
Una auditoría del SAT detectó que la empresa carecía de personal y de activos fijos, esto es, mobiliario o equipo para realizar su actividad de elaboración de artículos publicitarios. Pese a que carecía de infraestructura y empleados, reportó en 2017 operaciones amparadas en comprobantes fiscales por 105 millones de pesos, y el mismo año declaró una pérdida fiscal en la determinación del Impuesto Sobre la Renta. Para entonces ya recibía transferencias del Gobierno tamaulipeco.
“No es concebible que realice la operación, desarrollo, prestación de servicios, entre otro tipo de actividades, sin contar con el personal o capital humano necesario en relación a las actividades realizadas por dicha razón social”, advirtieron los auditores.
Ante los indicios de que se trataba de una “facturera”, que emitía comprobantes por operaciones simuladas, el SAT envió una notificación a la empresa el 10 de septiembre de 2018, exhortándola a demostrar que sus actividades eran legales.
Al no haber respuesta, Grupo Publicitario Adar fue incluido en el listado definitivo de empresas fantasma el 6 de junio de 2019, con lo que los comprobantes fiscales expedidos carecen de validez porque los servicios descritos en cada una de las facturas no pudieron ofrecerse porque la compañía no contaba con empleados ni infraestructura, según menciona la auditoría del SAT.
Domicilio fantasma
Antes de declarar a la empresa formalmente inexistente, personal del SAT visitó en tres ocasiones su domicilio fiscal, en una casa de la Avenida Teopanzolco, en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca Morelos.
Las autoridades no lograron contactar a algún representante de la compañía pero en su lugar hablaron con vecinos.
“El domicilio que buscas es el de la esquina, en el portón negro. Pero la verdad ahí nunca hay movimiento. Tampoco he visto salir o entrar a alguien y del nombre de la empresa por la que preguntas la verdad no la conozco”, dijo un vecino a los visitadores.
“El domicilio que buscas es el que tiene portón negro. Esa es una entrada y la otra está en Rio Balsas”, añadió otro vecino. “Nunca he visto gente que entre o salga de ahí”, apuntó un tercer entrevistado.
MCCI visitó el domicilio fiscal y confirmó que en ese sitio nunca ha existido una empresa.
Entre las decenas de facturas emitidas al Gobierno de Tamaulipas, Grupo Publicitario Adar proporcionó un segundo domicilio en la calle Vicente Guerrero 9, colonia Alta Palmira, en Temixco, Morelos.
La zona donde supuestamente se ubica la agencia de publicidad está a unos metros de una barranca donde hay más casas en obra negra intercaladas con terrenos baldíos.
“Esta es una casa particular. Tengo más de 30 años viviendo aquí y no hay empresas”, dijo la dueña de la vivienda, que la compañía fantasma dio como su falsa sede de operaciones.
A unos metros de distancia, en la acera de enfrente, se encuentra otra casa también marcada con el número 9. Esta es una modesta propiedad de un piso, donde vive una señora llamada Audelia Flores. Su hijo, que prefirió no dar su nombre, contó al equipo de MCCI que es una casa particular donde sólo vive su madre, una señora de edad avanzada. En el lugar jamás ha habido una empresa.
Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-cabeza-de-vaca-transfirio-39-millones-a-empresa-fantasma/
