DR. JUAN DE LA CRUZ TREJO
El adelanto del proceso electoral y la necesidad de construir certeza
El Estado de México se encuentra frente a una de las decisiones político-electorales más relevantes de los últimos años. La aprobación para adelantar el inicio del proceso electoral ordinario de 2027 a septiembre de 2026 no debe entenderse únicamente como una modificación técnica o administrativa dentro del calendario institucional; en realidad, representa una redefinición profunda de la manera en que los actores políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía deberán relacionarse con la democracia mexiquense en los próximos años.
La jornada electoral continuará celebrándose en junio de 2027, pero el simple hecho de iniciar los trabajos preparatorios con cuatro meses de anticipación modifica por completo el ritmo político del Estado de México. No se trata de un cambio menor. El tamaño del padrón electoral, la complejidad territorial de la entidad y la magnitud de los cargos en disputa obligan a construir condiciones de mayor certeza, organización y previsión institucional.
Hablamos de la renovación de los 125 ayuntamientos, las 45 diputaciones locales de mayoría relativa y las 40 diputaciones federales de mayoría relativa, en un contexto donde la polarización política, la exigencia ciudadana y la fiscalización pública son cada vez mayores. La democracia moderna exige procesos electorales sólidos, planeados y capaces de responder con eficacia a cualquier desafío operativo o jurídico.
La aprobación del Congreso y el trabajo legislativo del Diputado Samuel Ríos Moreno
La aprobación de esta reforma por parte del Congreso del Estado de México representa una decisión institucional relevante para fortalecer la certeza democrática y la estabilidad política de la entidad. Más allá de un ajuste al calendario electoral, esta medida refleja la capacidad del Poder Legislativo para anticiparse a los desafíos que implica organizar una de las elecciones más complejas del país.
Dentro de este proceso legislativo destacó el trabajo del diputado Edgar Samuel Ríos, presidente de la comisión correspondiente, quien impulsó el análisis y construcción de esta reforma bajo una visión de coordinación institucional y fortalecimiento democrático. Su participación permitió consolidar una propuesta orientada a homologar los tiempos electorales del Estado de México con los del Instituto Nacional Electoral, buscando evitar improvisaciones y generar condiciones de mayor organización para las autoridades electorales y los propios actores políticos.
En una época donde la ciudadanía exige mayor responsabilidad pública y resultados concretos de sus representantes, resulta importante reconocer el trabajo legislativo serio, técnico y con visión de futuro. La política también se fortalece cuando existen acuerdos que privilegian la estabilidad institucional por encima de intereses coyunturales o partidistas.
El adelanto del proceso electoral no solo implica modificar fechas; representa una medida preventiva para garantizar que cada etapa pueda desarrollarse con legalidad, transparencia y capacidad operativa. Esa visión requiere liderazgo político, diálogo parlamentario y disposición para construir consensos, elementos que fueron fundamentales durante la discusión y aprobación de esta reforma en el Congreso mexiquense.
Las lecciones de los procesos electorales recientes
Las experiencias electorales de los últimos años dejaron una enseñanza clara: la democracia no puede sostenerse sobre la improvisación. Las elecciones extraordinarias celebradas recientemente evidenciaron que los ajustes de última hora generan tensiones legales y operativas que impactan directamente en la percepción ciudadana.
Cuando las instituciones electorales trabajan bajo presión y contrarreloj, la incertidumbre política crece y la confianza pública se debilita. El Instituto Electoral del Estado de México y los órganos jurisdiccionales enfrentaron escenarios complejos que pudieron haberse evitado con mayor previsión. Litigios acelerados, resoluciones de último momento y disputas internas entre partidos provocaron un ambiente de desgaste institucional que no debe repetirse rumbo a 2027.
En este sentido, el adelanto del proceso electoral busca prevenir escenarios de improvisación y fortalecer la estabilidad democrática. Dar mayor tiempo a cada etapa permitirá que las autoridades electorales desarrollen con mayor orden tareas fundamentales como la organización territorial, la fiscalización, la capacitación electoral y la resolución de controversias.
La democracia requiere reglas claras, tiempos razonables y capacidad institucional para responder a los desafíos políticos y sociales. Adelantar el calendario electoral no significa anticipar la confrontación política, sino garantizar que cada etapa del proceso pueda desarrollarse con legalidad, transparencia y responsabilidad.
El desafío para los partidos políticos
Sin embargo, el verdadero reto no recaerá exclusivamente en las autoridades electorales. La presión más importante estará sobre los partidos políticos. Durante años, muchas fuerzas partidistas construyeron sus procesos internos bajo la lógica de la inmediatez, esperando hasta los últimos meses para definir candidaturas, resolver disputas internas o consolidar estructuras territoriales. Esa dinámica ya no será posible.
El nuevo calendario obliga a los partidos a actuar con mayor disciplina, planeación y responsabilidad. La definición de candidaturas deberá comenzar desde septiembre de 2026, lo que implica construir consensos internos con mayor anticipación y evitar prácticas que durante años deterioraron la confianza ciudadana.
Hoy la ciudadanía observa con mayor rigor la manera en que los partidos toman decisiones. Las imposiciones, los acuerdos cupulares, las candidaturas improvisadas o las designaciones alejadas de la militancia generan rechazo social y afectan directamente la competitividad electoral. Los ciudadanos ya no respaldan automáticamente a un partido; evalúan principalmente al candidato o candidata que aparece en la boleta.
Esa realidad obliga a las fuerzas políticas a comprender que las elecciones intermedias tienen una lógica distinta a las presidenciales. En muchos municipios y distritos, la figura del candidato pesa más que las estructuras partidistas o incluso que el contexto nacional. Un mal perfil puede provocar la derrota de un proyecto político, mientras que un liderazgo sólido puede consolidar la confianza ciudadana.
Por ello, los partidos deberán entender que el tiempo de improvisar ha terminado. La anticipación del calendario electoral exige procesos internos serios, competitivos y transparentes.
La importancia de construir los mejores perfiles
Uno de los grandes desafíos rumbo a 2027 será comprender que cada municipio del Estado de México tiene dinámicas políticas y sociales completamente distintas. No es lo mismo construir una candidatura en el Valle de Toluca que en el oriente mexiquense; no es igual competir en municipios urbanos que en comunidades rurales donde el arraigo comunitario define gran parte de la elección.
La política y el ejercicio del poder no funcionan igual en cada región. Por ello, la construcción de candidaturas no puede realizarse bajo una lógica uniforme. Los partidos tienen la obligación de analizar las necesidades específicas de cada municipio y consolidar a los perfiles que realmente representen a sus comunidades.
La ciudadanía hoy prefiere candidatos con preparación académica, visión de futuro, experiencia en territorio y cercanía social. El electorado mexiquense se ha vuelto más crítico y menos tolerante frente a la improvisación política. Las personas observan si quienes buscan representarlas cuentan con capacidad, trayectoria y conocimiento de los problemas reales de la población.
En los municipios, los retos son evidentes: inseguridad, agua potable, movilidad, desarrollo urbano, servicios públicos y crecimiento desordenado. Frente a ello, se requieren liderazgos con arraigo comunitario, sensibilidad social y capacidad administrativa. La improvisación en los gobiernos municipales suele traducirse en crisis de gobernabilidad, endeudamiento y deterioro institucional.
En el ámbito legislativo ocurre algo similar. Las diputaciones locales y federales no deben convertirse en espacios de premio político o negociación interna. El Estado de México necesita representantes capaces de construir acuerdos, defender recursos para la entidad y participar con responsabilidad en los grandes debates nacionales. La ciudadanía no perdona perfiles sin preparación, sin experiencia o sin
